Entradas

Que el Caso Grúas no es, ni de lejos, el caso más grave de corrupción de los últimos años es evidente. En muchas ocasiones lo he dicho públicamente, al tiempo que he reafirmado que tiene sobrada entidad delictiva.

Su valor añadido proviene porque  es toda una radiografía de cómo la desviación de poder se ha convertido en marca de la casa. De la casa de Coalición Canaria.

Y, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en uno de esos ejemplos que podrían derruir la fe que muchos necesitamos tener en la existencia de una justicia imparcial, independiente y plenamente sometida al Derecho, como garantía primordial de una convivencia civilizada.

Empiezo por contarles que el origen del Caso Grúas no tiene nada que ver con las pugnas entre partidos. Fueron  las reiteradas y desatendidas  reclamaciones  de salarios atrasados presentadas por  varios trabajadores del Servicio municipal de Grúas de La Laguna, entre finales del 14 y principios del 15, las que nos hicieron a todos los grupos de la oposición: PP, Sí Se puede y Por Tenerife (I.U., Socialistas X Tenerife y Los Verdes de Canarias) interesarnos por la situación.

Más adelante, con retraso de más de un año desde que el Pleno decidió crearla, la Comisión Especial para el estudio del Servicio Municipal de Grúas fue recabando   una serie de documentos que acreditaban todas las infracciones legales que habían ido perpetrando Clavijo y sus lugartenientes al poner  todo el poder municipal al servicio de una empresa concesionaria que, miren por dónde, estaba en quiebra.

Hacía  tres años que había sido adquirida por una serie de trabajadores  contratados  en su día por el concesionario original  (el que de verdad ganó un concurso) bajo intensas presiones del propio Fernando Clavijo. Éste tenía una   antigua y acreditada  amistad con alguno de ellos. Uno de estos llegó a declarar judicialmente que se arriesgaron a comprar la empresa, y a hipotecar sus propias viviendas, porque Clavijo les dijo que sería “un bonito negocio”. Más de una vez me he preguntado ¿bonito, para quién?

Más adelante, Clavijo y sus adláteres acudieron al rescate de la empresa mediante su   intervención temporal por el Ayuntamiento, adoptada sin límite de tiempo y luego prorrogada ilegalmente bajo los auspicios de un dictamen de Fran Villar que, con toda seguridad, no pasará a los anales de la doctrina jurídica. Venía a decir el renombrado catedrático que los  plazos, en Derecho Administrativo no son determinantes. A sigún y cómo, que diría el mago: la duración  de la intervención  temporal por parte de la Administración de una empresa que gestiona un servicio público tiene una duración muy estricta porque la Ley, claro, entiende que en esa intervención se produce un conflicto entre el interés público   –por el que debe velar la Administración—y los legítimos intereses del concesionario privado en  continuar gestionando con normalidad el servicio que se le ha adjudicado previo concurso  (¿previo concurso?) y cobrar el precio pactado.

Pero dicho conflicto de intereses no existía porque Clavijo no acordó, y prorrogó ilegalmente, la intervención temporal de Auto grúas Poli para salvaguardar los intereses de los ciudadanos, sino los  de sus amigos,  antes trabajadores/ahora empresarios,  y evitar que tuvieran que responder con sus patrimonios de  la quiebra a la que habían conducido a la Empresa.

Y a partir de la intervención temporal  ilegalmente prorrogada se desencadenó todo el happening del Caso.

Uno. La concesión de un préstamo con dinero público sin base legal alguna, según la Intervención General, con el único objetivo de maquillar las cuentas de una empresa en quiebra, que tendría    –con la legislación mercantil en la mano– que haber promovido concurso de acreedores e iniciar el procedimiento de disolución, tal y como hicieron saber a la Alcaldía los funcionarios que analizaron la situación de Auto Grúas tras su intervención.

Y dos. La prevaricación por omisión, según la Fiscalía, consistente en la no resolución  el contrato con una empresa que había incurrido en faltas muy graves  por incumplir sus obligaciones legales y contractuales, lo que llevaba aparejada esa resolución como sanción. Tal y como concluyeron  los Informes de los funcionarios destacados por el Ayuntamiento para administrar la empresa durante su intervención (Informe de 8 de abril de 2014)  y el Interventor General.

Y tres. La concesión de una prórroga por 5 años, comprometiendo  más de 3 millones de euros, lo que implicaría potencialmente otras sucesivas prórrogas por hasta 10 años más (2015-2029) de un contrato que debió ser resuelto por mandato legal. Y, de nuevo, en contra de las advertencias de ilegalidad (reparos)  formuladas por la Intervención General.

La oposición, comprobados documentalmente todos estos hechos y reforzadas las evidencias documentales con declaraciones testificales ante la Comisión Especial, y ante la constatación de que se estaban boicoteando los trabajos de la Comisión,  decidió poner en conocimiento todos estos hechos del Juzgado, en cumplimiento del  deber legal que impone a los cargos públicos la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 262).

A partir de aquí empezó para los denunciantes el calvario judicial. Una jueza de instrucción que, a penas transcurrido un mes desde su presentación y  sin realizar la más mínima diligencia de investigación, dicta un Auto  de antología decretando el archivo de una denuncia avalada por   35 documentos oficiales.

Y, como diría Pepe Monagas, venga recursos ante la Audiencia Provincial, ante la indiferencia o la oposición de la fiscalía: contra el Auto de archivo; contra la negativa a citar como imputado a José Alberto Díaz, co-star, de esta película; contra la citación como  “peritos” de los ilustres catedráticos contratados por Clavijo para avalar sus maniobras frente a las objeciones de Intervención, cuando al Interventor General se le había citado como “testigo”; contra la negativa a practicar pruebas tan pertinentes como la declaración del primer concesionario del Servicio, José Padilla, que había relatado   ante la Comisión Especial y ante la Guardia  Civil cómo Clavijo (“el jefe”) le había impuesto a casi toda la plantilla de su empresa, cómo le habían obligado, bajo amenaza de quitarle la concesión, a pagar obras que no le correspondían y hasta almuerzos con asistencia de personajes del poder judicial. Y, sobre todo, cómo le habían ahogado económicamente a base de retrasarle los pagos desde el Ayuntamiento para forzarle a vender la empresa a los amigos de Clavijo.

Todos estos recursos fueron estimados por la Audiencia y aceptados a regañadientes por la jueza. Hasta que llevó a cabo su maniobra definitiva: enviar al Tribunal Supremo, donde previamente había ido a refugiarse Clavijo, una Exposición Razonada en la que omite aspectos esenciales de la investigación llevada a cabo malgré elle, que diría Molière,  y   –tatatachán–  antes de practicar las declaraciones testificales a las que la obligó la Audiencia, para las que la jueza refunfuñando había ya señalado día y fecha.

A partir de aquí, ya todo vino de la mano de  Choclán ante la Corte del Sr. Marchena. Éste, tal vez porque ha creído de antemano que se trata de un pequeño “asunto de las colonias” al que no debe dedicarse ni un minuto de su valiosísimo tiempo  (y menos si el justiciable tiene como intercesor a San Choclán), ha pretendido darle el carpetazo definitivo al asunto.

No se ha parado en mientes el presidente de la Sala 2ª: ni en atender la petición de la Fiscalía del Supremo de que se recabara  del Juzgado de La Laguna el conjunto de la investigación para poder informar con conocimiento de causa; ni en expulsarnos del proceso, negándonos la condición de partes acusadoras a quienes veníamos ejerciendo como tales desde el origen; y, para más inri, negándose a contestar nuestros recursos, presentados en tiempo y forma a pesar de que nunca fuimos emplazados ante el Supremo. Y, por tanto, impidiéndonos el acceso a la justicia mediante una grave agresión a nuestro derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los intereses legítimos que representamos: la defensa de la legalidad y de los ciudadanos de La Laguna, de quienes somos representantes  municipales.

A partir de la “doctrina” que el eminente Sr. Marchena ha sentado en su resolución, deberíamos plantearnos la supresión de la Intervención General de las entidades locales…y hasta del Estado. Porque la función de control previo de legalidad que les corresponde, y la garantía derivada de la independencia y pleno sometimiento a la legalidad de los interventores públicos,  han quedado declaradas inútiles de toda inutilidad, dada la trascendencia determinante que han cobrado  –Marchena dixit–  los dictámenes prêt à porter  encargados por los investigados a insignes catedráticos por un módico precio, pagado con dinero público.

Pero, claro, el Excelentísimo Sr. Marchena no ha podido pronunciarse sobre los aspectos que la jueza ocultó en su Exposición Razonada, o más bien sesgada: la prórroga de la concesión a favor de una empresa arruinada, con importantes deudas con las Haciendas estatal y autonómica, con la Seguridad Social, con los trabajadores (alguno de los cuales todavía no han cobrado salarios de 2014)… y cuyo contrato debió ser resuelto por imperativo legal (Reglamento de Servicios de las entidades locales) y contractual, como sanción tipificada por las  faltas muy graves de  haber incumplido reiteradamente sus obligaciones esenciales.

La Sra. Jueza, que tan remolonamente se ha desenvuelto en todo este tiempo a la hora de investigar y cumplir los reiterados correctivos que en vía de recurso le ha impuesto la Audiencia Provincial, ahora, con la misma presteza con la que archivó de plano la denuncia y con la que elaboró la primera Exposición razonada ante el TSJC presidido por Antonio Doreste, (que le fue devuelta de inmediato por la Magistrada Sra. Varona por su manifiesta insustancialidad, no de los hechos investigados  sino de la Exposición “razonada”) ha archivado vertiginosamente  –apoyándose en el Auto de Marchena–  el Caso Grúas. Para eso ha tenido que resolver, a la chamberga, algunos problemas jurídicos: entre ellos que Supremo no ha efectuado mención alguna al asunto de la prórroga del contrato, simplemente porque la Jueza lo omitió en su Exposición. Ni tampoco ha podido apoyarse en los ilustres catedráticos, porque ni fueron contratados ni dictaminaron sobre esta cuestión. Y tampoco podrá agarrarse en el desconocimiento por parte del Supremo sobre el resultado de las pruebas testificales, que ella sí conoce porque las practicó personalmente. Pero ¡ay!  después de que remitiera la Exposición “razonada” al  Supremo.

Afortunadamente, como a estas alturas pensará quien haya tenido la “pacencia” de llegar hasta aquí, estamos en un Estado de Derecho  (a la mar fui por naranjas…la esperanza me mantiene). Y, desde luego, esto no queda aquí.

Ni respecto a las resoluciones del Supremo, adoptadas  en flagrante denegación de justicia a  la acusación popular; ni con respecto al vertiginoso archivo decretado por la Sra. Jueza Blanco Redondo; ni, por cierto, respecto a la conducta de la Jueza de Instrucción desde el minuto cero de estas Diligencias penales.

Por todo esto y por mucho más, el Caso Grúas, un caso delictivo de pueblo, de caciquismo del de siempre, ha ido adquiriendo un notable valor simbólico, paradigmático. Y ese valor tiene que ver con aspectos cualitativos y, por tanto, no se mide al peso.

Santiago Pérez, La Laguna, julio de 2020

“Menos mal que no eran nada ni el caso Grúas ni el caso Reparos, para el que vuelve a llamar a Choclán, porque si no habría contratado a Perry Mason

“¿Es el mismo Clavijo partidario del Estado Libre Asociado el que forzó la máquina para convertirse en senador y valerse del fuero, una antigualla del más antiguo régimen nobiliario estamental, y zafarse de los jueces y tribunales ordinarios que nos investigan y en su caso juzgan a los canarios de a pie?”

El concejal de La Laguna, Santiago Pérez, considera un alarde de desvergüenza infinito que Fernando Clavijo, el ex alcalde del municipio, “pretenda que los laguneros paguemos 55.000 euros de los honorarios que pactó con su abogado Choclán como ciudadano”, con partidas absolutamente grotescas como el concepto de “35 horas de consulta” a razón de 350 euros la hora: 12.550 euros.

Más allá de que los honorarios que ahora solicita Clavijo los haya pactado solo él con su abogado, incluyendo pagos específicos “a éxito” que aún está por ver; la jurisprudencia ha dejado claro que los requisitos para que un ayuntamiento indemnice los gastos de defensa jurídica es que se haya actuado dentro de la legalidad y en defensa del interés general.

Y estamos ante una desviación de poder con la que Clavijo ayudó a unos amigos suyos, a los que primero metió en la empresa de las grúas y luego ayudó a convertirse en dueños. Es un asunto que está más que probado, informado en contra por la Intervención General, y reconocido por los propios amigos de Clavijo en el Juzgado. Es un asunto que vamos a tener que discutir aquí, para el que no hay aforamiento, se va a discutir en esta tierra y no en la Corte de Marchena”, añade Pérez.

El concejal se pregunta si “¿no hay un abogado ni una abogada en estas islas de dios capaces y competentes para defender al señor Clavijo, que tiene que recurrir al abogado peninsular de las estrellas, para que interceda por él, San Choclán, ante la Corte de Marchena? ¿Clavijo dice que el caso Grúas no era nada, y el caso Reparos tampoco, pero contrata al abogado de las estrellas?Entonces, si hubieran sido algo, ¿habría contratado a Perry Mason?”.

Por otra parte, “si el señor Choclán ha tenido que dedicar 35 horas de consulta y confesión con el señor Clavijo para el caso Grúas, y consiste en dos decretos, ¿cómo será en el caso Reparos que consta de 46 decretos ilegales dictados por el señor Clavijo, como ilegales fueron los dictados por él en el caso Grúas? ¿Cuánto nos va a costar a los laguneros a razón de 350 euros la hora? Simplemente hay que hacer las cuentas de la tienda de la esquina.

Santiago Pérez se pregunta también si “¿este señor Clavijo no es el mismo que en los primeros tiempos de su etapa como alcalde se mostraba partidario del Estado Libre Asociado? ¿Y ahora se convierte, forzando la máquina, en senador, simplemente para acogerse al fuero y zafarse de los jueces y tribunales ordinarios que nos investigan y en su caso nos juzgan a los canarios de a pie?”.

Se acoge el señor Clavijo a lo peor de la peor herencia del Estado español: aquél en el que había una aristocracia que tenía el privilegio de disponer de jueces para ellos y luego había otros para el pueblo. Pero además lo hace abusando del fuero. Porque el fuero de diputados, senadores y miembros del Gobierno tiene sentido cuando los cargos aforados están siendo investigados por actos que realizaron en el ejercicio del cargo por el que están aforados.

Sin embargo, es ya tradicional, y ahí juega la picaresca española incluso para estos nacionalistas de chochos y moscas, que algunos individuos que han cometido andanzas delictivas a lo largo y ancho de la geografía institucional española se conviertan en senadores para aforarse y no tener que rendir cuentas en los tribunales ordinarios de sus respectivos territorios. ¿Este Clavijo no es el mismo, o es otra persona la que defendía el Estado Libre Asociado hace no tanto tiempo, cuando era alcalde de La Laguna?”.

Santiago Pérez añade que Coalición Canaria (CC) “está entrando en una espiral disparatada con su desconfianza absoluta en las instituciones de nuestra tierra, los órganos judiciales naturales que investigan y juzgan a los canarios. Se los puede criticar, como al Ministerio Fiscal, claro que sí, en democracia, con argumentos jurídicos, y no con las teorías conspiratorias que es la única forma que tiene Clavijo de balbucear algo en la vida política.

La teoría conspiratoria, porque Clavijo, igual que mucha gente de CC, creen que todos somos como ellos, que cuando hay poder se abusa del poder para intentar controlar o presionar a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal; se utiliza el dinero público para comprar a los medios informativos e instaurar la censura como han hecho en esta Isla durante años, y puedo atestiguarlo en primera persona con medios como Radio Club, emisora de la cadena SER en la que su código de estilo periodístico resulta irreconocible, bajo la batuta de la gran aliada de Clavijo, la señora Lourdes Santana. Y no digamos El Día, la antigua Opinión e incluso la COPE.

Pérez termina diciendo que “Clavijo no ha tenido la valentía ni la seriedad de quedarse en el Parlamento de Canarias a ejercer la jefatura de la oposición, dejando al Grupo de CC absolutamente descabezado. Se mandó a mudar al Senado para aforarse y utilizar el fuero, una antigualla del más antiguo régimen nobiliario, estamental y precontemporáneo, para refugiarse en ese tribunal de aforamiento de sus andanzas al frente de la alcaldía de La Laguna

Abusar del fuero a pesar de que el Consejo de Estado ha dicho que si tiene alguna razón de ser en la actualidad es solo para la investigación y el enjuiciamiento que el cargo aforado haya realizado en ese cargo por el que está aforado, y no en una vida pasada al frente de alcaldías a lo largo y ancho de la geografía española.

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha dado luz verde a dos modificaciones presupuestarias para pagar más de 800.000 euros en facturas pendientes a proveedores que datan de mandatos anteriores. De ese montante, el importe más relevante es el que tiene que ver con cargos atrasados en la Concejalía de Fiestas, que van desde 2015 hasta 2019 y que suman 606.512 euros por la prestación de servicios que no se han abonado hasta el momento, relacionados sobre todo con la celebración de festejos en pueblos y barrios del municipio.

Moción que presenta Santiago Pérez para solicitar a la Comunidad Autónoma que delegue el ejercicio de la potestad de incoación, instrucción y resolución de los procedimientos relacionados con las infracciones contra la ordenación urbanística y territorial en suelo rústico.

Moción de Santiago Pérez. Pleno 8 julio 2020 (parte 1ª)

Moción de Santiago Pérez. Pleno 8 julio 2020 1ª réplica a CC (parte 2ª)

Moción de Santiago Pérez. Pleno 8 julio 2020. 2ª réplica (y parte 3ª)

En declaraciones a Radio San Borondón, Santiago Pérez se refiere al nuevo escándalo de EMMASA como de claro fraude y un saqueo a los contribuyentes de Santa Cruz”. Un nuevo caso de ilegalidad que afecta a Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, tras conocerse que permitió a Sacyr recuperar los 59 millones por la compra de Emmasa en el año 2005 y además, sin poner un solo euro, acabar recaudando casi 300 millones al finalizar los 25 años de duración del contrato.

Enlace a la entrevista desde la web de Radio San Borondón AQUÍ

Escucha la entrevista directamente desde nuestra web.

Ir a descargar

 

La Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha iniciado el proceso de ampliación del actual catálogo de edificaciones protegidas del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, que en la práctica garantiza la conservación de 73 casas terreras del Casco. La medida ha sido dada a conocer este martes en rueda de prensa por el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez; el primer teniente de alcalde, Rubens Ascanio; y la jefa del Servicio de Gestión del Casco Histórico, Beatriz Simón.

“Desde el comienzo de nuestro mandato, este grupo de Gobierno ha tenido como una de sus prioridades salvaguardar el patrimonio histórico de nuestro municipio”, ha indicado el alcalde. “Este expediente supone toda una declaración de principios de lo que queremos para La Laguna: una ciudad que combina la modernidad y el desarrollo económico y social, con la defensa de su patrimonio y la conservación de un conjunto que tiene la consideración de Patrimonio Mundial por la Unesco”, ha añadido Luis Yeray Gutiérrez, quien ha agradecido el trabajo realizado por todo el equipo de la Gerencia de Urbanismo.

Santiago Pérez ha informado de que los inmuebles que pasarán a estar protegidos “son casas terreras que representan la arquitectura histórica de nuestra ciudad, siendo una muestra imprescindible de la cultura popular”. Para justificar esta modificación menor del Plan, se ha realizado un estudio previo “con gran nivel de solidez y fruto del esfuerzo de los servicios técnicos y jurídicos de la Gerencia”, ha precisado.

Al mismo tiempo ha señalado que el proceso “implica la suspensión de las licencias urbanísticas que se pudieran solicitar en relación a obras o actuaciones” que excedan de las actuaciones de conservación y mantenimiento, como medida cautelar hasta que se elaboren los borradores de las fichas correspondientes a cada uno de los inmuebles. “Además”, ha asegurado, “implica que a partir de este momento los propietarios ya no tienen la opción de demoler esos inmuebles en el caso de que presenten un estado de deterioro o ruina; tan solo cabe la opción de rehabilitar”.

En este sentido, el concejal de Ordenación del Territorio ha subrayado la importancia de encontrar “un equilibrio entre lo que hay que proteger y lo que debe ser adaptado a las circunstancias de la vida actual -bien sea para viviendas, actividades comerciales, etcétera- porque edificio que no se rehabilita, edificio que a la larga acaba en el suelo.  Flaco favor le hacemos a nuestro patrimonio si no encontramos en cada caso ese punto de equilibrio”, ha advertido.

Por su parte, Beatriz Simón ha explicado que los trámites para ampliar el actual catálogo de edificaciones protegidas del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico obedecen a tres criterios de actuación: aquellos inmuebles que, respondiendo a la tipología de casa terrera tradicional y estando en el ámbito del Conjunto Histórico, no fueron expresamente catalogadas pese a presentar valores patrimoniales de interés; los inmuebles que se encuentran en la calle Marqués de Celada como una de las vías de entrada tradicional a la ciudad histórica y que presentan valores patrimoniales de suficiente interés; y aquellos inmuebles identificados en su día en el documento remitido a la Unesco para la inclusión de la ciudad histórica en la lista de Patrimonio Mundial y que, no siendo finalmente protegidos por el Plan Especial de Protección, aún existen y conservan valores patrimoniales.

Santiago Pérez ofrece rueda de prensa sobre el caso Reparos de La Laguna

Ya puedes ver la intervención de Santiago Pérez García, en la Sesión Extraordinaria y Urgente del Pleno, celebrado este 21 de mayo. Se aprobó por unanimidad la modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, por importe de 3.582.804,70 €.

El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado la modificación presupuestaria que permitirá otorgar más de tres millones de euros en subvenciones a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, así como al sector del taxi del municipio. Este acuerdo ha sido alcanzado por unanimidad entre las seis fuerzas políticas con representación en la Administración local en el pleno celebrado este jueves.

El concejal de Hacienda, Alejandro Marrero, subrayó durante su intervención la “urgencia” de sacar adelante este crédito extraordinario para ayudar a los sectores a paliar los efectos de la crisis provocada por el covid-19.

En el caso de los taxistas, el edil recordó el “gran esfuerzo que han realizado para estar en la calle durante toda la pandemia pese a las pérdidas que ha generado mantener el servicio mínimo, decretado al principio en un 20% y ahora incrementado al 33%”. “Es inaplazable la aprobación de esta modificación porque es fundamental compensar a estos profesionales y a los comerciantes, pymes y autónomos de La Laguna”, añadió.

De los 3,5 millones contemplados, el 85% (un total de 3.032.100 euros) irá al sector empresarial del municipio afectado por el cierre obligado de los establecimientos como consecuencia de la declaración del estado de alarma, mientras que el 14% restante (510.000 euros) se destinará a los titulares de licencias de auto taxi para ayudarles a hacer frente a las pérdidas de ingresos sufridas.

La concejala de Comercio, María José Roca, agradeció durante el pleno “el enorme esfuerzo y trabajo que han hecho el área de Hacienda y los funcionarios y técnicos del Ayuntamiento desde el día uno que comenzó esta crisis. Todo el funcionariado ha estado a disposición para que las medidas que se debían poner en marcha salieran adelante lo más rápidamente posible y estamos trabajando muy fuertemente en esa línea. El potencial humano es lo que hace a esta casa tan grande”, resaltó. “No es fácil sacar tres millones de euros en subvenciones”, aseguró, al tiempo que manifestó su confianza en que puedan ser otorgadas “lo antes posible”. 

El pleno del Ayuntamiento de La Laguna, en sesión extraordinaria celebrada este viernes, ha aprobado la creación de la Comisión Especial Técnica Informativa de La Laguna (CETI), el órgano encargado de abordar el proceso de desescalada y vuelta a la nueva normalidad en el municipio.

La creación de esta comisión, que ha contado con el voto unánime de todas las fuerzas políticas con representación municipal, se plantea ante la necesidad de aunar los análisis desde las diversas realidades existentes en el municipio, como un espacio que contribuya a abordar de forma integral las acciones a desarrollar en la desescalada, así como del seguimiento de las medidas para la gestión de la crisis sanitaria y económica por el coronavirus, acordadas por el pleno el pasado 8 de abril.

🙋Intervención de Santiago Pérez, en el pleno extraordinario.


👉”…No podemos aspirar a un Estado de bienestar de Primera División con un Sistema Fiscal de Tercera….en España hay una relación directamente inversa entre el esfuerzo fiscal y el nivel de pobreza: Canarias ( presión fiscal 25% del PIB, 40 % pobreza), España (39% presión fiscal, 26% pobreza)…sólo la acción de los poderes públicos protegerá del desamparo a las familias más vulnerables…”


“Entendemos que la situación actual requiere de la construcción de consensos y de un trabajo común de búsqueda de soluciones ante un escenario totalmente nuevo”, se señala en la moción institucional aprobada. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha hecho un llamamiento para que todos los componentes de esta comisión “estemos a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que la ciudadanía de La Laguna espera de nosotros”.

La moción aprueba crear la Comisión Especial Técnica Informativa de La Laguna en el ámbito sanitario, social y económico, así como sus consecuencias en el resto de ámbitos de la vida municipal, con representación de todas las organizaciones políticas con presencia en la Corporación municipal e incorporar a la misma, de forma consensuada, a técnicos, expertos y a representantes de entidades sociales y económicas más representativas de cada ámbito.

Santiago Pérez señala que hay que poner fin a la impunidad de las graves infracciones que se están produciendo en el agro municipal

El Ayuntamiento de La Laguna solicitará al Gobierno de Canarias que le sea delegada la potestad de sancionar las infracciones que se produzcan en materia de protección del suelo rústico en el municipio. La petición, que será planteada a través de una moción que se debatirá en un próximo pleno, surge a iniciativa del concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, ante el incumplimiento de la legalidad urbanística detectado por la Gerencia de Urbanismo especialmente en el suelo agrícola.

Santiago Pérez explica que, desde hace meses, la Gerencia viene analizando una gran cantidad de información gracias a un convenio con Grafcan, que permite detectar de forma automatizada los cambios producidos en el territorio comparando las fotografías aéreas de un mismo entorno en diferentes años. Los datos obtenidos en esta primera campaña de revisión muestran que en los últimos cuatro años se han registrado 266 infracciones, de las cuales 205 se han cometido en suelo rústico de protección agraria.

“Si bien hemos detectado que en el suelo urbano las infracciones son pocas y de escasa entidad, no ocurre lo mismo en el suelo rústico de protección agraria, donde se está produciendo un gran número de infracciones, algunas de extraordinaria gravedad”, asegura el concejal.
“Estas infracciones, en general, no tienen que ver con la actividad propia del suelo agrario ni están relacionadas con nuestro sector agropecuario, sino que se trata de actividades de edificación con fines residenciales como construcción de chalets, dotación de piscinas y de solárium, etc…, muchas de las cuales quedan impunes y acaban consolidándose en el territorio”, asegura Santiago Pérez, “debido a que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias tiene una dotación insuficiente de recursos humanos para afrontar su tarea en el conjunto del Archipiélago”.

Ante esta situación, el Gobierno municipal solicitará a la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio y Transición Ecológica, que delegue en el municipio de La Laguna el ejercicio de la potestad de incoación, instrucción y resolución de los procedimientos relacionados con las infracciones contra la ordenación urbanística y territorial en suelo rústico fuera de asentamiento, así como de restablecimiento de la legalidad urbanística.

“Es una señal de colaboración y apoyo al Gobierno de Canarias y una expresión de voluntad y compromiso del actual grupo de Gobierno municipal de La Laguna en defensa del suelo agrario”, sostiene el concejal de Ordenación del Territorio. “Somos el primer Ayuntamiento de Canarias en reclamar esta función, que es perfectamente delegable desde el punto de vista legal, porque la Gerencia de Urbanismo sí cuenta con una importante dotación de medios humanos y podemos asumir esta responsabilidad con eficacia”.

De este modo, continúa Santiago Pérez, “podemos orientar nuestra actividad en materia de disciplina urbanística, priorizando la actividad inspectora, y en su caso la actividad sancionatoria, a atajar las grandes infracciones urbanísticas en suelo rústico. Nos parece una iniciativa importante desde el punto de vista de nuestro compromiso y nuestras prioridades políticas”.

“Sabemos que proteger el suelo agrario no consiste solo en ordenarlo y vigilarlo; hay que ponerlo en producción y hacerlo rentable, y Gobierno de La Laguna va a dar el do de pecho al respecto; algo que se hace más evidente en las circunstancias actuales, donde será necesario mejorar el autoabastecimiento de nuestras islas y de nuestro municipio”, concluye el concejal.