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Declaraciones de Santiago Pérez sobre el Caso Reparos (07/11020)

El concejal lagunero Santiago Pérez, tras la declaración del ex concejal Javier Abreu en el marco del caso Reparos, señala que “las cosas que tenga que decir sobre las manifestaciones de Abreu, tan escandalosas como infundadas, además a preguntas de Víctor Díaz, el abogado del ex alcalde José Alberto Díaz, las responderé, como es mi obligación, si soy citado por la Fiscalía o por los jueces”.

Será en ese momento –añade– “cuando explique lo que tenga que explicar sobre unas declaraciones vertidas en un juicio, en un acto procesal, en el que la Fiscalía estaba presente y por tanto tenía la obligación de hacer lo que hizo. Este es un Estado de Derecho y en consecuencia nada que objetar al criterio de la Fiscalía”.

Santiago Pérez reitera que “lo que deba explicar lo haré en sede judicial, si soy citado al efecto”; pero advierte que “las afirmaciones vertidas en juicio sobre hechos inciertos, atribuyéndome hechos que pudieran ser delictivos, me obligarán a proceder a la defensa de mi honor”.

“Es un ataque contra mí –añade–, pero también destinado a minar la credibilidad del interventor, y eso es grave. Además, no es él el único que advierte con reparos de ilegalidad en estos expedientes, también lo hacen muchos otros funcionarios adscritos a la Secretaría General del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos o del Servicio de fiscalización y control todos ellos en desempeño de sus funciones de asesoramiento y control de legalidad”.

ES EL PRECIO QUE TIENE QUE PAGAR EL QUE ASUME EL COMPROMISO DE DEFENDER LA LEGALIDAD Y LOS INTERESES PÚBLICOS, FRENTE A TODA ESTA MARAÑA.

“Así que no es la primera vez –siguió– que tengo que afrontar una reacción y unos ataques de esta naturaleza como los que se prodigan hoy en algunos medios de comunicación, los rescoldos de lo que ha sido durante demasiado tiempo un Régimen muy degradado, instalado en las principales instituciones del Archipiélago”.

Medios de comunicación (Cadena SER, El Día y La Provincia) que por cierto “no han considerado noticiable la reapertura del caso Grúas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz, notificada ayer mismo a las partes, que le aplica un nuevo correctivo a la jueza que decidió archivarlo –a imitación del Juez Marchena, del Tribunal Supremo– sin explicar los fundamentos jurídicos de esa decisión. Por eso recurrimos el archivo del Caso Grúas “de aquí” ante la Audiencia Provincial, que nos acaba de dar la razón. Y ante el Tribunal Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo, el archivo “de allá”.

Santiago Pérez recuerda que “lo mismo ocurrió con el caso de Las Teresitas y todo el mundo sabe cómo terminó, y sobre todo con la recuperación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 100 millones de euros, que es la suma que se le había defraudado a los contribuyentes santacruceros”.

EL CASO REPAROS ES TAN GRAVE DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y ECONÓMICO COMO SENCILLO JURIDICAMENTE.

Este caso, que tiene protagonistas principales y actores secundarios, no se sustenta en dimes y diretes, ni en declaraciones testificales o en intervenciones telefónicas ni en nada por el estilo.

Es un caso que se sustenta exclusivamente en documentación oficial, que consiste en una larga ristra de decretos, más de 140, dictados contra las advertencias de ilegalidad que constantemente formuló la Intervención General del Ayuntamiento (cuya función es controlar previamente la legalidad de cualquier acto o resolución que conlleve obligaciones económicas para la Hacienda del Ayuntamiento y por lo tanto para los intereses de los contribuyentes laguneros).

Las cuatro denuncias que “formulamos sucesivamente contra esta práctica ilegal y en mi opinión delictiva fueron realizadas en cumplimiento de un deber legal que nos impone a los funcionarios y cargos públicos el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos obliga a dar traslado a la fiscalía o los tribunales de aquellos actos o hechos que conozcamos en el ejercicio de nuestros cargos y puedan ser constitutivos de delito”.

El caso Reparos “fue denunciado al Juzgado por mí en enero de 2018 después de llevar advirtiendo al Gobierno municipal de entonces desde principios de 2016, advertencias que reiteré en 2017, que había que cortar radicalmente con aquella práctica ilegal. Así consta literalmente en las actas del Pleno. Pero no hacían el menor caso, en una especie de burla a la función de control que desde el punto de vista legal ejercen el Interventor y los funcionarios públicos y, desde el punto de vista político, la oposición. Una burla que se prolongó a lo largo de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, es decir hasta que cayó el Gobierno de CC tras las últimas elecciones”, añade Pérez.

Y deja claro que “desde entonces no se ha producido ninguna resolución del nuevo Gobierno en contra de las advertencias de ilegalidad de la Intervención. Y esto lo ha recogido un Informe de Intervención General remitido al Pleno recientemente”.

Tras un largo período de pasividad por parte del Juzgado y de la Fiscalía, a mediados de 2019, y después de solicitar insistentemente al Juzgado que diera impulso a la investigación, “presentamos un escrito en la Fiscalía Anticorrupción relatando en qué consistía el caso Reparos, fundamentando que estaba dentro de sus competencias, invocando el Estatuto de esa Fiscalía Especial y solicitando que ejerciera sus atribuciones”.

La Fiscalía Anticorrupción examinó el asunto y pasó a impulsar la acusación pública mediante un informe muy argumentado, de 156 folios, que se conoció hace algunos meses. “Esta es la realidad de lo que ha ocurrido”, concluye diciendo.

San Cristóbal de La Laguna

06/11/2020

 

“Menos mal que no eran nada ni el caso Grúas ni el caso Reparos, para el que vuelve a llamar a Choclán, porque si no habría contratado a Perry Mason

“¿Es el mismo Clavijo partidario del Estado Libre Asociado el que forzó la máquina para convertirse en senador y valerse del fuero, una antigualla del más antiguo régimen nobiliario estamental, y zafarse de los jueces y tribunales ordinarios que nos investigan y en su caso juzgan a los canarios de a pie?”

El concejal de La Laguna, Santiago Pérez, considera un alarde de desvergüenza infinito que Fernando Clavijo, el ex alcalde del municipio, “pretenda que los laguneros paguemos 55.000 euros de los honorarios que pactó con su abogado Choclán como ciudadano”, con partidas absolutamente grotescas como el concepto de “35 horas de consulta” a razón de 350 euros la hora: 12.550 euros.

Más allá de que los honorarios que ahora solicita Clavijo los haya pactado solo él con su abogado, incluyendo pagos específicos “a éxito” que aún está por ver; la jurisprudencia ha dejado claro que los requisitos para que un ayuntamiento indemnice los gastos de defensa jurídica es que se haya actuado dentro de la legalidad y en defensa del interés general.

Y estamos ante una desviación de poder con la que Clavijo ayudó a unos amigos suyos, a los que primero metió en la empresa de las grúas y luego ayudó a convertirse en dueños. Es un asunto que está más que probado, informado en contra por la Intervención General, y reconocido por los propios amigos de Clavijo en el Juzgado. Es un asunto que vamos a tener que discutir aquí, para el que no hay aforamiento, se va a discutir en esta tierra y no en la Corte de Marchena”, añade Pérez.

El concejal se pregunta si “¿no hay un abogado ni una abogada en estas islas de dios capaces y competentes para defender al señor Clavijo, que tiene que recurrir al abogado peninsular de las estrellas, para que interceda por él, San Choclán, ante la Corte de Marchena? ¿Clavijo dice que el caso Grúas no era nada, y el caso Reparos tampoco, pero contrata al abogado de las estrellas?Entonces, si hubieran sido algo, ¿habría contratado a Perry Mason?”.

Por otra parte, “si el señor Choclán ha tenido que dedicar 35 horas de consulta y confesión con el señor Clavijo para el caso Grúas, y consiste en dos decretos, ¿cómo será en el caso Reparos que consta de 46 decretos ilegales dictados por el señor Clavijo, como ilegales fueron los dictados por él en el caso Grúas? ¿Cuánto nos va a costar a los laguneros a razón de 350 euros la hora? Simplemente hay que hacer las cuentas de la tienda de la esquina.

Santiago Pérez se pregunta también si “¿este señor Clavijo no es el mismo que en los primeros tiempos de su etapa como alcalde se mostraba partidario del Estado Libre Asociado? ¿Y ahora se convierte, forzando la máquina, en senador, simplemente para acogerse al fuero y zafarse de los jueces y tribunales ordinarios que nos investigan y en su caso nos juzgan a los canarios de a pie?”.

Se acoge el señor Clavijo a lo peor de la peor herencia del Estado español: aquél en el que había una aristocracia que tenía el privilegio de disponer de jueces para ellos y luego había otros para el pueblo. Pero además lo hace abusando del fuero. Porque el fuero de diputados, senadores y miembros del Gobierno tiene sentido cuando los cargos aforados están siendo investigados por actos que realizaron en el ejercicio del cargo por el que están aforados.

Sin embargo, es ya tradicional, y ahí juega la picaresca española incluso para estos nacionalistas de chochos y moscas, que algunos individuos que han cometido andanzas delictivas a lo largo y ancho de la geografía institucional española se conviertan en senadores para aforarse y no tener que rendir cuentas en los tribunales ordinarios de sus respectivos territorios. ¿Este Clavijo no es el mismo, o es otra persona la que defendía el Estado Libre Asociado hace no tanto tiempo, cuando era alcalde de La Laguna?”.

Santiago Pérez añade que Coalición Canaria (CC) “está entrando en una espiral disparatada con su desconfianza absoluta en las instituciones de nuestra tierra, los órganos judiciales naturales que investigan y juzgan a los canarios. Se los puede criticar, como al Ministerio Fiscal, claro que sí, en democracia, con argumentos jurídicos, y no con las teorías conspiratorias que es la única forma que tiene Clavijo de balbucear algo en la vida política.

La teoría conspiratoria, porque Clavijo, igual que mucha gente de CC, creen que todos somos como ellos, que cuando hay poder se abusa del poder para intentar controlar o presionar a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal; se utiliza el dinero público para comprar a los medios informativos e instaurar la censura como han hecho en esta Isla durante años, y puedo atestiguarlo en primera persona con medios como Radio Club, emisora de la cadena SER en la que su código de estilo periodístico resulta irreconocible, bajo la batuta de la gran aliada de Clavijo, la señora Lourdes Santana. Y no digamos El Día, la antigua Opinión e incluso la COPE.

Pérez termina diciendo que “Clavijo no ha tenido la valentía ni la seriedad de quedarse en el Parlamento de Canarias a ejercer la jefatura de la oposición, dejando al Grupo de CC absolutamente descabezado. Se mandó a mudar al Senado para aforarse y utilizar el fuero, una antigualla del más antiguo régimen nobiliario, estamental y precontemporáneo, para refugiarse en ese tribunal de aforamiento de sus andanzas al frente de la alcaldía de La Laguna

Abusar del fuero a pesar de que el Consejo de Estado ha dicho que si tiene alguna razón de ser en la actualidad es solo para la investigación y el enjuiciamiento que el cargo aforado haya realizado en ese cargo por el que está aforado, y no en una vida pasada al frente de alcaldías a lo largo y ancho de la geografía española.