Santiago Pérez García asegura que el fenómeno migratorio es “fácil de manipular” y critica la descontextualización que se realiza en torno al mismo.

🎤Son declaraciones al programa “La Mañana en Canarias”, de la Cadena COPE

No se puede tratar de asociar inmigración e inseguridad al tiempo que se presenta uno como defensor de los derechos humanos”

Santiago Pérez, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, ha aprovechado la reunión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Senado para quitarle la careta a Fernando Clavijo y Coalición Canaria (CC), “que vienen a Madrid a hablar de derechos fundamentales mientras en Canarias tratan de asociar inmigración e inseguridad”.

Pérez señaló que en un contexto y circunstancias en los que la sociedad civil de las Islas está sacando adelante sus mejores energías ante el fenómeno migratorio, “no puede ser que algunos intenten ofrecer aquí una cara de defensores de los derechos humanos mientras en las Islas alientan la conflictividad”.

El senador canario añadió que “no se puede pedir que se usen los centros militares en desuso como centros de acogida, como hicieron en 2007, y al propio tiempo pedir ahora en Canarias pedir el cierre de estas instalaciones”.

No se puede –apuntó Pérez– hablar de derechos fundamentales en el Senado y luego estar jaleando entre la población el agravio comparativo, que es uno de los elementos característicos de la manipulación del fenómeno migratorio que el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pone de manifiesto”.

Ni “tratar de asociar inmigración a inseguridad como están haciendo los correligionarios del señor Clavijo en Canarias, mientras que aquí se pretenden presentar bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos”.

El senador socialista reconoció que “ha habido deficiencias, que están subrayadas en el informe del Defensor del Pueblo, que también refleja en abril una clara mejoría de la situación; ha habido vulneración de derechos humanos en un contexto muy particular que están siendo identificadas por los tribunales; pero hay una firme voluntad del Gobierno de España de actuar en todos los frentes necesarios”.

Santiago Pérez recordó que las competencias en materia de fronteras, asilo e inmigración son europeas según los Tratados de la Unión, “pero cuando se quiere manipular este asunto normalmente se decontextualiza y se trata de focalizar en el Gobierno de España, haciendo un ejercicio muy particular de la memoria, obviando por ejemplo el abandono que han sufrido los Planes África durante toda una década”.

“Los dirigentes de Coalición Canaria tratan de impedir que se les sigan escapando votos por la ultraderecha”

Oramas pasó de decir había que evitar la xenofobia a pedir que se utilizara a la Armada para evitar la llegada de cayucos a Canarias

Avante La Laguna estudia la posibilidad de reprobar en el Pleno a los ex alcaldes del municipio, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz; y al ex presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, por sus posicionamientos xenófobos y racistas ante la llegada de migrantes a Canarias como punto de paso en su camino hacia Europa.

“Los dirigentes de Coalición Canaria (CC) se han subido a la ola de la desinformación, el racismo y la xenofobia en su carrera por impedir que se les sigan escapando votos por la ultraderecha”, señalan desde Avante.

Así, están elevando progresivamente el tono de sus declaraciones y hemos tenido que escuchar a Carlos Alonso exclamando en un Pleno del Cabildo que “aquí no somos negros, somos españoles”. Y a pesar de tener la ocasión para matizarlo ha vuelto a reiterar: “Sí, me refiero que no deben de tratarnos como si fuéramos diferentes. Somos personas normales de parte del Estado español”.

Por su parte, Fernando Clavijo dijo en el Senado de que “Canarias se puede convertir en un problema, un tsunami de pobreza y exclusión social que puede transformar la vida de 2.200.000 personas. Hay familias canarias que dentro de pocos meses van a pedir, con toda la razón del mundo, que las pongan a vivir en un hotel y les den alojamiento y comida”.

Como si ellos no hubieran gobernado nunca y no tuvieran responsabilidad alguna sobre la situación socioeconómica actual de Canarias.

En esa misma intervención se refirió al año 2006, época en que las Islas vivieron otro repunte del fenómeno migratorio, señalando que el Gobierno del Estado se comportaba de otra manera.
Lo que no dice Clavijo es que en 2006 Ana Oramas pasó de decir en mayo que había que “evitar la xenofobia y apoyar al Gobierno central”, a solicitar en octubre de ese mismo año que se utilizara a la Armada para impedir la llegada de cayucos a Canarias.

Ni habla de la manifestación contra la inmigración organizada por cargos de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el apoyo del periódico El Día, que en un editorial dominical animó claramente a participar en ella, llegando a decir que “la inmigración irregular, según los estudios, conduce a condiciones sociales peligrosas”.

Algo parecido ha hecho José Alberto Díaz en un vídeo, mezclando datos para intentar vincular inmigración e inseguridad, dando a entender que los inmigrantes conflictivos van a ser expulsados de los centros de acogida y “lo que nos vamos a encontrar es con un montón de inmigrantes expulsados de esos centros en nuestras calles de La Laguna”.

Sin embargo, y lejos de los vaticinios del ex alcalde, la Delegación del Gobierno en Canarias explicó con datos que la llegada de personas a las Islas en cayucos y pateras no ha provocado un repunte de la criminalidad. Durante el último cuatrimestre de 2020 las infracciones penales cayeron un 6%, y en diciembre la reducción de las infracciones penales fue de un 16,8% en nuestra provincia.

Díaz señaló además en una carta dirigida a la ciudadanía que “exigiremos el trato preferente a los vecinos y vecinas laguneros en políticas sociales. No podemos permitir que haya gente que pueda quedarse en la calle y que les digan que no hay recursos alojativos o para cubrir sus necesidades y nos encontremos con un trato diferente respecto a los inmigrantes”.

Coalición Canaria siempre hace lo mismo cuando se produce una intensificación del fenómeno migratorio trata de aparentar que defiende los derechos humanos pero acaba totalmente embarcada en actitudes xenófobas, de la mano de personas como Onalia Bueno y sus actitudes deplorables.

Desde Avante La Laguna se recuerda finalmente que los canarios también fuimos migrantes, se reivindica el papel de nuestro municipio como lugar de acogida y se condena “este tipo de manifestaciones que solo buscan el populismo y congraciarse con una parte del electorado ultraderechista que temen perder con destino a Vox”.

Entrevista a Santiago Pérez en el programa Parlamento de la RTVC (12/04/2021)

🙋Antes de que te lo cuenten por ahí, lo vas a escuchar directamente.
 
Intervención en pleno del Consejero Delegado de MUVISA, Juan Ignacio Viciana, tras la presentación de una moción de CC, en la que se pedía su reprobación. 🧐

🙋‍♀️Hola. No te pierdas la Intervención en el pleno de hoy (08/04/2021) de nuestro portavoz Santiago Pérez García durante el debate de la moción que presentó Coalición Canaria, para la reprobación del Consejero Delegado de MUVISA.

Un poco más claro y es transparente😉

Entrevista a Santiago Pérez. Canarias Radio (6 abril 2021)

La historia de la Sociedad Recreativa Charco de la Arena, en la Punta del Hidalgo (La Laguna) parece haber llegado a su fin tras 56 años de incumplimientos, procedimientos que se quedaban a medias, cambios en la Ley de Costas y prohibiciones para los vecinos, que no podían acceder al recinto a bañarse en la piscina natural, el charco más popular del barrio hasta la década de los 60 del siglo pasado, cuando la Sociedad se apropió del espacio y levantó dos muros de varios metros de alto a lado y lado.

Es una información de CanariasAhora /TenerifeAhora por

Forma parte de una letanía interminable de los cargos públicos investigados por asuntos de corrupción la de referirse, como si de un mal se tratara, a la “judicialización” de la política y la de presentarse como víctimas de una persecución política.

El Estado de Derecho tiene como finalidad civilizatoria la de establecer límites al poder, obligándolo a amoldar su ejercicio, en la forma y en el fondo, a normas jurídicas. La democracia perfeccionó el Estado de Derecho exigiendo que tanto las leyes como quienes ejercen el poder  representen la voluntad popular, expresada libremente en las urnas.

La Constitución Española se inserta en la cultura y las tradiciones de la democracia pluralista. Porque, aunque muchos insignes gobernantes no se hayan dado cuenta, hay dos clases de tradiciones democráticas. La de matriz autoritaria, que es históricamente rastreable desde la antigüedad occidental, y la de matriz liberal: la democracia pluralista.

La diferencia es básicamente ésta: la primera, identifica democracia exclusivamente como gobierno de la mayoría; la segunda como gobierno de la mayoría, pero limitado por los derechos individuales y los de las minorías protegidos por la Constitución y las leyes.

La democracia pluralista pretende fundar una sociedad abierta, donde se respeten los derechos individuales y los de las minorías y donde la alternancia política pueda ser algo más que una ficción. Y donde el poder de las mayorías, que como todo poder siempre tiende a extralimitarse, no pueda convertirse en dictadura de la mayoría.

De ahí la importancia crucial de que las reglas de juego para el acceso al poder, para fijar los fines del Estado y sus límites estén definidos por una Norma Fundamental, aprobada por amplísima mayoría, de carácter rígido: es decir, que no pueda ser modificada por la mayoría parlamentaria de turno ni por la acción del poder legislativo ordinario.

En este tipo de democracia, cuyas líneas fundamentales fueron trazadas por la Constitución Norteamericana de 1781, aún vigente, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en sentencias trascendentales como la de los casos Madbury vs. Madison o Mc Culloch vs. Maryland, es la que inspira nuestra Constitución y las constituciones que más han influido en su redacción.

Quienes hemos acumulado largos años de experiencia en el ejercicio de cargos representativos, de ámbito estatal, autonómico, insular o municipal, y al mismo tiempo desempeñado labores docentes universitarias durante 30 cursos académicos, hemos tenido la oportunidad (y el deber) de reflexionar sobre estas cosas.

Decía García de Enterría -maestro de generaciones de juristas españoles entre los que me encuentro, como tuve un día la ocasión de decirle como portavoz socialista de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado-, citando a Marcel Gauchet, que en la democracia contemporánea el principio de la separación de poderes, trascendental como mecanismo jurídico-político de limitación del poder, ya no se articula como división entre el poder legislativo y el ejecutivo. La democracia de partidos ha transformado esa división, ya que la mayoría parlamentaria (de facto) es el reflejo del Ejecutivo y no al revés. Quienes ejercen el liderazgo de partidos muy estructurados (reforzados, además, en nuestro país por un sistema electoral de listas cerradas) están en el Gobierno y dirigen férreamente la mayoría parlamentaria que sustenta lo sustenta. Y así en todos los niveles de la organización territorial del poder, el Estado de las Autonomías, cuyas instituciones de ámbito inferior al del Estado están también inspiradas en el régimen parlamentario: una asamblea representativa, surgida de las urnas, elige, apoya y puede, en su caso, censurar al gobierno autonómico, insular o municipal.

Así las cosas, según los citados autores, la separación efectiva de poderes -y, por tanto, el contrapeso frente a ese bloque formado por el gobierno y la mayoría que lo “soporta”- la conforma un circuito integrado por la oposición, una opinión pública libremente formada y un poder judicial independiente.

Miremos simplemente a nuestro alrededor y a los ejemplos que nos vengan a la mente de inmediato. Y comprobaremos no sólo la certeza de este análisis, sino cómo todos los intentos del poder de desbordar sus límites constitucionales y legales acaban desembocando en maniobras para limitar el pluralismo informativo y para mermar la independencia de los tribunales. Ejemplos de libro podemos entresacarlos de experiencias como la del veto del PP a un magistrado, de brillante trayectoria y solvencia reconocida, porque formó parte del tribunal que juzgó el caso Gürtel; o, más acá, cómo pudo haber llegado a desempeñar las más altas responsabilidades judiciales algún personaje sin más cartas de presentación que una trayectoria en cargos institucionales no judiciales bajo el manto del poder establecido.

Es en un poder judicial independiente, plenamente sometido a la Constitución y al Derecho, donde reside la garantía última de los derechos individuales, el ejercicio del poder de conformidad a los fines que lo justifican y a los límites preestablecidos por las leyes. Y, por lo tanto, la garantía de que una democracia pluralista no degenere en un sistema cerrado por la mayoría, y por de los intereses que esa mayoría pueda representar, para perpetuarse indefinidamente en el poder.

Por eso, quienes ejercemos un cargo representativo tenemos la obligación -establecida dentro de nuestro estatuto jurídico, compuesto por los derechos y deberes propios del cargo- de poner en conocimiento de los tribunales o de la fiscalía aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito de los que hayamos tenido conocimiento por razón de nuestro cargo. Es decir, que en los casos de ilegalidades más graves (las que están, por esa misma gravedad, tipificadas como delitos) el control del poder que estamos obligados a ejercer no es sólo político, sino que debemos promover el control judicial de determinados actos de alcance delictivo.

Así lo establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mandato que no reproduce la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En resumen: los cargos públicos representativos tenemos el deber de controlar no sólo políticamente al gobierno, sino también poner en marcha su control jurídico penal. No tienen los concejales, por ejemplo, el deber de impugnar los actos contrarios al Derecho Administrativo, sino la facultad de hacerlo, por graves que sean las ilegalidades cometidas; menos en el caso de que sean también constitutivas de delito.

No todos los concejales, ni los grupos de oposición, están integrados por personas con conocimientos jurídicos. Ni disponen de medios de asesoramiento. Por eso el deber denunciar los excesos delictivos del poder es, prácticamente, imposible de cumplir en la mayoría de las entidades locales. La impunidad es, por tanto, un hecho: la patente de corso que reclaman los detractores de la “judicialización” de la política.

Sin embargo, los cargos representativos que tenemos algunos conocimientos jurídicos no tenemos ninguna excusa para no cumplir ese deber. Si no lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades nos convertimos en cómplices jurídica, política y moralmente de las mayores desviaciones de poder. Y de todas las pésimas consecuencias que suelen conllevar para la buena gestión de los recursos públicos y para la limpieza del juego democrático.

Al cumplir ese deber debemos dar por sabidas de antemano las represalias. Así ha sido siempre y así continuará siendo.

Esas represalias no tienen solo como objetivo amedrentar al denunciante, no. Es mucho más grave, como lo ha sido el veto del PP al magistrado José Ricardo de Prada: se trata de desmoralizar y disuadir a quienes se sientan comprometidos con la defensa de la legalidad democrática, el interés público y los derechos de ciudadanía frente a los atropellos del poder: ¡ni se atrevan!, porque les espera lo mismo que a este.

“La solución es ayudarlos a seguir su camino, organizar la migración para que no siga muriendo gente en la mar, destinar los recursos necesarios y que haya solidaridad real y efectiva en la acogida”

Condenamos a los políticos demagogos que aprovechan este caldo de cultivo para impulsar un estallido social con el que arañar un par de votos

Avante La Laguna considera un despropósito la política migratoria del Gobierno de España y de la Unión Europea, que además de fracasar pretende convertir a las Islas en un lugar de encierro para personas que se juegan la vida buscando una esperanza de futuro.

Los hechos saltan a la vista: la inhumana situación de acogida y el empeño en mantenerlos en el limbo exigen que pare ya el hacinamiento de estas personas en macrocentros que no reúnen las condiciones de habitabilidad mínimas para seres humanos.

“Ni el lugar es el adecuado, ni la solución es encerrarlos”, denuncian desde Avante, añadiendo que “la solución es ayudarlos a seguir su camino, organizar la migración para que no siga muriendo gente en la mar, destinar los recursos necesarios y que haya solidaridad real y efectiva en la acogida”.

No podemos seguir vulnerando sus derechos humanos: No se detecta la edad, como indica la ley para no ubicar a menores en campamentos junto a los adultos; carecen de intérpretes que puedan explicarles cuál es la situación, o se les obstaculiza el derecho a un abogado que pueda orientarlos sobre las vías a seguir para tramitar sus papeles (en algunos casos se pasan los plazos para la realización de estos trámites quedando en la lista de los que obligatoriamente serán expulsados o devueltos).

Además, la ONG que se hace cargo de ellos carece de los recursos indispensables de personal de acompañamiento especializado que garantice una comunicación con estas personas y sin embargo se prohíbe la ayuda que está ofreciendo la ciudadanía de voluntariado y recursos materiales.

Lo más lógico con este escenario es que se genere inseguridad entre este colectivo, algo que aprovechan de forma carroñera algunos grupos políticos y medios de comunicación para generar en la opinión pública racismo y xenofobia.

El Gobierno de Canarias debe hacer presión para desbloquear el tránsito de las personas migrantes hasta otros puntos del Estado y de Europa, donde tienen familiares que los acogerán; y coordinar a todos los Ayuntamientos para organizar un servicio de acogida digna. Si no, serán cómplices de este caldo de cultivo ideal para políticos demagogos a los que poco importa provocar un estallido social con tal de arañar un par de votos.