👉🎥Ya puedes ver y escuchar la exposición fundamentada de Santiago Pérez, ante la moción del PP destinada a la “creación de un plan eficaz para luchar contra la ocupación ilegal de vivienda, agilizar el desalojo de ocupas y garantizar la convivencia y la seguridad en La Laguna”. Como siempre, no te pierdas la explicación bien razonada de Pérez y su respuesta al portavoz de Cs, que llega a comparar un coche con una vivienda.

🙋‍♀️Escucha ya la intervención de Santiago Pérez, durante la presentación de la Moción Institucional para el inicio del expediente de honores y distinciones a doña María Isabel Navarro Segura, Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. La moción se aprobó por unanimidad. No te pierdas las razones que expone Santiago Pérez García.

Que el Caso Grúas no es, ni de lejos, el caso más grave de corrupción de los últimos años es evidente. En muchas ocasiones lo he dicho públicamente, al tiempo que he reafirmado que tiene sobrada entidad delictiva.

Su valor añadido proviene porque  es toda una radiografía de cómo la desviación de poder se ha convertido en marca de la casa. De la casa de Coalición Canaria.

Y, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en uno de esos ejemplos que podrían derruir la fe que muchos necesitamos tener en la existencia de una justicia imparcial, independiente y plenamente sometida al Derecho, como garantía primordial de una convivencia civilizada.

Empiezo por contarles que el origen del Caso Grúas no tiene nada que ver con las pugnas entre partidos. Fueron  las reiteradas y desatendidas  reclamaciones  de salarios atrasados presentadas por  varios trabajadores del Servicio municipal de Grúas de La Laguna, entre finales del 14 y principios del 15, las que nos hicieron a todos los grupos de la oposición: PP, Sí Se puede y Por Tenerife (I.U., Socialistas X Tenerife y Los Verdes de Canarias) interesarnos por la situación.

Más adelante, con retraso de más de un año desde que el Pleno decidió crearla, la Comisión Especial para el estudio del Servicio Municipal de Grúas fue recabando   una serie de documentos que acreditaban todas las infracciones legales que habían ido perpetrando Clavijo y sus lugartenientes al poner  todo el poder municipal al servicio de una empresa concesionaria que, miren por dónde, estaba en quiebra.

Hacía  tres años que había sido adquirida por una serie de trabajadores  contratados  en su día por el concesionario original  (el que de verdad ganó un concurso) bajo intensas presiones del propio Fernando Clavijo. Éste tenía una   antigua y acreditada  amistad con alguno de ellos. Uno de estos llegó a declarar judicialmente que se arriesgaron a comprar la empresa, y a hipotecar sus propias viviendas, porque Clavijo les dijo que sería “un bonito negocio”. Más de una vez me he preguntado ¿bonito, para quién?

Más adelante, Clavijo y sus adláteres acudieron al rescate de la empresa mediante su   intervención temporal por el Ayuntamiento, adoptada sin límite de tiempo y luego prorrogada ilegalmente bajo los auspicios de un dictamen de Fran Villar que, con toda seguridad, no pasará a los anales de la doctrina jurídica. Venía a decir el renombrado catedrático que los  plazos, en Derecho Administrativo no son determinantes. A sigún y cómo, que diría el mago: la duración  de la intervención  temporal por parte de la Administración de una empresa que gestiona un servicio público tiene una duración muy estricta porque la Ley, claro, entiende que en esa intervención se produce un conflicto entre el interés público   –por el que debe velar la Administración—y los legítimos intereses del concesionario privado en  continuar gestionando con normalidad el servicio que se le ha adjudicado previo concurso  (¿previo concurso?) y cobrar el precio pactado.

Pero dicho conflicto de intereses no existía porque Clavijo no acordó, y prorrogó ilegalmente, la intervención temporal de Auto grúas Poli para salvaguardar los intereses de los ciudadanos, sino los  de sus amigos,  antes trabajadores/ahora empresarios,  y evitar que tuvieran que responder con sus patrimonios de  la quiebra a la que habían conducido a la Empresa.

Y a partir de la intervención temporal  ilegalmente prorrogada se desencadenó todo el happening del Caso.

Uno. La concesión de un préstamo con dinero público sin base legal alguna, según la Intervención General, con el único objetivo de maquillar las cuentas de una empresa en quiebra, que tendría    –con la legislación mercantil en la mano– que haber promovido concurso de acreedores e iniciar el procedimiento de disolución, tal y como hicieron saber a la Alcaldía los funcionarios que analizaron la situación de Auto Grúas tras su intervención.

Y dos. La prevaricación por omisión, según la Fiscalía, consistente en la no resolución  el contrato con una empresa que había incurrido en faltas muy graves  por incumplir sus obligaciones legales y contractuales, lo que llevaba aparejada esa resolución como sanción. Tal y como concluyeron  los Informes de los funcionarios destacados por el Ayuntamiento para administrar la empresa durante su intervención (Informe de 8 de abril de 2014)  y el Interventor General.

Y tres. La concesión de una prórroga por 5 años, comprometiendo  más de 3 millones de euros, lo que implicaría potencialmente otras sucesivas prórrogas por hasta 10 años más (2015-2029) de un contrato que debió ser resuelto por mandato legal. Y, de nuevo, en contra de las advertencias de ilegalidad (reparos)  formuladas por la Intervención General.

La oposición, comprobados documentalmente todos estos hechos y reforzadas las evidencias documentales con declaraciones testificales ante la Comisión Especial, y ante la constatación de que se estaban boicoteando los trabajos de la Comisión,  decidió poner en conocimiento todos estos hechos del Juzgado, en cumplimiento del  deber legal que impone a los cargos públicos la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 262).

A partir de aquí empezó para los denunciantes el calvario judicial. Una jueza de instrucción que, a penas transcurrido un mes desde su presentación y  sin realizar la más mínima diligencia de investigación, dicta un Auto  de antología decretando el archivo de una denuncia avalada por   35 documentos oficiales.

Y, como diría Pepe Monagas, venga recursos ante la Audiencia Provincial, ante la indiferencia o la oposición de la fiscalía: contra el Auto de archivo; contra la negativa a citar como imputado a José Alberto Díaz, co-star, de esta película; contra la citación como  “peritos” de los ilustres catedráticos contratados por Clavijo para avalar sus maniobras frente a las objeciones de Intervención, cuando al Interventor General se le había citado como “testigo”; contra la negativa a practicar pruebas tan pertinentes como la declaración del primer concesionario del Servicio, José Padilla, que había relatado   ante la Comisión Especial y ante la Guardia  Civil cómo Clavijo (“el jefe”) le había impuesto a casi toda la plantilla de su empresa, cómo le habían obligado, bajo amenaza de quitarle la concesión, a pagar obras que no le correspondían y hasta almuerzos con asistencia de personajes del poder judicial. Y, sobre todo, cómo le habían ahogado económicamente a base de retrasarle los pagos desde el Ayuntamiento para forzarle a vender la empresa a los amigos de Clavijo.

Todos estos recursos fueron estimados por la Audiencia y aceptados a regañadientes por la jueza. Hasta que llevó a cabo su maniobra definitiva: enviar al Tribunal Supremo, donde previamente había ido a refugiarse Clavijo, una Exposición Razonada en la que omite aspectos esenciales de la investigación llevada a cabo malgré elle, que diría Molière,  y   –tatatachán–  antes de practicar las declaraciones testificales a las que la obligó la Audiencia, para las que la jueza refunfuñando había ya señalado día y fecha.

A partir de aquí, ya todo vino de la mano de  Choclán ante la Corte del Sr. Marchena. Éste, tal vez porque ha creído de antemano que se trata de un pequeño “asunto de las colonias” al que no debe dedicarse ni un minuto de su valiosísimo tiempo  (y menos si el justiciable tiene como intercesor a San Choclán), ha pretendido darle el carpetazo definitivo al asunto.

No se ha parado en mientes el presidente de la Sala 2ª: ni en atender la petición de la Fiscalía del Supremo de que se recabara  del Juzgado de La Laguna el conjunto de la investigación para poder informar con conocimiento de causa; ni en expulsarnos del proceso, negándonos la condición de partes acusadoras a quienes veníamos ejerciendo como tales desde el origen; y, para más inri, negándose a contestar nuestros recursos, presentados en tiempo y forma a pesar de que nunca fuimos emplazados ante el Supremo. Y, por tanto, impidiéndonos el acceso a la justicia mediante una grave agresión a nuestro derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los intereses legítimos que representamos: la defensa de la legalidad y de los ciudadanos de La Laguna, de quienes somos representantes  municipales.

A partir de la “doctrina” que el eminente Sr. Marchena ha sentado en su resolución, deberíamos plantearnos la supresión de la Intervención General de las entidades locales…y hasta del Estado. Porque la función de control previo de legalidad que les corresponde, y la garantía derivada de la independencia y pleno sometimiento a la legalidad de los interventores públicos,  han quedado declaradas inútiles de toda inutilidad, dada la trascendencia determinante que han cobrado  –Marchena dixit–  los dictámenes prêt à porter  encargados por los investigados a insignes catedráticos por un módico precio, pagado con dinero público.

Pero, claro, el Excelentísimo Sr. Marchena no ha podido pronunciarse sobre los aspectos que la jueza ocultó en su Exposición Razonada, o más bien sesgada: la prórroga de la concesión a favor de una empresa arruinada, con importantes deudas con las Haciendas estatal y autonómica, con la Seguridad Social, con los trabajadores (alguno de los cuales todavía no han cobrado salarios de 2014)… y cuyo contrato debió ser resuelto por imperativo legal (Reglamento de Servicios de las entidades locales) y contractual, como sanción tipificada por las  faltas muy graves de  haber incumplido reiteradamente sus obligaciones esenciales.

La Sra. Jueza, que tan remolonamente se ha desenvuelto en todo este tiempo a la hora de investigar y cumplir los reiterados correctivos que en vía de recurso le ha impuesto la Audiencia Provincial, ahora, con la misma presteza con la que archivó de plano la denuncia y con la que elaboró la primera Exposición razonada ante el TSJC presidido por Antonio Doreste, (que le fue devuelta de inmediato por la Magistrada Sra. Varona por su manifiesta insustancialidad, no de los hechos investigados  sino de la Exposición “razonada”) ha archivado vertiginosamente  –apoyándose en el Auto de Marchena–  el Caso Grúas. Para eso ha tenido que resolver, a la chamberga, algunos problemas jurídicos: entre ellos que Supremo no ha efectuado mención alguna al asunto de la prórroga del contrato, simplemente porque la Jueza lo omitió en su Exposición. Ni tampoco ha podido apoyarse en los ilustres catedráticos, porque ni fueron contratados ni dictaminaron sobre esta cuestión. Y tampoco podrá agarrarse en el desconocimiento por parte del Supremo sobre el resultado de las pruebas testificales, que ella sí conoce porque las practicó personalmente. Pero ¡ay!  después de que remitiera la Exposición “razonada” al  Supremo.

Afortunadamente, como a estas alturas pensará quien haya tenido la “pacencia” de llegar hasta aquí, estamos en un Estado de Derecho  (a la mar fui por naranjas…la esperanza me mantiene). Y, desde luego, esto no queda aquí.

Ni respecto a las resoluciones del Supremo, adoptadas  en flagrante denegación de justicia a  la acusación popular; ni con respecto al vertiginoso archivo decretado por la Sra. Jueza Blanco Redondo; ni, por cierto, respecto a la conducta de la Jueza de Instrucción desde el minuto cero de estas Diligencias penales.

Por todo esto y por mucho más, el Caso Grúas, un caso delictivo de pueblo, de caciquismo del de siempre, ha ido adquiriendo un notable valor simbólico, paradigmático. Y ese valor tiene que ver con aspectos cualitativos y, por tanto, no se mide al peso.

Santiago Pérez, La Laguna, julio de 2020

“Menos mal que no eran nada ni el caso Grúas ni el caso Reparos, para el que vuelve a llamar a Choclán, porque si no habría contratado a Perry Mason

“¿Es el mismo Clavijo partidario del Estado Libre Asociado el que forzó la máquina para convertirse en senador y valerse del fuero, una antigualla del más antiguo régimen nobiliario estamental, y zafarse de los jueces y tribunales ordinarios que nos investigan y en su caso juzgan a los canarios de a pie?”

El concejal de La Laguna, Santiago Pérez, considera un alarde de desvergüenza infinito que Fernando Clavijo, el ex alcalde del municipio, “pretenda que los laguneros paguemos 55.000 euros de los honorarios que pactó con su abogado Choclán como ciudadano”, con partidas absolutamente grotescas como el concepto de “35 horas de consulta” a razón de 350 euros la hora: 12.550 euros.

Más allá de que los honorarios que ahora solicita Clavijo los haya pactado solo él con su abogado, incluyendo pagos específicos “a éxito” que aún está por ver; la jurisprudencia ha dejado claro que los requisitos para que un ayuntamiento indemnice los gastos de defensa jurídica es que se haya actuado dentro de la legalidad y en defensa del interés general.

Y estamos ante una desviación de poder con la que Clavijo ayudó a unos amigos suyos, a los que primero metió en la empresa de las grúas y luego ayudó a convertirse en dueños. Es un asunto que está más que probado, informado en contra por la Intervención General, y reconocido por los propios amigos de Clavijo en el Juzgado. Es un asunto que vamos a tener que discutir aquí, para el que no hay aforamiento, se va a discutir en esta tierra y no en la Corte de Marchena”, añade Pérez.

El concejal se pregunta si “¿no hay un abogado ni una abogada en estas islas de dios capaces y competentes para defender al señor Clavijo, que tiene que recurrir al abogado peninsular de las estrellas, para que interceda por él, San Choclán, ante la Corte de Marchena? ¿Clavijo dice que el caso Grúas no era nada, y el caso Reparos tampoco, pero contrata al abogado de las estrellas?Entonces, si hubieran sido algo, ¿habría contratado a Perry Mason?”.

Por otra parte, “si el señor Choclán ha tenido que dedicar 35 horas de consulta y confesión con el señor Clavijo para el caso Grúas, y consiste en dos decretos, ¿cómo será en el caso Reparos que consta de 46 decretos ilegales dictados por el señor Clavijo, como ilegales fueron los dictados por él en el caso Grúas? ¿Cuánto nos va a costar a los laguneros a razón de 350 euros la hora? Simplemente hay que hacer las cuentas de la tienda de la esquina.

Santiago Pérez se pregunta también si “¿este señor Clavijo no es el mismo que en los primeros tiempos de su etapa como alcalde se mostraba partidario del Estado Libre Asociado? ¿Y ahora se convierte, forzando la máquina, en senador, simplemente para acogerse al fuero y zafarse de los jueces y tribunales ordinarios que nos investigan y en su caso nos juzgan a los canarios de a pie?”.

Se acoge el señor Clavijo a lo peor de la peor herencia del Estado español: aquél en el que había una aristocracia que tenía el privilegio de disponer de jueces para ellos y luego había otros para el pueblo. Pero además lo hace abusando del fuero. Porque el fuero de diputados, senadores y miembros del Gobierno tiene sentido cuando los cargos aforados están siendo investigados por actos que realizaron en el ejercicio del cargo por el que están aforados.

Sin embargo, es ya tradicional, y ahí juega la picaresca española incluso para estos nacionalistas de chochos y moscas, que algunos individuos que han cometido andanzas delictivas a lo largo y ancho de la geografía institucional española se conviertan en senadores para aforarse y no tener que rendir cuentas en los tribunales ordinarios de sus respectivos territorios. ¿Este Clavijo no es el mismo, o es otra persona la que defendía el Estado Libre Asociado hace no tanto tiempo, cuando era alcalde de La Laguna?”.

Santiago Pérez añade que Coalición Canaria (CC) “está entrando en una espiral disparatada con su desconfianza absoluta en las instituciones de nuestra tierra, los órganos judiciales naturales que investigan y juzgan a los canarios. Se los puede criticar, como al Ministerio Fiscal, claro que sí, en democracia, con argumentos jurídicos, y no con las teorías conspiratorias que es la única forma que tiene Clavijo de balbucear algo en la vida política.

La teoría conspiratoria, porque Clavijo, igual que mucha gente de CC, creen que todos somos como ellos, que cuando hay poder se abusa del poder para intentar controlar o presionar a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal; se utiliza el dinero público para comprar a los medios informativos e instaurar la censura como han hecho en esta Isla durante años, y puedo atestiguarlo en primera persona con medios como Radio Club, emisora de la cadena SER en la que su código de estilo periodístico resulta irreconocible, bajo la batuta de la gran aliada de Clavijo, la señora Lourdes Santana. Y no digamos El Día, la antigua Opinión e incluso la COPE.

Pérez termina diciendo que “Clavijo no ha tenido la valentía ni la seriedad de quedarse en el Parlamento de Canarias a ejercer la jefatura de la oposición, dejando al Grupo de CC absolutamente descabezado. Se mandó a mudar al Senado para aforarse y utilizar el fuero, una antigualla del más antiguo régimen nobiliario, estamental y precontemporáneo, para refugiarse en ese tribunal de aforamiento de sus andanzas al frente de la alcaldía de La Laguna

Abusar del fuero a pesar de que el Consejo de Estado ha dicho que si tiene alguna razón de ser en la actualidad es solo para la investigación y el enjuiciamiento que el cargo aforado haya realizado en ese cargo por el que está aforado, y no en una vida pasada al frente de alcaldías a lo largo y ancho de la geografía española.

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha dado luz verde a dos modificaciones presupuestarias para pagar más de 800.000 euros en facturas pendientes a proveedores que datan de mandatos anteriores. De ese montante, el importe más relevante es el que tiene que ver con cargos atrasados en la Concejalía de Fiestas, que van desde 2015 hasta 2019 y que suman 606.512 euros por la prestación de servicios que no se han abonado hasta el momento, relacionados sobre todo con la celebración de festejos en pueblos y barrios del municipio.

En declaraciones a Radio San Borondón, Santiago Pérez se refiere al nuevo escándalo de EMMASA como de claro fraude y un saqueo a los contribuyentes de Santa Cruz”. Un nuevo caso de ilegalidad que afecta a Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, tras conocerse que permitió a Sacyr recuperar los 59 millones por la compra de Emmasa en el año 2005 y además, sin poner un solo euro, acabar recaudando casi 300 millones al finalizar los 25 años de duración del contrato.

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Santiago Pérez explica de forma clara y detallada el Caso Reparos para que no te quede ninguna duda.

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado el estudio del proyecto presentado por la empresa Mémora para la creación de un acceso subterráneo a su velatorio en el entorno de la plaza del Cristo.

El concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, ha anunciado esta mañana que se ha comenzado a analizar la viabilidad de esta opción, a ejecutar en el parking del espacio público. Por lo pronto, aunque aún no se han emitido los informes preceptivos, esta alternativa parece que facilitaría “la conjugación de los intereses públicos y privados y tendría un coste menor de lo que se preveía”, ha puntualizado. A falta de conocer el sentido de los documentos técnicos y jurídicos, el edil ha valorado que esta posibilidad también provocaría un menor impacto en el lugar.

Según ha recordado, el inmueble a edificar estará integrado en el conjunto monumental del santuario del Cristo, protegido por sus valores patrimoniales y arquitectónicos. Para que los coches fúnebres lleguen hasta allí, la fórmula más fácil sería atravesar la plaza, pero ha advertido de que se trata de “un bien de dominio público que la empresa no tiene derecho a utilizar con carácter preferente”.

Haciendo un repaso por los hechos que han rodeado a este proyecto de velatorio, Santiago Pérez ha afirmado que se trata de un “tema controvertido del que se habla desde hace años, con el que la ciudadanía ha mostrado su desacuerdo y que a mí, como lagunero, tampoco me gusta”. Sin embargo, ha apuntado que la oportunidad para su suspensión fue descartada por el anterior Gobierno local y, tras esas decisiones pasadas, “la realidad es que en un estado de derecho no se puede hacer lo que a uno le gusta”.

Según ha detallado, el anterior Ejecutivo no aplicó la única vía que existía para impedir su construcción a pesar de que él mismo la puso sobre la mesa. “El instrumento legal era la modificación menor del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de La Laguna, pero ese Gobierno no realizó el trámite y concedió la licencia para su edificación en plena campaña electoral y ocultándola a la opinión pública, por lo que ahora no puede ser suspendida”, ha avisado.

La concesión de la autorización estuvo acompañada por el informe favorable del Cabildo de Tenerife, de forma que la empresa tiene ahora derecho a levantar el inmueble en el complejo monumental del Cristo. Esto, por el contrario, no lleva aparejado “que tenga derecho a usar la plaza con carácter preferente, sino que para su utilización requiere de autorización discrecional por parte del Ayuntamiento”. En este punto, el edil ha resaltado que, aunque el Consistorio tiene potestad para decidir si da permiso o no a Mémora para que los coches fúnebres puedan desarrollar la actividad por el espacio público, su resolución tiene que estar justificada y no escapa de poder ser discutida jurisdiccionalmente.

Entre las tres opciones -si hacer una vía subterránea por el parking de la plaza para que circulen los coches fúnebres, que estos puedan atravesarla en superficie o crear una entrada en el solar junto al santuario del Cristo-, esta última posibilidad supondría “hipotecar un espacio estratégico para la ciudad”. En el caso de la segunda alternativa, el concejal considera que el uso preferente de ese bien debe ser “el más acorde a su utilización actual, con proyección de ocio y esparcimiento y no como zona de paso para un velatorio”. Por tanto, el acceso por el subsuelo supone una solución “con la que parece más fácil conjugar los intereses públicos y privados”, ha agregado.

Tras dejar claro que todavía debe determinarse su viabilidad, Santiago Pérez ha concluido que su área “será transparente, no ocultará información y siempre respetará la legalidad”.

Santiago Pérez ofrece rueda de prensa sobre el caso Reparos de La Laguna