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“Es un pésimo mensaje para la ciudadanía: no hay una ley para todos, cualquier personaje puede maniobrar para zafarse de los jueces y tribunales predeterminados por la Ley y aforarse para elegir al Tribunal que le archive la causa”

Santiago Pérez señala que la denuncia de la prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias que dio lugar al Caso Grúas, cuyos indicios fueron confirmados reiteradamente por la Audiencia Provincial de Tenerife y avalados por la Fiscalía Anticorrupción, a través de un Informe muy amplio y fundamentado, fue presentada por los concejales de la oposición EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL (artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Los hechos delictivos no se reducían, ni mucho menos, a la concesión de un préstamo con dinero público a una empresa que los amigos de Clavijo llevaron a la quiebra, por lo que debía ser disuelta de acuerdo con la legislación mercantil, con importantes deudas con la Seguridad Social, con la Hacienda Pública y con los trabajadores (algunos de los cuales todavía no han cobrado sus salarios de aquella etapa, a pesar de que el préstamo se concedió por Clavijo y compañía con la excusa de que era para pagar los salarios atrasados).

A una empresa en quiebra, ningún banco le habría concedido un préstamo; pero Clavijo, a la empresa de sus amigos, SÍ. Y con dinero de los contribuyentes laguneros.

Lo más grave del caso Grúas es con diferencia haberle concedido la prórroga del contrato por cinco años, comprometiendo más de 3 millones de euros de dinero público, a una empresa en situación de quiebra, gravemente incumplidora de sus obligaciones contractuales y que no estaba en condiciones de garantizar la gestión del servicio.

Un contrato que debió ser resuelto por imperativo legal, como pusieron de manifiesto los funcionarios interventores a los que el Ayuntamiento encargó el examen y la gestión de la empresa cuando tuvo que ser intervenida en los primeros meses de 2014.

Una prórroga cuya ilegalidad fue advertida reiteradamente por el Interventor General, que es quien ejerce el control previo de legalidad de cualquier acuerdo del que puedan derivarse obligaciones con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento.

La concesión ilegal de la prórroga del contrato es el hecho más grave del Caso Grúas, que la Sra. Celia Blanco ni menciona en su Memoria razonada, ni el Sr. Marchena se ha interesado por conocer y examinar.

Pésimo mensaje para la ciudadanía: no hay una ley para todos; cualquier personaje puede maniobrar para zafarse de los jueces y tribunales predeterminados por la Ley y aforarse y, si tiene dinero contratar al abogado de Cristiano Ronaldo, o si prefieren al Cristiano Ronaldo de los abogados, y elegir al Tribunal que le archive la causa (cosa que Clavijo intentó reiteradas veces, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, bajo la advocación de Antonio Doreste, incluso después de que ese privilegio fuera suprimido en el nuevo Estatuto de Autonomía).

Mensaje desmoralizador para los funcionarios públicos, especialmente para los que tienen la responsabilidad de controlar legalidad de los actos de los gobernantes: encarguen un dictamen a la medida a unos catedráticos de postín, ninguneen a los funcionarios públicos, que el Sr. Marchena lo utilizará como salvoconducto, al margen de que dicho dictamen no se refería a lo más grave del Caso Grúas: la prórroga del contrato que debió ser resuelto, a una  empresa gravemente incumplidora de sus obligaciones y  en situación de quiebra.

Clavijo habla de ganar las elecciones como si fuera el Cid Campeador electoral: llegó a la Alcaldía sin presentarse a las elecciones, designado monárquicamente por Ana Oramas, que en su día también llegó a la Alcaldía gracias al PP, después de perder las elecciones frente al PSOE.

Luego Clavijo perdió, desde el poder, la mayoría absoluta que Oramas le regaló. Nadie en La Laguna recuerda nada de interés que Clavijo hiciera en 7 años de alcalde; luego fue derrotado en votos por Patricia Hernández y se convirtió en presidente gracias a una Ley Electoral trucada; y, desde que se introdujeron cambios moderadamente democratizadores en esa ley electoral perdió las elecciones de 2019, en votos y en escaños, y la presidencia del Gobierno.

Y, en lugar de ejercer la oposición, dejó a Coalición Canaria como a un pollo sin cabeza en el Parlamento para refugiarse en el Senado y no rendir cuentas de sus fechorías aquí, en Canarias, ante los jueces que investigan y juzgan a los canaritos de a pié. Dando un ejemplo de cobardía infinito.

Santiago Pérez lamenta finalmente que traten de escudarse de nuevo en las familias. Como si quienes hemos sufrido auténticas campañas de desprestigio por parte de la prensa y los medios del Régimen de Coalición Canaria –y no precisamente por haber cometido delitos, sino por defender la legalidad– no tuviéramos familia.

 

Santiago Pérez quiere saber “si el senador prófugo de la justicia canaria está junto a los impostores que quieren apropiarse de la Constitución de 1978”

El concejal lagunero Santiago Pérez, tras asegurar que le tiene sin cuidado que Coalición Canaria (CC) le abra o no un expediente a Ana Oramas, “eso es una cuestión de ellos, de administrar la poquísima credibilidad que aún les queda”; exige que Fernando Clavijo, senador prófugo de la justicia canaria, aclare si está alineado como ella con los ultraderechistas que quieren cargarse el Estado de las Autonomías.
 
Santiago Pérez considera que tiene “derecho a saber, como cualquier canario, si el senador prófugo, Fernando Clavijo, está en la misma onda que Oramas y por tanto ha abjurado de aquella defensa que hizo, siendo alcalde de La Laguna, de Canarias como Estado libre asociado, que nadie sabe muy bien lo que significaba y desde luego él tampoco”.
 
“Quiero saber –siguió Pérez– si está de acuerdo con las soflamas ultraderechistas de Oramas, entre otras razones porque él es senador prófugo por la Comunidad Autónoma. Y aunque sea prófugo de la justicia canaria desempeña un cargo en el que nos representa a todos los canarios”.
 
El concejal lagunero insiste en saber “si defiende el alineamiento de Oramas con fuerzas políticas ultraderechistas en cuyo vademécun está cargarse el Estado de las Autonomías para volver a un Estado autoritario y centralista”.
 
“Tengo derecho a saber –finaliza diciendo– si se ha alineado con los impostores que pretenden apropiarse de la Constitución de 1978, como si esa Constitución sólo tuviera un artículo, el artículo primero en el que se consagra la unidad de España. Como si esa Constitución no tuviera siquiera el artículo 2, en el que se reconoce el derecho de nacionalidades y regiones al autogobierno en el marco de la unidad de España bajo el principio de solidaridad entre todas ellas”.
 
Foto: Diario de Avisos