Declaraciones de Santiago Pérez sobre el Caso Reparos (07/11020)
El concejal lagunero Santiago Pérez, tras la declaración del ex concejal Javier Abreu en el marco del caso Reparos, señala que “las cosas que tenga que decir sobre las manifestaciones de Abreu, tan escandalosas como infundadas, además a preguntas de Víctor Díaz, el abogado del ex alcalde José Alberto Díaz, las responderé, como es mi obligación, si soy citado por la Fiscalía o por los jueces”.
Será en ese momento –añade– “cuando explique lo que tenga que explicar sobre unas declaraciones vertidas en un juicio, en un acto procesal, en el que la Fiscalía estaba presente y por tanto tenía la obligación de hacer lo que hizo. Este es un Estado de Derecho y en consecuencia nada que objetar al criterio de la Fiscalía”.
Santiago Pérez reitera que “lo que deba explicar lo haré en sede judicial, si soy citado al efecto”; pero advierte que “las afirmaciones vertidas en juicio sobre hechos inciertos, atribuyéndome hechos que pudieran ser delictivos, me obligarán a proceder a la defensa de mi honor”.
“Es un ataque contra mí –añade–, pero también destinado a minar la credibilidad del interventor, y eso es grave. Además, no es él el único que advierte con reparos de ilegalidad en estos expedientes, también lo hacen muchos otros funcionarios adscritos a la Secretaría General del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos o del Servicio de fiscalización y control todos ellos en desempeño de sus funciones de asesoramiento y control de legalidad”.
ES EL PRECIO QUE TIENE QUE PAGAR EL QUE ASUME EL COMPROMISO DE DEFENDER LA LEGALIDAD Y LOS INTERESES PÚBLICOS, FRENTE A TODA ESTA MARAÑA.
“Así que no es la primera vez –siguió– que tengo que afrontar una reacción y unos ataques de esta naturaleza como los que se prodigan hoy en algunos medios de comunicación, los rescoldos de lo que ha sido durante demasiado tiempo un Régimen muy degradado, instalado en las principales instituciones del Archipiélago”.
Medios de comunicación (Cadena SER, El Día y La Provincia) que por cierto “no han considerado noticiable la reapertura del caso Grúas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz, notificada ayer mismo a las partes, que le aplica un nuevo correctivo a la jueza que decidió archivarlo –a imitación del Juez Marchena, del Tribunal Supremo– sin explicar los fundamentos jurídicos de esa decisión. Por eso recurrimos el archivo del Caso Grúas “de aquí” ante la Audiencia Provincial, que nos acaba de dar la razón. Y ante el Tribunal Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo, el archivo “de allá”.
Santiago Pérez recuerda que “lo mismo ocurrió con el caso de Las Teresitas y todo el mundo sabe cómo terminó, y sobre todo con la recuperación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 100 millones de euros, que es la suma que se le había defraudado a los contribuyentes santacruceros”.
EL CASO REPAROS ES TAN GRAVE DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y ECONÓMICO COMO SENCILLO JURIDICAMENTE.
Este caso, que tiene protagonistas principales y actores secundarios, no se sustenta en dimes y diretes, ni en declaraciones testificales o en intervenciones telefónicas ni en nada por el estilo.
Es un caso que se sustenta exclusivamente en documentación oficial, que consiste en una larga ristra de decretos, más de 140, dictados contra las advertencias de ilegalidad que constantemente formuló la Intervención General del Ayuntamiento (cuya función es controlar previamente la legalidad de cualquier acto o resolución que conlleve obligaciones económicas para la Hacienda del Ayuntamiento y por lo tanto para los intereses de los contribuyentes laguneros).
Las cuatro denuncias que “formulamos sucesivamente contra esta práctica ilegal y en mi opinión delictiva fueron realizadas en cumplimiento de un deber legal que nos impone a los funcionarios y cargos públicos el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos obliga a dar traslado a la fiscalía o los tribunales de aquellos actos o hechos que conozcamos en el ejercicio de nuestros cargos y puedan ser constitutivos de delito”.
El caso Reparos “fue denunciado al Juzgado por mí en enero de 2018 después de llevar advirtiendo al Gobierno municipal de entonces desde principios de 2016, advertencias que reiteré en 2017, que había que cortar radicalmente con aquella práctica ilegal. Así consta literalmente en las actas del Pleno. Pero no hacían el menor caso, en una especie de burla a la función de control que desde el punto de vista legal ejercen el Interventor y los funcionarios públicos y, desde el punto de vista político, la oposición. Una burla que se prolongó a lo largo de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, es decir hasta que cayó el Gobierno de CC tras las últimas elecciones”, añade Pérez.
Y deja claro que “desde entonces no se ha producido ninguna resolución del nuevo Gobierno en contra de las advertencias de ilegalidad de la Intervención. Y esto lo ha recogido un Informe de Intervención General remitido al Pleno recientemente”.
Tras un largo período de pasividad por parte del Juzgado y de la Fiscalía, a mediados de 2019, y después de solicitar insistentemente al Juzgado que diera impulso a la investigación, “presentamos un escrito en la Fiscalía Anticorrupción relatando en qué consistía el caso Reparos, fundamentando que estaba dentro de sus competencias, invocando el Estatuto de esa Fiscalía Especial y solicitando que ejerciera sus atribuciones”.
La Fiscalía Anticorrupción examinó el asunto y pasó a impulsar la acusación pública mediante un informe muy argumentado, de 156 folios, que se conoció hace algunos meses. “Esta es la realidad de lo que ha ocurrido”, concluye diciendo.
San Cristóbal de La Laguna
06/11/2020
Avante La Laguna, una de las tres organizaciones políticas que conforman el pacto de Gobierno en el Ayuntamiento, junto a PSOE y Unidas Podemos, solicitará una reunión urgente de la Mesa del Pacto con el objeto de analizar la información que aporten tanto la organización del Congreso de Seguridad y Turismo, como la Subdelegación del Gobierno en la provincia y la Universidad de La Laguna para esclarecer lo ocurrido esta semana en el Campus de Guajara.
Avante La Laguna coincide con el resto de las formaciones del Gobierno municipal lagunero en que la elección del parking de la Facultad de Bellas Artes no era el lugar más apropiado para la realización de una demostración práctica de este tipo.
Igualmente, defiende el derecho de la comunidad estudiantil a manifestar pacíficamente su rechazo a la celebración de este acto; al tiempo que da por hecha la independencia de las autoridades universitarias para decidir qué tipo de eventos autoriza a celebrar en sus instalaciones, como hace el propio Ayuntamiento con las suyas.
Avante La Laguna reivindica los valores del municipio como ciudad abierta y de paz, lamenta profundamente lo ocurrido y confía en que situaciones de este tipo no vuelvan a repetirse en un municipio que aspiramos a convertir en un lugar más humano y habitable, y en consecuencia condenan cualquier tipo de violencia, tenga el origen que tenga.
Finalmente, recuerda que el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está plenamente delimitado en nuestra Constitución y resto del ordenamiento jurídico, por lo que es preciso esclarecer su actuación y exigir responsabilidades en caso de que hubieran actuado de forma desproporcionada.
VIDEO.🗺🎥 Con motivo del Día Mundial del Urbanismo, que se celebra el próximo 8 de noviembre, la Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha preparado este vídeo para glosar la importancia de la ciudad y su planificación #Urbanismo #LaLaguna
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COMUNICADO
Ante el incremento de casos activos de COVID-19 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y teniendo en cuenta que es responsabilidad de todos los actores sociales el cumplimiento de las medidas de seguridad decretadas por las distintas administraciones, dirigidas a la contención de la propagación del virus, y con el fin de evitar la adopción de medidas sanitarias más estrictas y limitadoras que pueden llegar a tener un impacto económico negativo en los negocios, las familias y en el propiomunicipio, el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna COMUNICA lo siguiente:
Primero.- Se recuerda a todos los ciudadanos, tanto en su condición de usuarios como de promotores de actividades comerciales, ya sea de negocios de hostelería y restauración como de comercios minoristas, la necesidad de dar estricto cumplimiento a las limitaciones de aforo, horarios de apertura, distanciamiento social y demás medidas de seguridad impuestas por la normativa vigente de aplicación.
Segundo.– En relación con la ocupación del dominio público con mesas y sillas de las terrazas de los establecimientos de hostelería, es preciso recordar que según lo dispuesto en el punto 11ª del Bando del Excmo. Alcalde, Luis Yeray Gutiérrez Pérez, de fecha 11 de mayo de 2020, “En consideración a la propia excepcionalidad y temporalidad de la medida, las autorizaciones estarán condicionadas a que las mesas y sillas sean retiradas, de forma inmediata, cuando se lo ordene cualquier agente de la autoridad (policía local o funcionarios en ejercicio de labores de inspección), quienes podrán ordenarlo por motivos de seguridad, salud pública o incumplimiento de las condiciones del presente Bando”.
En este sentido, y en aras de preservar las condiciones de salud pública de todos los ciudadanos y visitantes del municipio, se informa que, de forma inmediata, se va a proceder a la realización inspecciones masivas y periódicas, todos los días y en cualquier horario, para verificar el cumplimiento de las medidas en todos los establecimientos de hostelería y restauración, apercibiendo a los titulares de estas actividades, de que en caso de que se detecten incumplimientos de la medidas de seguridad señaladas o de las condiciones contempladas en el citado BANDO MUNICIPAL, se ordenará la inmediata retirada de mesas y sillas, levantándose acta que dará lugar a la tramitación del correspondiente procedimiento de revocación de la autorización provisional de mesas y sillas. Es responsabilidad de todos y de todas cumplir y hacer cumplir con todas las medidas de seguridad impuestas por las distintas administraciones territoriales para combatir la propagación del virus así como la convivencia social.
Tercero.– Por otro lado, en relación con todo tipo de establecimientos y locales con afluencia de público, se recuerda que deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2 del Acuerdo por el que se establece medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por el Gobierno de Canarias y publicado en el B.O.C. de 20 de junio de 2020, relativo a las medidas generales de aforo, limpieza, desinfección y otras medidas de prevención en todos los establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter público, entre las que se exige el deber de exponer al público el aforo máximo, que deberá incluir a los puestos de los trabajadores, asegurando que dicho aforo y la distancia de seguridad interpersonal se respeta entre los no convivientes en todo momento en su interior.
El cumplimiento de dichas medidas, también serán objeto de inspección por parte de los funcionarios públicos que ostenten potestades de inspección y de policía, quienes levantarán acta de las infracciones detectadas al objeto de tramitar los correspondientes procedimientos.
Santiago Pérez, argumenta el voto del grupo de gobierno ante la moción del Partido Popular para “defender el Orden Constitucional”
“Tenerife no la gobiernan los constructores, sus intereses son muy importantes, pero hay un interés general por el que velar a corto y a largo plazo”
El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, anima al presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, a que se presente a las elecciones “si quiere dirigir la Isla”.
Izquierdo ha criticado duramente “la torpeza crónica” de “ciertos políticos que se empeñan en paralizar las infraestructuras de la Isla”, tras el acuerdo de los Ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna para pedir al Gobierno de Canarias que elimine la llamada Vía Exterior.
“Esto es una democracia y un Estado de Derecho. Las necesidades, las oportunidades y la ordenación del suelo se fijan a través de normas jurídicas. Hay que respetar las reglas del juego. Y si a Izquierdo no le gusta la democracia que lo diga”, señaló Santiago Pérez.
Luego añadió que “Tenerife no la gobiernan los constructores, sus intereses son muy importantes, hay que tomarlos en cuenta, pero el Gobierno de la sociedad no se puede dejar exclusivamente en manos de quienes representan intereses económicos, hay un interés general por el que velar a corto y a largo plazo. Y dentro de ese interés general está el de proteger las tierras fértiles, porque cuando se destruyan ya son irrecuperables”.
El concejal insistió en que “si Izquierdo quiere dirigir la Isla que se presente a las elecciones. Él y los intereses que representa, aunque por lo visto hasta ahora no les hacía falta presentarse porque tenían a mano a los diferentes gobiernos de Coalición Canaria (CC) que han perdurado a lo largo de 30 años. Y si Fepeco considera que la Isla está desvertebrada que reclame al maestro armero, porque es evidente que durante ese tiempo han apoyado a los gobiernos de CC y muchas de las operaciones que llevaron a cabo, algunas flagrantemente al margen de la legalidad”.
Santiago Pérez lamentó la cobardía de Izquierdo “en su soflama que recuerda a las viejas editoriales de El Día. Si quiere insultarme y criticarme que tenga la gallardía y la valentía de nombrarme”. Y le recordó que “la protección de esa amplia zona de suelo agrícola de Los Baldíos no la he decidido yo, lo han decidido las normas de planeamiento insular”.
Ahora –sigue diciendo— “su reacción deja ver claramente quién dictó el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana (Pteosvam), que el Cabildo aprobó sin cumplir la normativa de ordenación insular que le obligaba a afrontar los problemas de movilidad de la Isla antes de ordenar una comarca. El sistema de planeamiento, como Izquierdo debería saber, es un sistema jerárquico, integral y ordenado, en el que no se puede utilizar una pieza y rechazar el resto. Esto no es el menú de un restaurante en el que puedas ir directamente al postre, que es lo que hicieron. Hay que tomar primer plato, segundo y luego el postre”.
Y en este caso, el segundo plato era la ordenación de la movilidad de la Isla, que todavía, a pesar de haber sido aprobado el PIOT en el año 2000, y exigirlo explícitamente, no está ordenado: movilidad, infraestructuras y sistemas del transporte. Y entonces se sabrán cuáles son las necesidades de la Isla, cómo hay que afrontarlas con criterio de futuro, y a través de qué infraestructuras hay que resolver los problemas de movilidad.
Santiago Pérez terminó diciendo que este acuerdo de los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna tiene sus antecedentes y reproduce otro adoptado por unanimidad en el Parlamento de Canarias en el año 2016: “Si a Óscar Izquierdo y a los intereses que él representa no le gustan, qué le vamos a hacer. Esta es la democracia en un Estado de Derecho”.
El Pteosvam acogota a La Laguna con una serie de piezas viarias que hipotecan y condicionan la capacidad del municipio de ordenar su propio territorio, como puede hacer cualquier otro sin más restricciones que las que imponga el interés insular. “Y el interés insular tiene que estar fijado en normas de planeamiento, no es el que sector de la construcción o cualquier otro sector económico diga”.
El propio PIOT fija con claridad que la solución a los problemas de movilidad de la Isla nunca vendrá de la receta tradicional de construir cada vez más carreteras. “Esto no lo digo yo, lo dice la norma jurídica principal que ordena el territorio en la Isla. Y si a Izquierdo tampoco le gusta esta norma que lo diga. Pero me temo que lo que no le gusta en realidad es el Estado de derecho y la democracia”, finalizó Pérez.
Para recordar. pleno 13 febrero 2020
Ambas corporaciones llevarán a pleno suspender los efectos del Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife (Pteosvam)
El Ayuntamiento de La Laguna y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife solicitarán al Gobierno de Canarias la suspensión de los efectos del Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife (Pteosvam), especialmente aquellos apartados que hacen referencia a la denominada Circunvalación Oeste o Vía Exterior.
La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha acogido este viernes una reunión en la que han tomado parte el concejal de Ordenación del Territorio de La Laguna, Santiago Pérez, y el concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, reanudando así las sesiones de trabajo que se venían celebrando con el anterior gobierno municipal de la capital insular.
En el encuentro también estuvo presente el concejal Manuel Gómez Padilla, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Laguna. Por la Gerencia de Urbanismo asistieron además su directora técnica, Yaiza Pérez Moreno, el secretario y asesor jurídico Pedro Laso, y la jefa de sección de planeamiento, la arquitecta Elena Téllez, en tanto que desde el área de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife acudió el técnico Eduardo Risueño.
“Hemos acordado presentar en los plenos del mes de noviembre en ambas corporaciones sendas mociones solicitando al Gobierno de Canarias la suspensión de los efectos del Pteosvam y en particular, de la Vía Exterior”, explica Santiago Pérez, “al menos, en tanto no se redacten los planes de ámbito insular para analizar la movilidad y el sistema de transportes de la Isla, tal y como establece el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), y en ese marco pasar a ordenar luego los transportes e infraestructuras viarias en cada una de las comarcas”.
“A partir de ahí, cada uno de los gobiernos municipales pondrá el acento en algunos aspectos y perspectivas propias de cada municipio”, continúa Santiago Pérez, quien recuerda que el municipio de La Laguna “se ve especialmente constreñido por todo un sistema viario, que no estaba recogido en el PIOT, pero que se le ha pretendido imponer a La Laguna, lo que en la práctica significaba ordenar el municipio desde el Cabildo y a través del Pteosvam”.
Santiago Pérez recuerda que el Parlamento de Canarias aprobó en 2016, por unanimidad, una proposición no de ley con el mismo objeto, “pero luego no ha tenido consecuencias prácticas; y hay que recordar que el Ayuntamiento de La Laguna, en reiteradas ocasiones, tomó acuerdos solicitando la supresión de la Vía Exterior, y sin embargo aún permanece ‘vivita y coleando’ en el actual planeamiento”.
Las mociones que se presentarán en el mes de noviembre estarán sustentadas en normas vigentes en la nueva Ley del Suelo y de Espacios Naturales de Canarias. “Esperamos que el Gobierno de Canarias, cuyos principales componentes nos han manifestado su disposición a acoger de inmediato esta petición, efectivamente la haga suya, de manera que tenga repercusiones prácticas”, ha manifestado el concejal de Ordenación del Territorio, quien cita “al recordado Pedro Molina” para advertir que si la Vía Exterior se ejecutara “comprometería grandes bolsas de suelo agrario del municipio, de prácticamente un millón de metros cuadrados, que deben ser preservados”, como así lo sostuvo la Asociación de Ganaderos de Tenerife en las alegaciones que presentó en su día al trazado de la Vía Exterior.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige el concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, velará por el desarrollo urbanístico de la ciudad Patrimonio de la Humanidad con edificaciones coherentes y ajustadas a la legalidad. Así lo ha dejado claro este miércoles el edil responsable del organismo autónomo en una rueda de prensa para informar sobre las dos actuaciones planteadas en la calle Manuel de Ossuna y Marqués de Celada “que han despertado cierto interés entre la ciudadanía”.
“Las ciudades históricas y con valor universal deben seguir creciendo, pero con un urbanismo y edificaciones coherentes y de calidad. Eso es por lo que tiene que velar la Gerencia, y si hay que modificar el Plan Especial de Protección (PEP) para intensificar los requisitos de calidad de la edificación contemporánea, se hará”, ha afirmado Santiago Pérez tras exponer los datos recabados por el área sobre el supermercado proyectado en el viejo garaje de guaguas de Marqués de Celada y la noticia difundida recientemente sobre la construcción de un nuevo edificio en el número 44 de la calle Manuel de Ossuna.
Respecto a la actuación en Marqués de Celada, el concejal ha informado de que el proyecto del equipamiento comercial ya ha obtenido la licencia de edificación en el pasado mes de agosto, conforme al PEP, y la licencia comercial preceptiva que otorga el Gobierno de Canarias debido a su envergadura, ocupando 3.200 metros cuadrados de una parcela de más de 4.000.
Si bien ya dispone de estas autorizaciones, “estamos en la obligación de estudiar el asunto a fondo, porque ha suscitado cierta inquietud entre la ciudadanía, para informar con todo el rigor y transparencia a la población” y ante las dudas que se han hallado, principalmente, en los procesos iniciales relacionados con el uso privado que se ha dado a este terreno. “Estamos haciendo una composición de lugar sobre cómo a través del PEP, tramitado y aprobado durante la etapa de Ana Oramas como alcaldesa, se modificó el Plan General de Ordenación (PGO), que preveía para esa parcela un uso residencial, porque esa no es su finalidad, y mucho menos fuera del ámbito de la ciudad protegida. Del mismo modo, analizamos cómo la propuesta del PEP que se aprueba inicialmente contemplaba la construcción de un mercado público para la Villa de Arriba y, cómo después, al límite del procedimiento, se modifica para darle un uso comercial privado”, ha explicado Santiago Pérez.
Aparte de ahondar en la recalificación de la parcela, “también hemos pedido la certificación del registro de la propiedad acreditativa de cuándo, en qué condiciones y cómo se produjo el traspaso de la propiedad de Transportes de Tenerife SL, por un precio de 4,5 millones de euros, a una sociedad constituida con un capital social insignificante y exactamente un mes después de que apareciera ya esta recalificación en el PEP”, ha añadido el concejal.
Respecto a la segunda actuación, relacionada con la construcción de un nuevo edificio en el número 44 de la calle Manuel de Ossuna, ha indicado que lo único que consta es la solicitud por parte de la empresa de una certificación de alineaciones y rasantes, sin presentar en Urbanismo un proyecto pidiendo la licencia de edificación. Ante esta situación, el edil de Ordenación del Territorio ha manifestado que, al igual que con el caso anterior, se analizará minuciosamente una vez se conozcan más detalles para así velar por el cumplimiento de la legalidad.
Santiago Pérez, no obstante, ha recordado que el Gobierno local no puede frenar de forma arbitraria ninguna actuación que cumpla con los requisitos normativos. “Si el proyecto cumple, la concesión de licencia es un acto reglado y, si la Administración se negara, incurriría en una ilegalidad más que indiciariamente constitutiva de delito”, ha señalado.
“La Gerencia de Urbanismo actuará conforme a la ley para garantizar el desarrollo adecuado de La Laguna. Una ciudad como esta debe adaptarse a los tiempos, respetando sus edificios históricos, porque, de lo contrario, sería convertida en una ruina”, ha declarado el concejal. En este punto, ha agregado que ya está “muy avanzado” el estudio encargado para actualizar el catálogo del PGO, incluyendo un conjunto de edificios que tienen valor arquitectónico y que no están protegidos hasta la fecha, de la misma forma que ya se está tramitando en la modificación del catálogo del PEP.