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La Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado ha aprobado por unanimidad (salvo el voto en contra de VOX) una moción del PSOE Canarias para instar al Gobierno a que tome la iniciativa y haga efectiva la acogida de los menores inmigrantes no acompañados entre todas las Comunidades Autónomas, ya que sigue siendo asumida casi en exclusiva por Canarias por su condición de territorio de primera entrada para la migración a través de la ruta atlántica.

 

🙋‍♀️Santiago Pérez, sesión 06/10/21 Senado de España. Moción por erupción volcán La Palma.

🌋En la moción (PP) se instaba al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para paliar la catástrofe que se está produciendo en la isla de #LaPalma como consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

📢Escucha la intervención de Santiago Pérez García.

🏛Finalmente el grupo popular se avino a la enmienda del PSOE y se votó por unanimidad.

Se aprueba moción con soluciones legales de Santiago Pérez, para el restablecimiento del tráfico rodado en el tramo de la calle Herradores entre Avenida Trinidad y calle Barcelona.

Santiago Pérez, interviene en el pleno del 8 julio tras la renuncia de sus actas de los concejales de CC, Leopoldo Carlos Benjumea Gámez y José Alberto Díaz Domínguez (ex alcalde) actualmente el la oposición.

☝📃Repaso histórico de Santiago Pérez, al recordar cómo se gestó que la ciudad de San Cristóbal de La Laguna se incluyera en la Ley de Grandes Ciudades, otorgándole, entre otras posibilidades, la de disponer de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que tras aprobarse en 2007 es ahora cuando viene a redactarse y ponerse en marcha su reglamento.

 

🏗El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, señala que no se habían tomado las medidas previas adoptadas por la gerencia de urbanismo en el inmueble derrumbado ayer por un problema de titularidad. Pérez indica que el Ayuntamiento tiene interés en la adquisición de este inmueble para implantar un centro de mayores.

🏚Acordonada la calle de San Agustín de La Laguna tras el desprendimiento que se produjo ayer en el interior de un edificio. Desde Urbanismo se ha abierto un expediente de declaración de ruina y ha ordenado la adopción de medidas cautelares a los propietarios. Intervine el concejal del área, Santiago Pérez.🏚
Mira las declaraciones de Santiago Pérez García en las noticias de la RTVC 📺

En sus primeros años como estudiante de Derecho en la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez García hizo carrera en el movimiento antifranquista. Actualmente dobla la curva de la representación institucional. El deporte, la música, la política y la docencia le han dado vidilla.

-Después de tantos años en la actividad pública, ¿a qué se aspira en la vida?
“Desde el punto de vista institucional, a nada”.

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Intervención de Santiago Pérez, durante el pleno del 13 de mayo de 2021, en el que se debatió la moción para la inclusión de La Laguna en la
red de municipios por la acogida digna a refugiados.

 

Entrevista a Santiago Pérez. Canarias Radio (6 abril 2021)

Forma parte de una letanía interminable de los cargos públicos investigados por asuntos de corrupción la de referirse, como si de un mal se tratara, a la “judicialización” de la política y la de presentarse como víctimas de una persecución política.

El Estado de Derecho tiene como finalidad civilizatoria la de establecer límites al poder, obligándolo a amoldar su ejercicio, en la forma y en el fondo, a normas jurídicas. La democracia perfeccionó el Estado de Derecho exigiendo que tanto las leyes como quienes ejercen el poder  representen la voluntad popular, expresada libremente en las urnas.

La Constitución Española se inserta en la cultura y las tradiciones de la democracia pluralista. Porque, aunque muchos insignes gobernantes no se hayan dado cuenta, hay dos clases de tradiciones democráticas. La de matriz autoritaria, que es históricamente rastreable desde la antigüedad occidental, y la de matriz liberal: la democracia pluralista.

La diferencia es básicamente ésta: la primera, identifica democracia exclusivamente como gobierno de la mayoría; la segunda como gobierno de la mayoría, pero limitado por los derechos individuales y los de las minorías protegidos por la Constitución y las leyes.

La democracia pluralista pretende fundar una sociedad abierta, donde se respeten los derechos individuales y los de las minorías y donde la alternancia política pueda ser algo más que una ficción. Y donde el poder de las mayorías, que como todo poder siempre tiende a extralimitarse, no pueda convertirse en dictadura de la mayoría.

De ahí la importancia crucial de que las reglas de juego para el acceso al poder, para fijar los fines del Estado y sus límites estén definidos por una Norma Fundamental, aprobada por amplísima mayoría, de carácter rígido: es decir, que no pueda ser modificada por la mayoría parlamentaria de turno ni por la acción del poder legislativo ordinario.

En este tipo de democracia, cuyas líneas fundamentales fueron trazadas por la Constitución Norteamericana de 1781, aún vigente, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en sentencias trascendentales como la de los casos Madbury vs. Madison o Mc Culloch vs. Maryland, es la que inspira nuestra Constitución y las constituciones que más han influido en su redacción.

Quienes hemos acumulado largos años de experiencia en el ejercicio de cargos representativos, de ámbito estatal, autonómico, insular o municipal, y al mismo tiempo desempeñado labores docentes universitarias durante 30 cursos académicos, hemos tenido la oportunidad (y el deber) de reflexionar sobre estas cosas.

Decía García de Enterría -maestro de generaciones de juristas españoles entre los que me encuentro, como tuve un día la ocasión de decirle como portavoz socialista de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado-, citando a Marcel Gauchet, que en la democracia contemporánea el principio de la separación de poderes, trascendental como mecanismo jurídico-político de limitación del poder, ya no se articula como división entre el poder legislativo y el ejecutivo. La democracia de partidos ha transformado esa división, ya que la mayoría parlamentaria (de facto) es el reflejo del Ejecutivo y no al revés. Quienes ejercen el liderazgo de partidos muy estructurados (reforzados, además, en nuestro país por un sistema electoral de listas cerradas) están en el Gobierno y dirigen férreamente la mayoría parlamentaria que sustenta lo sustenta. Y así en todos los niveles de la organización territorial del poder, el Estado de las Autonomías, cuyas instituciones de ámbito inferior al del Estado están también inspiradas en el régimen parlamentario: una asamblea representativa, surgida de las urnas, elige, apoya y puede, en su caso, censurar al gobierno autonómico, insular o municipal.

Así las cosas, según los citados autores, la separación efectiva de poderes -y, por tanto, el contrapeso frente a ese bloque formado por el gobierno y la mayoría que lo “soporta”- la conforma un circuito integrado por la oposición, una opinión pública libremente formada y un poder judicial independiente.

Miremos simplemente a nuestro alrededor y a los ejemplos que nos vengan a la mente de inmediato. Y comprobaremos no sólo la certeza de este análisis, sino cómo todos los intentos del poder de desbordar sus límites constitucionales y legales acaban desembocando en maniobras para limitar el pluralismo informativo y para mermar la independencia de los tribunales. Ejemplos de libro podemos entresacarlos de experiencias como la del veto del PP a un magistrado, de brillante trayectoria y solvencia reconocida, porque formó parte del tribunal que juzgó el caso Gürtel; o, más acá, cómo pudo haber llegado a desempeñar las más altas responsabilidades judiciales algún personaje sin más cartas de presentación que una trayectoria en cargos institucionales no judiciales bajo el manto del poder establecido.

Es en un poder judicial independiente, plenamente sometido a la Constitución y al Derecho, donde reside la garantía última de los derechos individuales, el ejercicio del poder de conformidad a los fines que lo justifican y a los límites preestablecidos por las leyes. Y, por lo tanto, la garantía de que una democracia pluralista no degenere en un sistema cerrado por la mayoría, y por de los intereses que esa mayoría pueda representar, para perpetuarse indefinidamente en el poder.

Por eso, quienes ejercemos un cargo representativo tenemos la obligación -establecida dentro de nuestro estatuto jurídico, compuesto por los derechos y deberes propios del cargo- de poner en conocimiento de los tribunales o de la fiscalía aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito de los que hayamos tenido conocimiento por razón de nuestro cargo. Es decir, que en los casos de ilegalidades más graves (las que están, por esa misma gravedad, tipificadas como delitos) el control del poder que estamos obligados a ejercer no es sólo político, sino que debemos promover el control judicial de determinados actos de alcance delictivo.

Así lo establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mandato que no reproduce la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En resumen: los cargos públicos representativos tenemos el deber de controlar no sólo políticamente al gobierno, sino también poner en marcha su control jurídico penal. No tienen los concejales, por ejemplo, el deber de impugnar los actos contrarios al Derecho Administrativo, sino la facultad de hacerlo, por graves que sean las ilegalidades cometidas; menos en el caso de que sean también constitutivas de delito.

No todos los concejales, ni los grupos de oposición, están integrados por personas con conocimientos jurídicos. Ni disponen de medios de asesoramiento. Por eso el deber denunciar los excesos delictivos del poder es, prácticamente, imposible de cumplir en la mayoría de las entidades locales. La impunidad es, por tanto, un hecho: la patente de corso que reclaman los detractores de la “judicialización” de la política.

Sin embargo, los cargos representativos que tenemos algunos conocimientos jurídicos no tenemos ninguna excusa para no cumplir ese deber. Si no lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades nos convertimos en cómplices jurídica, política y moralmente de las mayores desviaciones de poder. Y de todas las pésimas consecuencias que suelen conllevar para la buena gestión de los recursos públicos y para la limpieza del juego democrático.

Al cumplir ese deber debemos dar por sabidas de antemano las represalias. Así ha sido siempre y así continuará siendo.

Esas represalias no tienen solo como objetivo amedrentar al denunciante, no. Es mucho más grave, como lo ha sido el veto del PP al magistrado José Ricardo de Prada: se trata de desmoralizar y disuadir a quienes se sientan comprometidos con la defensa de la legalidad democrática, el interés público y los derechos de ciudadanía frente a los atropellos del poder: ¡ni se atrevan!, porque les espera lo mismo que a este.

🔴¡UN POCO DE ATENCIÓN, POR FAVOR! Que vamos a decir algo (MUY) importante.👇
✍El Grupo Prensa Ibérica, con sus dos cabeceras de El Día y La Provincia, junto a su socio necesario, Cadena Ser Canarias (Radio Club y Ser Las Palmas) ha construido un relato bastante sospechoso sobre la intención que guarda Santiago Pérez para ocupar el puesto de Senador por la Comunidad Autónoma de Canarias (que pertenece al PSOE).
📞Todo es tan chiripitifláutico que no se han molestado siquiera en descolgar el teléfono y dar la oportunidad a Pérez para que dé su versión. Nada, pero nada de nada. Ellos lo llaman periodismo. El lector que lo califique como mejor le parezca.
⁉¿Por qué les interesa construir ese relato? ¿A quién beneficia que Santiago no esté en el Senado, en caso de que el PSOE canario así lo decida? ¿A qué intereses responden esos dos satélites de los grupos de comunicación mentados? ¿Hay deudas políticas y gestiones anteriores que ahora tienen que pagar? ¿De quién es la mano qué mece la cuna?

Citados en este post:

Santiago Pérez García
PSOELaLaguna
PSOE Canarias
CADENA SER Las Palmas
Radio Club Tenerife – Cadena SER
La Provincia
El Día