Santiago Pérez García asegura que el fenómeno migratorio es “fácil de manipular” y critica la descontextualización que se realiza en torno al mismo.

🎤Son declaraciones al programa “La Mañana en Canarias”, de la Cadena COPE

No se puede tratar de asociar inmigración e inseguridad al tiempo que se presenta uno como defensor de los derechos humanos”

Santiago Pérez, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, ha aprovechado la reunión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Senado para quitarle la careta a Fernando Clavijo y Coalición Canaria (CC), “que vienen a Madrid a hablar de derechos fundamentales mientras en Canarias tratan de asociar inmigración e inseguridad”.

Pérez señaló que en un contexto y circunstancias en los que la sociedad civil de las Islas está sacando adelante sus mejores energías ante el fenómeno migratorio, “no puede ser que algunos intenten ofrecer aquí una cara de defensores de los derechos humanos mientras en las Islas alientan la conflictividad”.

El senador canario añadió que “no se puede pedir que se usen los centros militares en desuso como centros de acogida, como hicieron en 2007, y al propio tiempo pedir ahora en Canarias pedir el cierre de estas instalaciones”.

No se puede –apuntó Pérez– hablar de derechos fundamentales en el Senado y luego estar jaleando entre la población el agravio comparativo, que es uno de los elementos característicos de la manipulación del fenómeno migratorio que el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pone de manifiesto”.

Ni “tratar de asociar inmigración a inseguridad como están haciendo los correligionarios del señor Clavijo en Canarias, mientras que aquí se pretenden presentar bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos”.

El senador socialista reconoció que “ha habido deficiencias, que están subrayadas en el informe del Defensor del Pueblo, que también refleja en abril una clara mejoría de la situación; ha habido vulneración de derechos humanos en un contexto muy particular que están siendo identificadas por los tribunales; pero hay una firme voluntad del Gobierno de España de actuar en todos los frentes necesarios”.

Santiago Pérez recordó que las competencias en materia de fronteras, asilo e inmigración son europeas según los Tratados de la Unión, “pero cuando se quiere manipular este asunto normalmente se decontextualiza y se trata de focalizar en el Gobierno de España, haciendo un ejercicio muy particular de la memoria, obviando por ejemplo el abandono que han sufrido los Planes África durante toda una década”.

“Los dirigentes de Coalición Canaria tratan de impedir que se les sigan escapando votos por la ultraderecha”

Oramas pasó de decir había que evitar la xenofobia a pedir que se utilizara a la Armada para evitar la llegada de cayucos a Canarias

Avante La Laguna estudia la posibilidad de reprobar en el Pleno a los ex alcaldes del municipio, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz; y al ex presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, por sus posicionamientos xenófobos y racistas ante la llegada de migrantes a Canarias como punto de paso en su camino hacia Europa.

“Los dirigentes de Coalición Canaria (CC) se han subido a la ola de la desinformación, el racismo y la xenofobia en su carrera por impedir que se les sigan escapando votos por la ultraderecha”, señalan desde Avante.

Así, están elevando progresivamente el tono de sus declaraciones y hemos tenido que escuchar a Carlos Alonso exclamando en un Pleno del Cabildo que “aquí no somos negros, somos españoles”. Y a pesar de tener la ocasión para matizarlo ha vuelto a reiterar: “Sí, me refiero que no deben de tratarnos como si fuéramos diferentes. Somos personas normales de parte del Estado español”.

Por su parte, Fernando Clavijo dijo en el Senado de que “Canarias se puede convertir en un problema, un tsunami de pobreza y exclusión social que puede transformar la vida de 2.200.000 personas. Hay familias canarias que dentro de pocos meses van a pedir, con toda la razón del mundo, que las pongan a vivir en un hotel y les den alojamiento y comida”.

Como si ellos no hubieran gobernado nunca y no tuvieran responsabilidad alguna sobre la situación socioeconómica actual de Canarias.

En esa misma intervención se refirió al año 2006, época en que las Islas vivieron otro repunte del fenómeno migratorio, señalando que el Gobierno del Estado se comportaba de otra manera.
Lo que no dice Clavijo es que en 2006 Ana Oramas pasó de decir en mayo que había que “evitar la xenofobia y apoyar al Gobierno central”, a solicitar en octubre de ese mismo año que se utilizara a la Armada para impedir la llegada de cayucos a Canarias.

Ni habla de la manifestación contra la inmigración organizada por cargos de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el apoyo del periódico El Día, que en un editorial dominical animó claramente a participar en ella, llegando a decir que “la inmigración irregular, según los estudios, conduce a condiciones sociales peligrosas”.

Algo parecido ha hecho José Alberto Díaz en un vídeo, mezclando datos para intentar vincular inmigración e inseguridad, dando a entender que los inmigrantes conflictivos van a ser expulsados de los centros de acogida y “lo que nos vamos a encontrar es con un montón de inmigrantes expulsados de esos centros en nuestras calles de La Laguna”.

Sin embargo, y lejos de los vaticinios del ex alcalde, la Delegación del Gobierno en Canarias explicó con datos que la llegada de personas a las Islas en cayucos y pateras no ha provocado un repunte de la criminalidad. Durante el último cuatrimestre de 2020 las infracciones penales cayeron un 6%, y en diciembre la reducción de las infracciones penales fue de un 16,8% en nuestra provincia.

Díaz señaló además en una carta dirigida a la ciudadanía que “exigiremos el trato preferente a los vecinos y vecinas laguneros en políticas sociales. No podemos permitir que haya gente que pueda quedarse en la calle y que les digan que no hay recursos alojativos o para cubrir sus necesidades y nos encontremos con un trato diferente respecto a los inmigrantes”.

Coalición Canaria siempre hace lo mismo cuando se produce una intensificación del fenómeno migratorio trata de aparentar que defiende los derechos humanos pero acaba totalmente embarcada en actitudes xenófobas, de la mano de personas como Onalia Bueno y sus actitudes deplorables.

Desde Avante La Laguna se recuerda finalmente que los canarios también fuimos migrantes, se reivindica el papel de nuestro municipio como lugar de acogida y se condena “este tipo de manifestaciones que solo buscan el populismo y congraciarse con una parte del electorado ultraderechista que temen perder con destino a Vox”.

Entrevista a Santiago Pérez en el programa Parlamento de la RTVC (12/04/2021)

🙋Antes de que te lo cuenten por ahí, lo vas a escuchar directamente.
 
Intervención en pleno del Consejero Delegado de MUVISA, Juan Ignacio Viciana, tras la presentación de una moción de CC, en la que se pedía su reprobación. 🧐

🙋‍♀️Hola. No te pierdas la Intervención en el pleno de hoy (08/04/2021) de nuestro portavoz Santiago Pérez García durante el debate de la moción que presentó Coalición Canaria, para la reprobación del Consejero Delegado de MUVISA.

Un poco más claro y es transparente😉

Entrevista a Santiago Pérez. Canarias Radio (6 abril 2021)

Forma parte de una letanía interminable de los cargos públicos investigados por asuntos de corrupción la de referirse, como si de un mal se tratara, a la “judicialización” de la política y la de presentarse como víctimas de una persecución política.

El Estado de Derecho tiene como finalidad civilizatoria la de establecer límites al poder, obligándolo a amoldar su ejercicio, en la forma y en el fondo, a normas jurídicas. La democracia perfeccionó el Estado de Derecho exigiendo que tanto las leyes como quienes ejercen el poder  representen la voluntad popular, expresada libremente en las urnas.

La Constitución Española se inserta en la cultura y las tradiciones de la democracia pluralista. Porque, aunque muchos insignes gobernantes no se hayan dado cuenta, hay dos clases de tradiciones democráticas. La de matriz autoritaria, que es históricamente rastreable desde la antigüedad occidental, y la de matriz liberal: la democracia pluralista.

La diferencia es básicamente ésta: la primera, identifica democracia exclusivamente como gobierno de la mayoría; la segunda como gobierno de la mayoría, pero limitado por los derechos individuales y los de las minorías protegidos por la Constitución y las leyes.

La democracia pluralista pretende fundar una sociedad abierta, donde se respeten los derechos individuales y los de las minorías y donde la alternancia política pueda ser algo más que una ficción. Y donde el poder de las mayorías, que como todo poder siempre tiende a extralimitarse, no pueda convertirse en dictadura de la mayoría.

De ahí la importancia crucial de que las reglas de juego para el acceso al poder, para fijar los fines del Estado y sus límites estén definidos por una Norma Fundamental, aprobada por amplísima mayoría, de carácter rígido: es decir, que no pueda ser modificada por la mayoría parlamentaria de turno ni por la acción del poder legislativo ordinario.

En este tipo de democracia, cuyas líneas fundamentales fueron trazadas por la Constitución Norteamericana de 1781, aún vigente, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en sentencias trascendentales como la de los casos Madbury vs. Madison o Mc Culloch vs. Maryland, es la que inspira nuestra Constitución y las constituciones que más han influido en su redacción.

Quienes hemos acumulado largos años de experiencia en el ejercicio de cargos representativos, de ámbito estatal, autonómico, insular o municipal, y al mismo tiempo desempeñado labores docentes universitarias durante 30 cursos académicos, hemos tenido la oportunidad (y el deber) de reflexionar sobre estas cosas.

Decía García de Enterría -maestro de generaciones de juristas españoles entre los que me encuentro, como tuve un día la ocasión de decirle como portavoz socialista de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado-, citando a Marcel Gauchet, que en la democracia contemporánea el principio de la separación de poderes, trascendental como mecanismo jurídico-político de limitación del poder, ya no se articula como división entre el poder legislativo y el ejecutivo. La democracia de partidos ha transformado esa división, ya que la mayoría parlamentaria (de facto) es el reflejo del Ejecutivo y no al revés. Quienes ejercen el liderazgo de partidos muy estructurados (reforzados, además, en nuestro país por un sistema electoral de listas cerradas) están en el Gobierno y dirigen férreamente la mayoría parlamentaria que sustenta lo sustenta. Y así en todos los niveles de la organización territorial del poder, el Estado de las Autonomías, cuyas instituciones de ámbito inferior al del Estado están también inspiradas en el régimen parlamentario: una asamblea representativa, surgida de las urnas, elige, apoya y puede, en su caso, censurar al gobierno autonómico, insular o municipal.

Así las cosas, según los citados autores, la separación efectiva de poderes -y, por tanto, el contrapeso frente a ese bloque formado por el gobierno y la mayoría que lo “soporta”- la conforma un circuito integrado por la oposición, una opinión pública libremente formada y un poder judicial independiente.

Miremos simplemente a nuestro alrededor y a los ejemplos que nos vengan a la mente de inmediato. Y comprobaremos no sólo la certeza de este análisis, sino cómo todos los intentos del poder de desbordar sus límites constitucionales y legales acaban desembocando en maniobras para limitar el pluralismo informativo y para mermar la independencia de los tribunales. Ejemplos de libro podemos entresacarlos de experiencias como la del veto del PP a un magistrado, de brillante trayectoria y solvencia reconocida, porque formó parte del tribunal que juzgó el caso Gürtel; o, más acá, cómo pudo haber llegado a desempeñar las más altas responsabilidades judiciales algún personaje sin más cartas de presentación que una trayectoria en cargos institucionales no judiciales bajo el manto del poder establecido.

Es en un poder judicial independiente, plenamente sometido a la Constitución y al Derecho, donde reside la garantía última de los derechos individuales, el ejercicio del poder de conformidad a los fines que lo justifican y a los límites preestablecidos por las leyes. Y, por lo tanto, la garantía de que una democracia pluralista no degenere en un sistema cerrado por la mayoría, y por de los intereses que esa mayoría pueda representar, para perpetuarse indefinidamente en el poder.

Por eso, quienes ejercemos un cargo representativo tenemos la obligación -establecida dentro de nuestro estatuto jurídico, compuesto por los derechos y deberes propios del cargo- de poner en conocimiento de los tribunales o de la fiscalía aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito de los que hayamos tenido conocimiento por razón de nuestro cargo. Es decir, que en los casos de ilegalidades más graves (las que están, por esa misma gravedad, tipificadas como delitos) el control del poder que estamos obligados a ejercer no es sólo político, sino que debemos promover el control judicial de determinados actos de alcance delictivo.

Así lo establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mandato que no reproduce la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En resumen: los cargos públicos representativos tenemos el deber de controlar no sólo políticamente al gobierno, sino también poner en marcha su control jurídico penal. No tienen los concejales, por ejemplo, el deber de impugnar los actos contrarios al Derecho Administrativo, sino la facultad de hacerlo, por graves que sean las ilegalidades cometidas; menos en el caso de que sean también constitutivas de delito.

No todos los concejales, ni los grupos de oposición, están integrados por personas con conocimientos jurídicos. Ni disponen de medios de asesoramiento. Por eso el deber denunciar los excesos delictivos del poder es, prácticamente, imposible de cumplir en la mayoría de las entidades locales. La impunidad es, por tanto, un hecho: la patente de corso que reclaman los detractores de la “judicialización” de la política.

Sin embargo, los cargos representativos que tenemos algunos conocimientos jurídicos no tenemos ninguna excusa para no cumplir ese deber. Si no lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades nos convertimos en cómplices jurídica, política y moralmente de las mayores desviaciones de poder. Y de todas las pésimas consecuencias que suelen conllevar para la buena gestión de los recursos públicos y para la limpieza del juego democrático.

Al cumplir ese deber debemos dar por sabidas de antemano las represalias. Así ha sido siempre y así continuará siendo.

Esas represalias no tienen solo como objetivo amedrentar al denunciante, no. Es mucho más grave, como lo ha sido el veto del PP al magistrado José Ricardo de Prada: se trata de desmoralizar y disuadir a quienes se sientan comprometidos con la defensa de la legalidad democrática, el interés público y los derechos de ciudadanía frente a los atropellos del poder: ¡ni se atrevan!, porque les espera lo mismo que a este.

🔴¡UN POCO DE ATENCIÓN, POR FAVOR! Que vamos a decir algo (MUY) importante.👇
✍El Grupo Prensa Ibérica, con sus dos cabeceras de El Día y La Provincia, junto a su socio necesario, Cadena Ser Canarias (Radio Club y Ser Las Palmas) ha construido un relato bastante sospechoso sobre la intención que guarda Santiago Pérez para ocupar el puesto de Senador por la Comunidad Autónoma de Canarias (que pertenece al PSOE).
📞Todo es tan chiripitifláutico que no se han molestado siquiera en descolgar el teléfono y dar la oportunidad a Pérez para que dé su versión. Nada, pero nada de nada. Ellos lo llaman periodismo. El lector que lo califique como mejor le parezca.
⁉¿Por qué les interesa construir ese relato? ¿A quién beneficia que Santiago no esté en el Senado, en caso de que el PSOE canario así lo decida? ¿A qué intereses responden esos dos satélites de los grupos de comunicación mentados? ¿Hay deudas políticas y gestiones anteriores que ahora tienen que pagar? ¿De quién es la mano qué mece la cuna?

Citados en este post:

Santiago Pérez García
PSOELaLaguna
PSOE Canarias
CADENA SER Las Palmas
Radio Club Tenerife – Cadena SER
La Provincia
El Día

 La Gerencia valorará cada una de las posibles propuestas que no comprometan la futura planificación sobre la base del consenso

 El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Ordenación del Territorio que dirige Santiago Pérez, valorará con los vecinos y vecinas posibles modificaciones menores en la ordenación municipal, siempre que sean consensuadas y no comprometan las directrices del futuro Plan General de Ordenación (PGO).

En el marco de una reunión informativa con diversas plataformas ciudadanas para abordar el seguimiento del PGO, el edil hizo un repaso sobre la tramitación, que se viene abordando desde el año 2009, y la necesidad que hubo de retrotraer todo el procedimiento de aprobación para adaptar el trámite de evaluación ambiental estratégica a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos.

En ese contexto, el concejal de Urbanismo se refirió a la Agenda 2030 y al covid-19, “dos elementos de importancia para el futuro” de las ciudades, no solo en el caso de La Laguna y más allá del documento municipal de ordenación, como referencias para un modelo más sostenible y eficaz ante los próximos retos. Por ello, planteó la oportunidad de realizar un estudio previo que fije una “estrategia de ciudad única” y que posibilite acometer mejor las adaptaciones del Plan General.

Al encuentro telemático acudieron representantes de las plataformas vecinales del camino de La Villa, Los Molinos-San Honorato, Tejina, Guamasa y Valle de Guerra. En la cita estuvieron presentes también, por parte de la Gerencia de Urbanismo, la directora técnica de Ordenación del Territorio, Yaiza Pérez Moreno; el secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Pedro Lasso Navarro; y la jefa del Servicio de Planes y Planificación, Ana Isabel Abreu Rosado.

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tuvo lugar la firma del Acuerdo de París, en el que 193 países se comprometieron, el 25 de septiembre de 2015, con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Estos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, con el fin de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. Así, la Agenda 2030 aparece como un documento estratégico no normativo de adhesión y un método de trabajo o guía para concienciar hacia ese camino.

Por otro lado, la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el covid-19 y la rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requieren la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. En este sentido, Santiago Pérez señaló que esta pandemia ha afectado a todas las esferas de la sociedad, incluyendo el modelo de ciudad, y ha generado dificultades en los núcleos de población que deben ser afrontadas.

A la vista de estos acontecimientos, el edil afirmó que a La Laguna se le plantean diferentes retos, como por ejemplo la sostenibilidad, la búsqueda de la inclusividad y la igualdad, el desarrollo sostenible, el envejecimiento de la población, el futuro de los jóvenes, la capacidad para adaptar sus sistemas productivos, la incorporación del teletrabajo, el cuidado de menores y de personas dependientes y el estándar de calidad de la vivienda.

Ante ese escenario, y teniendo en cuenta que se va a proceder a la retroacción del procedimiento de aprobación del PGO, se considera adecuado concluir con dicho procedimiento para realizar un estudio previo sobre el futuro modelo de ciudad, que permita afrontar más adelante un nuevo proceso dentro de una estrategia de “ciudad única”.

Santiago Pérez, no obstante, transmitió que la intención es aprovechar los trabajos ya hechos durante la tramitación del Plan General y mostró su deseo de mantener el diálogo y el consenso con las distintas plataformas vecinales. Bajo este compromiso, informó de que se valorará la posibilidad de ir acometiendo, de manera paralela y por la vía de las modificaciones menores del PGO vigente, algunos cambios de ordenación necesarios, siempre que atiendan a intereses generales y no comprometan las directrices del futuro documento municipal. Con este objetivo, desde los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo se analizarán y valorarán las propuestas planteadas por la ciudadanía.