Forma parte de una letanía interminable de los cargos públicos investigados por asuntos de corrupción la de referirse, como si de un mal se tratara, a la “judicialización” de la política y la de presentarse como víctimas de una persecución política.

El Estado de Derecho tiene como finalidad civilizatoria la de establecer límites al poder, obligándolo a amoldar su ejercicio, en la forma y en el fondo, a normas jurídicas. La democracia perfeccionó el Estado de Derecho exigiendo que tanto las leyes como quienes ejercen el poder  representen la voluntad popular, expresada libremente en las urnas.

La Constitución Española se inserta en la cultura y las tradiciones de la democracia pluralista. Porque, aunque muchos insignes gobernantes no se hayan dado cuenta, hay dos clases de tradiciones democráticas. La de matriz autoritaria, que es históricamente rastreable desde la antigüedad occidental, y la de matriz liberal: la democracia pluralista.

La diferencia es básicamente ésta: la primera, identifica democracia exclusivamente como gobierno de la mayoría; la segunda como gobierno de la mayoría, pero limitado por los derechos individuales y los de las minorías protegidos por la Constitución y las leyes.

La democracia pluralista pretende fundar una sociedad abierta, donde se respeten los derechos individuales y los de las minorías y donde la alternancia política pueda ser algo más que una ficción. Y donde el poder de las mayorías, que como todo poder siempre tiende a extralimitarse, no pueda convertirse en dictadura de la mayoría.

De ahí la importancia crucial de que las reglas de juego para el acceso al poder, para fijar los fines del Estado y sus límites estén definidos por una Norma Fundamental, aprobada por amplísima mayoría, de carácter rígido: es decir, que no pueda ser modificada por la mayoría parlamentaria de turno ni por la acción del poder legislativo ordinario.

En este tipo de democracia, cuyas líneas fundamentales fueron trazadas por la Constitución Norteamericana de 1781, aún vigente, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en sentencias trascendentales como la de los casos Madbury vs. Madison o Mc Culloch vs. Maryland, es la que inspira nuestra Constitución y las constituciones que más han influido en su redacción.

Quienes hemos acumulado largos años de experiencia en el ejercicio de cargos representativos, de ámbito estatal, autonómico, insular o municipal, y al mismo tiempo desempeñado labores docentes universitarias durante 30 cursos académicos, hemos tenido la oportunidad (y el deber) de reflexionar sobre estas cosas.

Decía García de Enterría -maestro de generaciones de juristas españoles entre los que me encuentro, como tuve un día la ocasión de decirle como portavoz socialista de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado-, citando a Marcel Gauchet, que en la democracia contemporánea el principio de la separación de poderes, trascendental como mecanismo jurídico-político de limitación del poder, ya no se articula como división entre el poder legislativo y el ejecutivo. La democracia de partidos ha transformado esa división, ya que la mayoría parlamentaria (de facto) es el reflejo del Ejecutivo y no al revés. Quienes ejercen el liderazgo de partidos muy estructurados (reforzados, además, en nuestro país por un sistema electoral de listas cerradas) están en el Gobierno y dirigen férreamente la mayoría parlamentaria que sustenta lo sustenta. Y así en todos los niveles de la organización territorial del poder, el Estado de las Autonomías, cuyas instituciones de ámbito inferior al del Estado están también inspiradas en el régimen parlamentario: una asamblea representativa, surgida de las urnas, elige, apoya y puede, en su caso, censurar al gobierno autonómico, insular o municipal.

Así las cosas, según los citados autores, la separación efectiva de poderes -y, por tanto, el contrapeso frente a ese bloque formado por el gobierno y la mayoría que lo “soporta”- la conforma un circuito integrado por la oposición, una opinión pública libremente formada y un poder judicial independiente.

Miremos simplemente a nuestro alrededor y a los ejemplos que nos vengan a la mente de inmediato. Y comprobaremos no sólo la certeza de este análisis, sino cómo todos los intentos del poder de desbordar sus límites constitucionales y legales acaban desembocando en maniobras para limitar el pluralismo informativo y para mermar la independencia de los tribunales. Ejemplos de libro podemos entresacarlos de experiencias como la del veto del PP a un magistrado, de brillante trayectoria y solvencia reconocida, porque formó parte del tribunal que juzgó el caso Gürtel; o, más acá, cómo pudo haber llegado a desempeñar las más altas responsabilidades judiciales algún personaje sin más cartas de presentación que una trayectoria en cargos institucionales no judiciales bajo el manto del poder establecido.

Es en un poder judicial independiente, plenamente sometido a la Constitución y al Derecho, donde reside la garantía última de los derechos individuales, el ejercicio del poder de conformidad a los fines que lo justifican y a los límites preestablecidos por las leyes. Y, por lo tanto, la garantía de que una democracia pluralista no degenere en un sistema cerrado por la mayoría, y por de los intereses que esa mayoría pueda representar, para perpetuarse indefinidamente en el poder.

Por eso, quienes ejercemos un cargo representativo tenemos la obligación -establecida dentro de nuestro estatuto jurídico, compuesto por los derechos y deberes propios del cargo- de poner en conocimiento de los tribunales o de la fiscalía aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito de los que hayamos tenido conocimiento por razón de nuestro cargo. Es decir, que en los casos de ilegalidades más graves (las que están, por esa misma gravedad, tipificadas como delitos) el control del poder que estamos obligados a ejercer no es sólo político, sino que debemos promover el control judicial de determinados actos de alcance delictivo.

Así lo establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mandato que no reproduce la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En resumen: los cargos públicos representativos tenemos el deber de controlar no sólo políticamente al gobierno, sino también poner en marcha su control jurídico penal. No tienen los concejales, por ejemplo, el deber de impugnar los actos contrarios al Derecho Administrativo, sino la facultad de hacerlo, por graves que sean las ilegalidades cometidas; menos en el caso de que sean también constitutivas de delito.

No todos los concejales, ni los grupos de oposición, están integrados por personas con conocimientos jurídicos. Ni disponen de medios de asesoramiento. Por eso el deber denunciar los excesos delictivos del poder es, prácticamente, imposible de cumplir en la mayoría de las entidades locales. La impunidad es, por tanto, un hecho: la patente de corso que reclaman los detractores de la “judicialización” de la política.

Sin embargo, los cargos representativos que tenemos algunos conocimientos jurídicos no tenemos ninguna excusa para no cumplir ese deber. Si no lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades nos convertimos en cómplices jurídica, política y moralmente de las mayores desviaciones de poder. Y de todas las pésimas consecuencias que suelen conllevar para la buena gestión de los recursos públicos y para la limpieza del juego democrático.

Al cumplir ese deber debemos dar por sabidas de antemano las represalias. Así ha sido siempre y así continuará siendo.

Esas represalias no tienen solo como objetivo amedrentar al denunciante, no. Es mucho más grave, como lo ha sido el veto del PP al magistrado José Ricardo de Prada: se trata de desmoralizar y disuadir a quienes se sientan comprometidos con la defensa de la legalidad democrática, el interés público y los derechos de ciudadanía frente a los atropellos del poder: ¡ni se atrevan!, porque les espera lo mismo que a este.

“La solución es ayudarlos a seguir su camino, organizar la migración para que no siga muriendo gente en la mar, destinar los recursos necesarios y que haya solidaridad real y efectiva en la acogida”

Condenamos a los políticos demagogos que aprovechan este caldo de cultivo para impulsar un estallido social con el que arañar un par de votos

Avante La Laguna considera un despropósito la política migratoria del Gobierno de España y de la Unión Europea, que además de fracasar pretende convertir a las Islas en un lugar de encierro para personas que se juegan la vida buscando una esperanza de futuro.

Los hechos saltan a la vista: la inhumana situación de acogida y el empeño en mantenerlos en el limbo exigen que pare ya el hacinamiento de estas personas en macrocentros que no reúnen las condiciones de habitabilidad mínimas para seres humanos.

“Ni el lugar es el adecuado, ni la solución es encerrarlos”, denuncian desde Avante, añadiendo que “la solución es ayudarlos a seguir su camino, organizar la migración para que no siga muriendo gente en la mar, destinar los recursos necesarios y que haya solidaridad real y efectiva en la acogida”.

No podemos seguir vulnerando sus derechos humanos: No se detecta la edad, como indica la ley para no ubicar a menores en campamentos junto a los adultos; carecen de intérpretes que puedan explicarles cuál es la situación, o se les obstaculiza el derecho a un abogado que pueda orientarlos sobre las vías a seguir para tramitar sus papeles (en algunos casos se pasan los plazos para la realización de estos trámites quedando en la lista de los que obligatoriamente serán expulsados o devueltos).

Además, la ONG que se hace cargo de ellos carece de los recursos indispensables de personal de acompañamiento especializado que garantice una comunicación con estas personas y sin embargo se prohíbe la ayuda que está ofreciendo la ciudadanía de voluntariado y recursos materiales.

Lo más lógico con este escenario es que se genere inseguridad entre este colectivo, algo que aprovechan de forma carroñera algunos grupos políticos y medios de comunicación para generar en la opinión pública racismo y xenofobia.

El Gobierno de Canarias debe hacer presión para desbloquear el tránsito de las personas migrantes hasta otros puntos del Estado y de Europa, donde tienen familiares que los acogerán; y coordinar a todos los Ayuntamientos para organizar un servicio de acogida digna. Si no, serán cómplices de este caldo de cultivo ideal para políticos demagogos a los que poco importa provocar un estallido social con tal de arañar un par de votos.

🔴¡UN POCO DE ATENCIÓN, POR FAVOR! Que vamos a decir algo (MUY) importante.👇
✍El Grupo Prensa Ibérica, con sus dos cabeceras de El Día y La Provincia, junto a su socio necesario, Cadena Ser Canarias (Radio Club y Ser Las Palmas) ha construido un relato bastante sospechoso sobre la intención que guarda Santiago Pérez para ocupar el puesto de Senador por la Comunidad Autónoma de Canarias (que pertenece al PSOE).
📞Todo es tan chiripitifláutico que no se han molestado siquiera en descolgar el teléfono y dar la oportunidad a Pérez para que dé su versión. Nada, pero nada de nada. Ellos lo llaman periodismo. El lector que lo califique como mejor le parezca.
⁉¿Por qué les interesa construir ese relato? ¿A quién beneficia que Santiago no esté en el Senado, en caso de que el PSOE canario así lo decida? ¿A qué intereses responden esos dos satélites de los grupos de comunicación mentados? ¿Hay deudas políticas y gestiones anteriores que ahora tienen que pagar? ¿De quién es la mano qué mece la cuna?

Citados en este post:

Santiago Pérez García
PSOELaLaguna
PSOE Canarias
CADENA SER Las Palmas
Radio Club Tenerife – Cadena SER
La Provincia
El Día

La comunicación previa será suficiente en una serie de trámites sujetos hasta ahora a licencia urbanística

 La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha acordado la simplificación de los procedimientos administrativos para las obras e instalaciones de energía renovable y de eficiencia energética en edificaciones del municipio.

Esta decisión, que se produce en aplicación del Decreto Ley 15/2020, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias, ha significado facilitar la tramitación de las iniciativas en este campo, reduciendo las actuaciones que están sujetas a licencia urbanística, bastando ahora con la presentación de comunicación previa.

Dicho precepto viene a incluir como actuaciones sujetas a comunicación previa la implantación, en suelo urbano y urbanizable, de instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes renovables de potencia no superior a 100 kW, asociadas a modalidades de suministro con autoconsumo; instalación de aislamiento térmico de las edificaciones existentes; y la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas de las edificaciones existentes.

Se suman la centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores solares u otras fuentes de energías renovables, en fachadas o cubiertas de las edificaciones existentes, que no supongan una modificación general de la fachada; la realización de obras en zonas comunes de edificaciones que tengan por objeto lograr un uso más eficiente de energía eléctrica y suministro de agua; la instalación de placas solares térmicas sobre la cubierta de edificios, así como instalación, sobre tales cubiertas, de placas fotovoltaicas asociadas a modalidades de autoconsumo, hasta el 100% de la superficie de la cubierta; y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con gas natural o gas licuado de petróleo (GLP).

Por todo ello, la Gerencia ha adaptado sus formularios de comunicación previa de obras e instalaciones a estas modificaciones normativas, que contienen la documentación que será necesaria presentar en estos casos y que están a disposición de cualquier persona en el apartado de trámites de la web de este organismo autónomo.

Por otro lado, la aprobación del Decreto Ley 15/2020 también ha derogado algunos preceptos de la Ordenanza de Edificación y del Plan General de Ordenación (PGO) vigentes que dificultaban la implantación de este tipo de instalaciones. Ha supuesto la introducción de medidas en relación al establecimiento de energía renovable, del autoconsumo de energía eléctrica y de mejora energética, bajo la idea de que la transición energética resultará clave en la recuperación económica del Archipiélago.

La citada apuesta por la eficiencia energética y por las energías renovables entronca, además, con el citado principio de desarrollo territorial y urbano sostenible (artículo 3.3, letras a, h e i, del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana); y debe ponerse en relación con el Pacto Verde Europeo y sus objetivos de potenciación de las energías renovables y de descarbonización del sector energético, así como con la Declaración de Emergencia Climática en Canarias, aprobada por acuerdo del Gobierno de Canarias el 30 de agosto de 2019. La declaración insta a la adopción de normas legales y reglamentarias de simplificación administrativa para facilitar, entre otros, el cumplimiento de los objetivos de eficiencia energética, de avance hacia el autoconsumo eléctrico, de abandono de los combustibles fósiles y de aumento de instalaciones de producción a partir de fuentes renovables.

En este sentido, la aprobación del citado Decreto ley 15/2020 de 10 de septiembre, ha modificado el artículo 332.1 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias ha ampliado el catálogo de actuaciones que no están sujetas a licencia urbanística, simplificando el procedimiento administrativo a través de la presentación de comunicación previa.

 La Gerencia valorará cada una de las posibles propuestas que no comprometan la futura planificación sobre la base del consenso

 El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Ordenación del Territorio que dirige Santiago Pérez, valorará con los vecinos y vecinas posibles modificaciones menores en la ordenación municipal, siempre que sean consensuadas y no comprometan las directrices del futuro Plan General de Ordenación (PGO).

En el marco de una reunión informativa con diversas plataformas ciudadanas para abordar el seguimiento del PGO, el edil hizo un repaso sobre la tramitación, que se viene abordando desde el año 2009, y la necesidad que hubo de retrotraer todo el procedimiento de aprobación para adaptar el trámite de evaluación ambiental estratégica a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos.

En ese contexto, el concejal de Urbanismo se refirió a la Agenda 2030 y al covid-19, “dos elementos de importancia para el futuro” de las ciudades, no solo en el caso de La Laguna y más allá del documento municipal de ordenación, como referencias para un modelo más sostenible y eficaz ante los próximos retos. Por ello, planteó la oportunidad de realizar un estudio previo que fije una “estrategia de ciudad única” y que posibilite acometer mejor las adaptaciones del Plan General.

Al encuentro telemático acudieron representantes de las plataformas vecinales del camino de La Villa, Los Molinos-San Honorato, Tejina, Guamasa y Valle de Guerra. En la cita estuvieron presentes también, por parte de la Gerencia de Urbanismo, la directora técnica de Ordenación del Territorio, Yaiza Pérez Moreno; el secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Lasso Navarro; y la jefa del Servicio de Planes y Planificación, Ana Isabel Abreu Rosado.

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tuvo lugar la firma del Acuerdo de París, en el que 193 países se comprometieron, el 25 de septiembre de 2015, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Estos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, con el fin de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. Así, la Agenda 2030 aparece como un documento estratégico no normativo de adhesión y un método de trabajo o guía para concienciar hacia ese camino.

Por otro lado, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el covid-19 y la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requieren la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. En este sentido, Santiago Pérez señaló que esta pandemia ha afectado a todas las esferas de la sociedad, incluyendo el modelo de ciudad, y ha generado dificultades en los núcleos de población que deben ser afrontadas.

A la vista de estos acontecimientos, el edil afirmó que a La Laguna se le plantean diferentes retos, como por ejemplo la sostenibilidad, la búsqueda de la inclusividad y la igualdad, el desarrollo sostenible, el envejecimiento de la población, el futuro de los jóvenes, la capacidad para adaptar sus sistemas productivos, la incorporación del teletrabajo, el cuidado de menores y de personas dependientes y el estándar de calidad de la vivienda.

Ante ese escenario, y teniendo en cuenta que se va a proceder a la retroacción del procedimiento de aprobación del PGO, se considera adecuado concluir con dicho procedimiento para realizar un estudio previo sobre el futuro modelo de ciudad, que permita afrontar más adelante un nuevo proceso dentro de una estrategia de “ciudad única”.

Santiago Pérez, no obstante, transmitió que la intención es aprovechar los trabajos ya hechos durante la tramitación del Plan General y mostró su deseo de mantener el diálogo y el consenso con las distintas plataformas vecinales. Bajo este compromiso, informó de que se valorará la posibilidad de ir acometiendo, de manera paralela y por la vía de las modificaciones menores del PGO vigente, algunos cambios de ordenación necesarios, siempre que atiendan a intereses generales y no comprometan las directrices del futuro documento municipal. Con este objetivo, desde los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo se analizarán y valorarán las propuestas planteadas por la ciudadanía.

👨‍🌾👩‍🌾Continuamos en ruta. En esta ocasión visitamos y comprobamos el primer puesto de venta directa de La Laguna, que arrancaba por el mes de octubre de 2020. Maxi Bravo, su propietario nos muestra cómo funciona.

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Pide que se incluya el objeto, la autoridad contratante, la cuantía de la contratación efectuada, los pagos realizados, así como a la identidad de los adjudicatarios

El concejal lagunero Santiago Pérez ha solicitado por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento una relación detallada de los contratos, encomiendas o encargos efectuados para la prestación de servicios de asesoramiento jurídico desde el 22 de noviembre del año 2008 hasta la actualidad.

Asimismo, ha solicitado las encomiendas o encargos para la representación y defensa en juicio ante todas las jurisdicciones, o ante los órganos de otras entidades o Administraciones Públicas o dependientes de ellas, del Ayuntamiento y  sus organismos autónomos y de la sociedad MUVISA para ese mismo período.

La solicitud de Santiago Pérez especifica que se incluya en la misma el objeto, la autoridad contratante, la cuantía de la encomienda o contratación efectuada, los pagos realizados, así como a la identidad de los adjudicatarios, sean personas físicas o jurídicas.

Igualmente, deberán especificarse detalladamente aquellos supuestos en los que se haya producido un encargo, contratación o encomienda por un órgano manifiestamente incompetente o prescindiendo total y absolutamente del correspondiente expediente administrativo.

También sin la adecuada y suficiente consignación de crédito presupuestario, o en cualesquiera circunstancias desencadenantes de la nulidad de pleno derecho, según la legislación vigente; o recurriendo para el reconocimiento y el pago de la obligación al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, mediante la invocación la doctrina jurisprudencial del enriquecimiento injusto.

Santiago Pérez concluye señalando que “dadas la importancia y entidad de la información solicitada, y con el objeto de no agravar la carga de trabajo de los servicios de esta Administración, renuncio expresamente al plazo de 5 días naturales que me reconoce la legislación vigente, de forma que podrá facilitárseme la información solicitada en un plazo que resulte razonable”.

 

El Ayuntamiento de La Laguna priorizará la lucha contra los efectos de la crisis sanitaria con un presupuesto consolidado que antepone las políticas sociales. Con un total de 168.517.905 euros, las cuentas vuelven a tener como principal objetivo la atención a las vecinas y vecinos, mediante el impulso del área de Bienestar Social y la dinamización económica. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Hacienda y Asuntos Económicos, Alejandro Marrero, presentaron este miércoles el documento, que será sometido al pleno extraordinario de este jueves para su aprobación.

“Este grupo de Gobierno, de carácter progresista, no puede permitirse dejar a nadie atrás en una situación tan complicada para todas y todos, pero especialmente para las personas con menos recursos”, subrayó el regidor acompañado también por los otros dos portavoces del Ejecutivo local, Rubens Ascanio y Santiago Pérez. Para cumplir con ese cometido, indicó que “se fortalecerán las políticas sociales con la mayor partida de la historia del municipio” y se potenciará la inversión, especialmente en las áreas de Comercio y Obras e Infraestructuras, “con el fin de generar puestos de trabajo y estimular la actividad”.

Luis Yeray Gutiérrez, de igual forma, se refirió al peso que adquiere Cultura en este presupuesto por ser “otro agente dinamizador de la economía, así como por suponer una seña de identidad de nuestra ciudad, que además se ha visto duramente golpeada por la crisis sanitaria. Hace casi seis meses declaramos la cultura como bien de primera necesidad y su importancia, como elemento esencial para la vida de la ciudadanía, ha quedado reflejada en las cuentas de 2021”, añadió.

El alcalde agradeció el trabajo y esfuerzo realizado por parte de la Concejalía de Hacienda para elaborar un documento presupuestario “que marca las líneas estrategias de la recuperación” y aludió al interés del Gobierno local por “trabajar de la mano con los agentes socioeconómicos” de La Laguna para “avanzar juntos en ese objetivo”.

Durante la presentación, Alejandro Marrero se encargó de desglosar los aspectos más relevantes de las cuentas “más sociales y realistas del Ayuntamiento, confeccionadas a partir de un análisis exhaustivo que busca la mayor eficiencia de los recursos municipales”.

Si bien en un principio se preveía una caída inicial de más de ocho millones en ingresos debido a los efectos de la crisis sanitaria, “gracias a la mejor gestión recaudatoria y las labores de inspección, el Consistorio ha logrado que la reducción sea de cinco millones de euros”.

Del presupuesto consolidado (en el que se incluyen las cuentas de la Corporación, sus organismos autónomos y Muvisa), 161.682.930 euros corresponden al Ayuntamiento, con Bienestar Social a la cabeza. Los fondos consignados a esta área representan el 12% del presupuesto, al superar los 19 millones de euros, y derivan en un crecimiento acumulado desde la entrada del nuevo equipo de Gobierno de un 19,05%. En Vivienda, se afianza el incremento de 2020 y por primera vez en una década se contempla una partida de más de 1,5 millones para la construcción de viviendas.

También sobresale este año Comercio, ya que “goza del mayor aumento de su historia ante la apuesta firme por nuestros autónomos y empresas para intentar disminuir los efectos negativos provocados por el covid-19, tanto con ayudas directas como con estrategias de reactivación y recuperación de la actividad comercial”, explicó el edil.

Respecto a otras concejalías, destaca Seguridad Ciudadana, con una dotación que se mantiene y que garantiza las más de 50 plazas de agentes de la Policía Local “tan demandadas por el colectivo, al cual agradezco el esfuerzo realizado en estos tiempos tan difíciles para todas y todos”, agregó Alejandro Marrero, también responsable de esta área. En Servicios Municipales, se contará con tres millones más respecto a 2020 y, por parte de Obras e Infraestructuras, se aplicará un plan de inversiones para ayudar a reactivar la economía. Este programa de actuación se apoyará en el remanente municipal y en fondos europeos o supramunicipales, como puede ser el Plan Reactiva Canarias.

“Hay una calumnia explícita en la información de El Día y voy a hacer con ella lo que se hace en un Estado de Derecho”

“No ha sido nunca mi defensora porque nunca he sido imputado. Nosotros somos los denunciantes, no del Ayuntamiento sino de Clavijo y Díaz, por su práctica delictiva continuada”

Santiago Pérez, concejal lagunero y denunciante del caso Reparos, considera que la noticia de la contratación de la abogada Sandra Rodríguez por el Ayuntamiento de La Laguna “es un información prefabricada por Coalición Canaria (CC), que tiene el hábito de apuntar a sus adversarios políticos para que determinados periodistas se presten luego a apretar el gatillo de las medias verdades y las calumnias”.

“Hay una calumnia explícita en la información de ayer –añadió– y voy a hacer con ella lo que se hace en un Estado de Derecho”.

Santiago Pérez dejó claro que la contratación de abogados externos por los ayuntamientos es una práctica legal que se viene haciendo de forma recurrente en los últimos años, “y lo que nosotros hemos hecho es cambiar la gestión para generar ahorros y economías”.

Así, los contratos que se han hecho a Sandra Rodríguez son legales, “pero además no se han hecho pleito a pleito sino mediante un contrato para que al amparo del mismo, y esto es lo que ha ocultado el periódico El Día, durante todo un año representara al Ayuntamiento en numerosos procedimientos, lo cual ha significado un considerable ahorro a las arcas municipales”.

“Sandra Rodríguez –añadió– es una profesional con experiencia y solvencia. Y no ha sido nunca mi defensora porque yo no he sido nunca acusado ni investigado por mucho que el periódico El Día se dedique a intoxicar con medias verdades al respecto”.

Pérez recordó que han sido “denunciantes no del Ayuntamiento de La Laguna, sino de personas que han incurrido en una práctica delictiva continuada, habitual, establecida, que son Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, que están desesperados porque el caso Reparos tiene una extraordinaria envergadura jurídica. Y estas son las represalias”.

Es una campaña –finalizó– “que va in crescendo porque el caso Reparos, que es de una gravedad extraordinaria, los tiene nerviosos. Fernando Clavijo y José Alberto Díaz se han comportado como personas aficionadas a la práctica delictiva continuada en detrimento de los intereses públicos, de la legalidad y de la buena gestión del dinero de los contribuyentes laguneros”.

👍Ya comenzó el derribo de la primera fase de las viviendas de Las Chumberas. Se trata de 10 bloques de 5 plantas cada uno, que hacen un total de 160 viviendas.