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Declaraciones de Santiago Pérez sobre el Caso Reparos (07/11020)

El concejal lagunero Santiago Pérez, tras la declaración del ex concejal Javier Abreu en el marco del caso Reparos, señala que “las cosas que tenga que decir sobre las manifestaciones de Abreu, tan escandalosas como infundadas, además a preguntas de Víctor Díaz, el abogado del ex alcalde José Alberto Díaz, las responderé, como es mi obligación, si soy citado por la Fiscalía o por los jueces”.

Será en ese momento –añade– “cuando explique lo que tenga que explicar sobre unas declaraciones vertidas en un juicio, en un acto procesal, en el que la Fiscalía estaba presente y por tanto tenía la obligación de hacer lo que hizo. Este es un Estado de Derecho y en consecuencia nada que objetar al criterio de la Fiscalía”.

Santiago Pérez reitera que “lo que deba explicar lo haré en sede judicial, si soy citado al efecto”; pero advierte que “las afirmaciones vertidas en juicio sobre hechos inciertos, atribuyéndome hechos que pudieran ser delictivos, me obligarán a proceder a la defensa de mi honor”.

“Es un ataque contra mí –añade–, pero también destinado a minar la credibilidad del interventor, y eso es grave. Además, no es él el único que advierte con reparos de ilegalidad en estos expedientes, también lo hacen muchos otros funcionarios adscritos a la Secretaría General del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos o del Servicio de fiscalización y control todos ellos en desempeño de sus funciones de asesoramiento y control de legalidad”.

ES EL PRECIO QUE TIENE QUE PAGAR EL QUE ASUME EL COMPROMISO DE DEFENDER LA LEGALIDAD Y LOS INTERESES PÚBLICOS, FRENTE A TODA ESTA MARAÑA.

“Así que no es la primera vez –siguió– que tengo que afrontar una reacción y unos ataques de esta naturaleza como los que se prodigan hoy en algunos medios de comunicación, los rescoldos de lo que ha sido durante demasiado tiempo un Régimen muy degradado, instalado en las principales instituciones del Archipiélago”.

Medios de comunicación (Cadena SER, El Día y La Provincia) que por cierto “no han considerado noticiable la reapertura del caso Grúas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz, notificada ayer mismo a las partes, que le aplica un nuevo correctivo a la jueza que decidió archivarlo –a imitación del Juez Marchena, del Tribunal Supremo– sin explicar los fundamentos jurídicos de esa decisión. Por eso recurrimos el archivo del Caso Grúas “de aquí” ante la Audiencia Provincial, que nos acaba de dar la razón. Y ante el Tribunal Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo, el archivo “de allá”.

Santiago Pérez recuerda que “lo mismo ocurrió con el caso de Las Teresitas y todo el mundo sabe cómo terminó, y sobre todo con la recuperación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 100 millones de euros, que es la suma que se le había defraudado a los contribuyentes santacruceros”.

EL CASO REPAROS ES TAN GRAVE DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y ECONÓMICO COMO SENCILLO JURIDICAMENTE.

Este caso, que tiene protagonistas principales y actores secundarios, no se sustenta en dimes y diretes, ni en declaraciones testificales o en intervenciones telefónicas ni en nada por el estilo.

Es un caso que se sustenta exclusivamente en documentación oficial, que consiste en una larga ristra de decretos, más de 140, dictados contra las advertencias de ilegalidad que constantemente formuló la Intervención General del Ayuntamiento (cuya función es controlar previamente la legalidad de cualquier acto o resolución que conlleve obligaciones económicas para la Hacienda del Ayuntamiento y por lo tanto para los intereses de los contribuyentes laguneros).

Las cuatro denuncias que “formulamos sucesivamente contra esta práctica ilegal y en mi opinión delictiva fueron realizadas en cumplimiento de un deber legal que nos impone a los funcionarios y cargos públicos el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos obliga a dar traslado a la fiscalía o los tribunales de aquellos actos o hechos que conozcamos en el ejercicio de nuestros cargos y puedan ser constitutivos de delito”.

El caso Reparos “fue denunciado al Juzgado por mí en enero de 2018 después de llevar advirtiendo al Gobierno municipal de entonces desde principios de 2016, advertencias que reiteré en 2017, que había que cortar radicalmente con aquella práctica ilegal. Así consta literalmente en las actas del Pleno. Pero no hacían el menor caso, en una especie de burla a la función de control que desde el punto de vista legal ejercen el Interventor y los funcionarios públicos y, desde el punto de vista político, la oposición. Una burla que se prolongó a lo largo de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, es decir hasta que cayó el Gobierno de CC tras las últimas elecciones”, añade Pérez.

Y deja claro que “desde entonces no se ha producido ninguna resolución del nuevo Gobierno en contra de las advertencias de ilegalidad de la Intervención. Y esto lo ha recogido un Informe de Intervención General remitido al Pleno recientemente”.

Tras un largo período de pasividad por parte del Juzgado y de la Fiscalía, a mediados de 2019, y después de solicitar insistentemente al Juzgado que diera impulso a la investigación, “presentamos un escrito en la Fiscalía Anticorrupción relatando en qué consistía el caso Reparos, fundamentando que estaba dentro de sus competencias, invocando el Estatuto de esa Fiscalía Especial y solicitando que ejerciera sus atribuciones”.

La Fiscalía Anticorrupción examinó el asunto y pasó a impulsar la acusación pública mediante un informe muy argumentado, de 156 folios, que se conoció hace algunos meses. “Esta es la realidad de lo que ha ocurrido”, concluye diciendo.

San Cristóbal de La Laguna

06/11/2020

 

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, asegura que “no tengo criterio para conocer si el acuartelamiento de Las Canteras es apto para acoger migrantes”. Añade que desde el Ayuntamiento se han ofrecido otros espacios como alternativa. Por otro lado, el concejal no ve viable hacer una vía de circunvalación en La Laguna.

Santiago Pérez, argumenta el voto del grupo de gobierno ante la moción del Partido Popular para “defender el Orden Constitucional”

Tenerife no la gobiernan los constructores, sus intereses son muy importantes, pero hay un interés general por el que velar a corto y a largo plazo”

El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, anima al presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, a que se presente a las elecciones “si quiere dirigir la Isla”.

Izquierdo ha criticado duramente “la torpeza crónica” de “ciertos políticos que se empeñan en paralizar las infraestructuras de la Isla”, tras el acuerdo de los Ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna para pedir al Gobierno de Canarias que elimine la llamada Vía Exterior.

Esto es una democracia y un Estado de Derecho. Las necesidades, las oportunidades y la ordenación del suelo se fijan a través de normas jurídicas. Hay que respetar las reglas del juego. Y si a Izquierdo no le gusta la democracia que lo diga”, señaló Santiago Pérez.

Luego añadió que “Tenerife no la gobiernan los constructores, sus intereses son muy importantes, hay que tomarlos en cuenta, pero el Gobierno de la sociedad no se puede dejar exclusivamente en manos de quienes representan intereses económicos, hay un interés general por el que velar a corto y a largo plazo. Y dentro de ese interés general está el de proteger las tierras fértiles, porque cuando se destruyan ya son irrecuperables”.

El concejal insistió en que “si Izquierdo quiere dirigir la Isla que se presente a las elecciones. Él y los intereses que representa, aunque por lo visto hasta ahora no les hacía falta presentarse porque tenían a mano a los diferentes gobiernos de Coalición Canaria (CC) que han perdurado a lo largo de 30 años. Y si Fepeco considera que la Isla está desvertebrada que reclame al maestro armero, porque es evidente que durante ese tiempo han apoyado a los gobiernos de CC y muchas de las operaciones que llevaron a cabo, algunas flagrantemente al margen de la legalidad”.

Santiago Pérez lamentó la cobardía de Izquierdo “en su soflama que recuerda a las viejas editoriales de El Día. Si quiere insultarme y criticarme que tenga la gallardía y la valentía de nombrarme”. Y le recordó que “la protección de esa amplia zona de suelo agrícola de Los Baldíos no la he decidido yo, lo han decidido las normas de planeamiento insular”.

Ahora –sigue diciendo— “su reacción deja ver claramente quién dictó el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana (Pteosvam), que el Cabildo aprobó sin cumplir la normativa de ordenación insular que le obligaba a afrontar los problemas de movilidad de la Isla antes de ordenar una comarca. El sistema de planeamiento, como Izquierdo debería saber, es un sistema jerárquico, integral y ordenado, en el que no se puede utilizar una pieza y rechazar el resto. Esto no es el menú de un restaurante en el que puedas ir directamente al postre, que es lo que hicieron. Hay que tomar primer plato, segundo y luego el postre”.

Y en este caso, el segundo plato era la ordenación de la movilidad de la Isla, que todavía, a pesar de haber sido aprobado el PIOT en el año 2000, y exigirlo explícitamente, no está ordenado: movilidad, infraestructuras y sistemas del transporte. Y entonces se sabrán cuáles son las necesidades de la Isla, cómo hay que afrontarlas con criterio de futuro, y a través de qué infraestructuras hay que resolver los problemas de movilidad.

Santiago Pérez terminó diciendo que este acuerdo de los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna tiene sus antecedentes y reproduce otro adoptado por unanimidad en el Parlamento de Canarias en el año 2016: “Si a Óscar Izquierdo y a los intereses que él representa no le gustan, qué le vamos a hacer. Esta es la democracia en un Estado de Derecho”.

El Pteosvam acogota a La Laguna con una serie de piezas viarias que hipotecan y condicionan la capacidad del municipio de ordenar su propio territorio, como puede hacer cualquier otro sin más restricciones que las que imponga el interés insular. “Y el interés insular tiene que estar fijado en normas de planeamiento, no es el que sector de la construcción o cualquier otro sector económico diga”.

El propio PIOT fija con claridad que la solución a los problemas de movilidad de la Isla nunca vendrá de la receta tradicional de construir cada vez más carreteras. “Esto no lo digo yo, lo dice la norma jurídica principal que ordena el territorio en la Isla. Y si a Izquierdo tampoco le gusta esta norma que lo diga. Pero me temo que lo que no le gusta en realidad es el Estado de derecho y la democracia”, finalizó Pérez.

Para recordar. pleno 13  febrero 2020

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, que dirige el concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, velará por el desarrollo urbanístico de la ciudad Patrimonio de la Humanidad con edificaciones coherentes y ajustadas a la legalidad. Así lo ha dejado claro este miércoles el edil responsable del organismo autónomo en una rueda de prensa para informar sobre las dos actuaciones planteadas en la calle Manuel de Ossuna y Marqués de Celada “que han despertado cierto interés entre la ciudadanía”.

“Las ciudades históricas y con valor universal deben seguir creciendo, pero con un urbanismo y edificaciones coherentes y de calidad. Eso es por lo que tiene que velar la Gerencia, y si hay que modificar el Plan Especial de Protección (PEP) para intensificar los requisitos de calidad de la edificación contemporánea, se hará”, ha afirmado Santiago Pérez tras exponer los datos recabados por el área sobre el supermercado proyectado en el viejo garaje de guaguas de Marqués de Celada y la noticia difundida recientemente sobre la construcción de un nuevo edificio en el número 44 de la calle Manuel de Ossuna.

Respecto a la actuación en Marqués de Celada, el concejal ha informado de que el proyecto del equipamiento comercial ya ha obtenido la licencia de edificación en el pasado mes de agosto, conforme al PEP, y la licencia comercial preceptiva que otorga el Gobierno de Canarias debido a su envergadura, ocupando 3.200 metros cuadrados de una parcela de más de 4.000.

Si bien ya dispone de estas autorizaciones, “estamos en la obligación de estudiar el asunto a fondo, porque ha suscitado cierta inquietud entre la ciudadanía, para informar con todo el rigor y transparencia a la población” y ante las dudas que se han hallado, principalmente, en los procesos iniciales relacionados con el uso privado que se ha dado a este terreno. “Estamos haciendo una composición de lugar sobre cómo a través del PEP, tramitado y aprobado durante la etapa de Ana Oramas como alcaldesa, se modificó el Plan General de Ordenación (PGO), que preveía para esa parcela un uso residencial, porque esa no es su finalidad, y mucho menos fuera del ámbito de la ciudad protegida. Del mismo modo, analizamos cómo la propuesta del PEP que se aprueba inicialmente contemplaba la construcción de un mercado público para la Villa de Arriba y, cómo después, al límite del procedimiento, se modifica para darle un uso comercial privado”, ha explicado Santiago Pérez.

Aparte de ahondar en la recalificación de la parcela, “también hemos pedido la certificación del registro de la propiedad acreditativa de cuándo, en qué condiciones y cómo se produjo el traspaso de la propiedad de Transportes de Tenerife SL, por un precio de 4,5 millones de euros, a una sociedad constituida con un capital social insignificante y exactamente un mes después de que apareciera ya esta recalificación en el PEP”, ha añadido el concejal.

Respecto a la segunda actuación, relacionada con la construcción de un nuevo edificio en el número 44 de la calle Manuel de Ossuna, ha indicado que lo único que consta es la solicitud por parte de la empresa de una certificación de alineaciones y rasantes, sin presentar en Urbanismo un proyecto pidiendo la licencia de edificación. Ante esta situación, el edil de Ordenación del Territorio ha manifestado que, al igual que con el caso anterior, se analizará minuciosamente una vez se conozcan más detalles para así velar por el cumplimiento de la legalidad.

Santiago Pérez, no obstante, ha recordado que el Gobierno local no puede frenar de forma arbitraria ninguna actuación que cumpla con los requisitos normativos. “Si el proyecto cumple, la concesión de licencia es un acto reglado y, si la Administración se negara, incurriría en una ilegalidad más que indiciariamente constitutiva de delito”, ha señalado.

“La Gerencia de Urbanismo actuará conforme a la ley para garantizar el desarrollo adecuado de La Laguna. Una ciudad como esta debe adaptarse a los tiempos, respetando sus edificios históricos, porque, de lo contrario, sería convertida en una ruina”, ha declarado el concejal. En este punto, ha agregado que ya está “muy avanzado” el estudio encargado para actualizar el catálogo del PGO, incluyendo un conjunto de edificios que tienen valor arquitectónico y que no están protegidos hasta la fecha, de la misma forma que ya se está tramitando en la modificación del catálogo del PEP.

Se establece también la prioridad de perseguir las infracciones cuyo plazo de prescripción está más cercano en el tiempo, “para tratar de evitar la impunidad”, sostiene Santiago Pérez

El concejal de Ordenación del Territorio de La Laguna y director de la Gerencia de Urbanismo, Santiago Pérez, ha dictado una instrucción que reordena las prioridades de la disciplina urbanística, establece planes objetivos para su actuación y pone el foco en las grandes infracciones urbanísticas en el municipio.

Hemos dictado una instrucción inédita, muy detallada, que marca las prioridades del Gobierno municipal en esta materia”, explica Santiago Pérez, quien defiende que “primero es preciso atajar la gran infracción urbanística, aquella que supone una vulneración más grave del ordenamiento jurídico y la que más repercusiones tiene sobre el territorio”. Igualmente se establece la prioridad de perseguir las infracciones cuyo plazo de prescripción está más cercano en el tiempo, “para tratar de evitar la impunidad”.

Santiago Pérez subraya la importancia de esta medida “porque además de tener un efecto pedagógico, refuerza la autoridad moral de la Administración: no puede ocurrir que la gran infracción urbanística acabe impune, prescribiendo, y que el pequeño infractor, que a veces infringe la legislación para resolver acuciantes necesidades sociales, vea cómo cae sobre él todo el peso de la ley. La experiencia nos enseña, asimismo, que el gran infractor está muy bien asesorado jurídicamente, mientras que el pequeño infractor, cuando es sorprendido, se rinde ante la Administración”, asegura el edil.

El concejal de Ordenación del Territorio considera “crucial” que la disciplina urbanística se ejerza primordialmente a través de planes objetivos de inspección, “y no se convierta en el campo de batalla en el que se dirimen malquerencias vecinales y ajustes de cuentas, de forma que la actuación de la Administración funcione a impulsos de denuncias. Los particulares tienen derecho a presentar denuncias y la Administración debe atenderlas, pero su actuación prioritaria debe regirse de acuerdo a planes objetivos. Para ello debemos aprovechar al máximo las nuevas tecnologías que nos permiten detectar cualquier alteración en el territorio en tiempo real”, asegura.

Que el Caso Grúas no es, ni de lejos, el caso más grave de corrupción de los últimos años es evidente. En muchas ocasiones lo he dicho públicamente, al tiempo que he reafirmado que tiene sobrada entidad delictiva.

Su valor añadido proviene porque  es toda una radiografía de cómo la desviación de poder se ha convertido en marca de la casa. De la casa de Coalición Canaria.

Y, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en uno de esos ejemplos que podrían derruir la fe que muchos necesitamos tener en la existencia de una justicia imparcial, independiente y plenamente sometida al Derecho, como garantía primordial de una convivencia civilizada.

Empiezo por contarles que el origen del Caso Grúas no tiene nada que ver con las pugnas entre partidos. Fueron  las reiteradas y desatendidas  reclamaciones  de salarios atrasados presentadas por  varios trabajadores del Servicio municipal de Grúas de La Laguna, entre finales del 14 y principios del 15, las que nos hicieron a todos los grupos de la oposición: PP, Sí Se puede y Por Tenerife (I.U., Socialistas X Tenerife y Los Verdes de Canarias) interesarnos por la situación.

Más adelante, con retraso de más de un año desde que el Pleno decidió crearla, la Comisión Especial para el estudio del Servicio Municipal de Grúas fue recabando   una serie de documentos que acreditaban todas las infracciones legales que habían ido perpetrando Clavijo y sus lugartenientes al poner  todo el poder municipal al servicio de una empresa concesionaria que, miren por dónde, estaba en quiebra.

Hacía  tres años que había sido adquirida por una serie de trabajadores  contratados  en su día por el concesionario original  (el que de verdad ganó un concurso) bajo intensas presiones del propio Fernando Clavijo. Éste tenía una   antigua y acreditada  amistad con alguno de ellos. Uno de estos llegó a declarar judicialmente que se arriesgaron a comprar la empresa, y a hipotecar sus propias viviendas, porque Clavijo les dijo que sería “un bonito negocio”. Más de una vez me he preguntado ¿bonito, para quién?

Más adelante, Clavijo y sus adláteres acudieron al rescate de la empresa mediante su   intervención temporal por el Ayuntamiento, adoptada sin límite de tiempo y luego prorrogada ilegalmente bajo los auspicios de un dictamen de Fran Villar que, con toda seguridad, no pasará a los anales de la doctrina jurídica. Venía a decir el renombrado catedrático que los  plazos, en Derecho Administrativo no son determinantes. A sigún y cómo, que diría el mago: la duración  de la intervención  temporal por parte de la Administración de una empresa que gestiona un servicio público tiene una duración muy estricta porque la Ley, claro, entiende que en esa intervención se produce un conflicto entre el interés público   –por el que debe velar la Administración—y los legítimos intereses del concesionario privado en  continuar gestionando con normalidad el servicio que se le ha adjudicado previo concurso  (¿previo concurso?) y cobrar el precio pactado.

Pero dicho conflicto de intereses no existía porque Clavijo no acordó, y prorrogó ilegalmente, la intervención temporal de Auto grúas Poli para salvaguardar los intereses de los ciudadanos, sino los  de sus amigos,  antes trabajadores/ahora empresarios,  y evitar que tuvieran que responder con sus patrimonios de  la quiebra a la que habían conducido a la Empresa.

Y a partir de la intervención temporal  ilegalmente prorrogada se desencadenó todo el happening del Caso.

Uno. La concesión de un préstamo con dinero público sin base legal alguna, según la Intervención General, con el único objetivo de maquillar las cuentas de una empresa en quiebra, que tendría    –con la legislación mercantil en la mano– que haber promovido concurso de acreedores e iniciar el procedimiento de disolución, tal y como hicieron saber a la Alcaldía los funcionarios que analizaron la situación de Auto Grúas tras su intervención.

Y dos. La prevaricación por omisión, según la Fiscalía, consistente en la no resolución  el contrato con una empresa que había incurrido en faltas muy graves  por incumplir sus obligaciones legales y contractuales, lo que llevaba aparejada esa resolución como sanción. Tal y como concluyeron  los Informes de los funcionarios destacados por el Ayuntamiento para administrar la empresa durante su intervención (Informe de 8 de abril de 2014)  y el Interventor General.

Y tres. La concesión de una prórroga por 5 años, comprometiendo  más de 3 millones de euros, lo que implicaría potencialmente otras sucesivas prórrogas por hasta 10 años más (2015-2029) de un contrato que debió ser resuelto por mandato legal. Y, de nuevo, en contra de las advertencias de ilegalidad (reparos)  formuladas por la Intervención General.

La oposición, comprobados documentalmente todos estos hechos y reforzadas las evidencias documentales con declaraciones testificales ante la Comisión Especial, y ante la constatación de que se estaban boicoteando los trabajos de la Comisión,  decidió poner en conocimiento todos estos hechos del Juzgado, en cumplimiento del  deber legal que impone a los cargos públicos la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 262).

A partir de aquí empezó para los denunciantes el calvario judicial. Una jueza de instrucción que, a penas transcurrido un mes desde su presentación y  sin realizar la más mínima diligencia de investigación, dicta un Auto  de antología decretando el archivo de una denuncia avalada por   35 documentos oficiales.

Y, como diría Pepe Monagas, venga recursos ante la Audiencia Provincial, ante la indiferencia o la oposición de la fiscalía: contra el Auto de archivo; contra la negativa a citar como imputado a José Alberto Díaz, co-star, de esta película; contra la citación como  “peritos” de los ilustres catedráticos contratados por Clavijo para avalar sus maniobras frente a las objeciones de Intervención, cuando al Interventor General se le había citado como “testigo”; contra la negativa a practicar pruebas tan pertinentes como la declaración del primer concesionario del Servicio, José Padilla, que había relatado   ante la Comisión Especial y ante la Guardia  Civil cómo Clavijo (“el jefe”) le había impuesto a casi toda la plantilla de su empresa, cómo le habían obligado, bajo amenaza de quitarle la concesión, a pagar obras que no le correspondían y hasta almuerzos con asistencia de personajes del poder judicial. Y, sobre todo, cómo le habían ahogado económicamente a base de retrasarle los pagos desde el Ayuntamiento para forzarle a vender la empresa a los amigos de Clavijo.

Todos estos recursos fueron estimados por la Audiencia y aceptados a regañadientes por la jueza. Hasta que llevó a cabo su maniobra definitiva: enviar al Tribunal Supremo, donde previamente había ido a refugiarse Clavijo, una Exposición Razonada en la que omite aspectos esenciales de la investigación llevada a cabo malgré elle, que diría Molière,  y   –tatatachán–  antes de practicar las declaraciones testificales a las que la obligó la Audiencia, para las que la jueza refunfuñando había ya señalado día y fecha.

A partir de aquí, ya todo vino de la mano de  Choclán ante la Corte del Sr. Marchena. Éste, tal vez porque ha creído de antemano que se trata de un pequeño “asunto de las colonias” al que no debe dedicarse ni un minuto de su valiosísimo tiempo  (y menos si el justiciable tiene como intercesor a San Choclán), ha pretendido darle el carpetazo definitivo al asunto.

No se ha parado en mientes el presidente de la Sala 2ª: ni en atender la petición de la Fiscalía del Supremo de que se recabara  del Juzgado de La Laguna el conjunto de la investigación para poder informar con conocimiento de causa; ni en expulsarnos del proceso, negándonos la condición de partes acusadoras a quienes veníamos ejerciendo como tales desde el origen; y, para más inri, negándose a contestar nuestros recursos, presentados en tiempo y forma a pesar de que nunca fuimos emplazados ante el Supremo. Y, por tanto, impidiéndonos el acceso a la justicia mediante una grave agresión a nuestro derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los intereses legítimos que representamos: la defensa de la legalidad y de los ciudadanos de La Laguna, de quienes somos representantes  municipales.

A partir de la “doctrina” que el eminente Sr. Marchena ha sentado en su resolución, deberíamos plantearnos la supresión de la Intervención General de las entidades locales…y hasta del Estado. Porque la función de control previo de legalidad que les corresponde, y la garantía derivada de la independencia y pleno sometimiento a la legalidad de los interventores públicos,  han quedado declaradas inútiles de toda inutilidad, dada la trascendencia determinante que han cobrado  –Marchena dixit–  los dictámenes prêt à porter  encargados por los investigados a insignes catedráticos por un módico precio, pagado con dinero público.

Pero, claro, el Excelentísimo Sr. Marchena no ha podido pronunciarse sobre los aspectos que la jueza ocultó en su Exposición Razonada, o más bien sesgada: la prórroga de la concesión a favor de una empresa arruinada, con importantes deudas con las Haciendas estatal y autonómica, con la Seguridad Social, con los trabajadores (alguno de los cuales todavía no han cobrado salarios de 2014)… y cuyo contrato debió ser resuelto por imperativo legal (Reglamento de Servicios de las entidades locales) y contractual, como sanción tipificada por las  faltas muy graves de  haber incumplido reiteradamente sus obligaciones esenciales.

La Sra. Jueza, que tan remolonamente se ha desenvuelto en todo este tiempo a la hora de investigar y cumplir los reiterados correctivos que en vía de recurso le ha impuesto la Audiencia Provincial, ahora, con la misma presteza con la que archivó de plano la denuncia y con la que elaboró la primera Exposición razonada ante el TSJC presidido por Antonio Doreste, (que le fue devuelta de inmediato por la Magistrada Sra. Varona por su manifiesta insustancialidad, no de los hechos investigados  sino de la Exposición “razonada”) ha archivado vertiginosamente  –apoyándose en el Auto de Marchena–  el Caso Grúas. Para eso ha tenido que resolver, a la chamberga, algunos problemas jurídicos: entre ellos que Supremo no ha efectuado mención alguna al asunto de la prórroga del contrato, simplemente porque la Jueza lo omitió en su Exposición. Ni tampoco ha podido apoyarse en los ilustres catedráticos, porque ni fueron contratados ni dictaminaron sobre esta cuestión. Y tampoco podrá agarrarse en el desconocimiento por parte del Supremo sobre el resultado de las pruebas testificales, que ella sí conoce porque las practicó personalmente. Pero ¡ay!  después de que remitiera la Exposición “razonada” al  Supremo.

Afortunadamente, como a estas alturas pensará quien haya tenido la “pacencia” de llegar hasta aquí, estamos en un Estado de Derecho  (a la mar fui por naranjas…la esperanza me mantiene). Y, desde luego, esto no queda aquí.

Ni respecto a las resoluciones del Supremo, adoptadas  en flagrante denegación de justicia a  la acusación popular; ni con respecto al vertiginoso archivo decretado por la Sra. Jueza Blanco Redondo; ni, por cierto, respecto a la conducta de la Jueza de Instrucción desde el minuto cero de estas Diligencias penales.

Por todo esto y por mucho más, el Caso Grúas, un caso delictivo de pueblo, de caciquismo del de siempre, ha ido adquiriendo un notable valor simbólico, paradigmático. Y ese valor tiene que ver con aspectos cualitativos y, por tanto, no se mide al peso.

Santiago Pérez, La Laguna, julio de 2020

“Menos mal que no eran nada ni el caso Grúas ni el caso Reparos, para el que vuelve a llamar a Choclán, porque si no habría contratado a Perry Mason

“¿Es el mismo Clavijo partidario del Estado Libre Asociado el que forzó la máquina para convertirse en senador y valerse del fuero, una antigualla del más antiguo régimen nobiliario estamental, y zafarse de los jueces y tribunales ordinarios que nos investigan y en su caso juzgan a los canarios de a pie?”

El concejal de La Laguna, Santiago Pérez, considera un alarde de desvergüenza infinito que Fernando Clavijo, el ex alcalde del municipio, “pretenda que los laguneros paguemos 55.000 euros de los honorarios que pactó con su abogado Choclán como ciudadano”, con partidas absolutamente grotescas como el concepto de “35 horas de consulta” a razón de 350 euros la hora: 12.550 euros.

Más allá de que los honorarios que ahora solicita Clavijo los haya pactado solo él con su abogado, incluyendo pagos específicos “a éxito” que aún está por ver; la jurisprudencia ha dejado claro que los requisitos para que un ayuntamiento indemnice los gastos de defensa jurídica es que se haya actuado dentro de la legalidad y en defensa del interés general.

Y estamos ante una desviación de poder con la que Clavijo ayudó a unos amigos suyos, a los que primero metió en la empresa de las grúas y luego ayudó a convertirse en dueños. Es un asunto que está más que probado, informado en contra por la Intervención General, y reconocido por los propios amigos de Clavijo en el Juzgado. Es un asunto que vamos a tener que discutir aquí, para el que no hay aforamiento, se va a discutir en esta tierra y no en la Corte de Marchena”, añade Pérez.

El concejal se pregunta si “¿no hay un abogado ni una abogada en estas islas de dios capaces y competentes para defender al señor Clavijo, que tiene que recurrir al abogado peninsular de las estrellas, para que interceda por él, San Choclán, ante la Corte de Marchena? ¿Clavijo dice que el caso Grúas no era nada, y el caso Reparos tampoco, pero contrata al abogado de las estrellas?Entonces, si hubieran sido algo, ¿habría contratado a Perry Mason?”.

Por otra parte, “si el señor Choclán ha tenido que dedicar 35 horas de consulta y confesión con el señor Clavijo para el caso Grúas, y consiste en dos decretos, ¿cómo será en el caso Reparos que consta de 46 decretos ilegales dictados por el señor Clavijo, como ilegales fueron los dictados por él en el caso Grúas? ¿Cuánto nos va a costar a los laguneros a razón de 350 euros la hora? Simplemente hay que hacer las cuentas de la tienda de la esquina.

Santiago Pérez se pregunta también si “¿este señor Clavijo no es el mismo que en los primeros tiempos de su etapa como alcalde se mostraba partidario del Estado Libre Asociado? ¿Y ahora se convierte, forzando la máquina, en senador, simplemente para acogerse al fuero y zafarse de los jueces y tribunales ordinarios que nos investigan y en su caso nos juzgan a los canarios de a pie?”.

Se acoge el señor Clavijo a lo peor de la peor herencia del Estado español: aquél en el que había una aristocracia que tenía el privilegio de disponer de jueces para ellos y luego había otros para el pueblo. Pero además lo hace abusando del fuero. Porque el fuero de diputados, senadores y miembros del Gobierno tiene sentido cuando los cargos aforados están siendo investigados por actos que realizaron en el ejercicio del cargo por el que están aforados.

Sin embargo, es ya tradicional, y ahí juega la picaresca española incluso para estos nacionalistas de chochos y moscas, que algunos individuos que han cometido andanzas delictivas a lo largo y ancho de la geografía institucional española se conviertan en senadores para aforarse y no tener que rendir cuentas en los tribunales ordinarios de sus respectivos territorios. ¿Este Clavijo no es el mismo, o es otra persona la que defendía el Estado Libre Asociado hace no tanto tiempo, cuando era alcalde de La Laguna?”.

Santiago Pérez añade que Coalición Canaria (CC) “está entrando en una espiral disparatada con su desconfianza absoluta en las instituciones de nuestra tierra, los órganos judiciales naturales que investigan y juzgan a los canarios. Se los puede criticar, como al Ministerio Fiscal, claro que sí, en democracia, con argumentos jurídicos, y no con las teorías conspiratorias que es la única forma que tiene Clavijo de balbucear algo en la vida política.

La teoría conspiratoria, porque Clavijo, igual que mucha gente de CC, creen que todos somos como ellos, que cuando hay poder se abusa del poder para intentar controlar o presionar a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal; se utiliza el dinero público para comprar a los medios informativos e instaurar la censura como han hecho en esta Isla durante años, y puedo atestiguarlo en primera persona con medios como Radio Club, emisora de la cadena SER en la que su código de estilo periodístico resulta irreconocible, bajo la batuta de la gran aliada de Clavijo, la señora Lourdes Santana. Y no digamos El Día, la antigua Opinión e incluso la COPE.

Pérez termina diciendo que “Clavijo no ha tenido la valentía ni la seriedad de quedarse en el Parlamento de Canarias a ejercer la jefatura de la oposición, dejando al Grupo de CC absolutamente descabezado. Se mandó a mudar al Senado para aforarse y utilizar el fuero, una antigualla del más antiguo régimen nobiliario, estamental y precontemporáneo, para refugiarse en ese tribunal de aforamiento de sus andanzas al frente de la alcaldía de La Laguna

Abusar del fuero a pesar de que el Consejo de Estado ha dicho que si tiene alguna razón de ser en la actualidad es solo para la investigación y el enjuiciamiento que el cargo aforado haya realizado en ese cargo por el que está aforado, y no en una vida pasada al frente de alcaldías a lo largo y ancho de la geografía española.

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha dado luz verde a dos modificaciones presupuestarias para pagar más de 800.000 euros en facturas pendientes a proveedores que datan de mandatos anteriores. De ese montante, el importe más relevante es el que tiene que ver con cargos atrasados en la Concejalía de Fiestas, que van desde 2015 hasta 2019 y que suman 606.512 euros por la prestación de servicios que no se han abonado hasta el momento, relacionados sobre todo con la celebración de festejos en pueblos y barrios del municipio.