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Entrevista a Santiago Pérez. Canarias Radio (6 abril 2021)

Forma parte de una letanía interminable de los cargos públicos investigados por asuntos de corrupción la de referirse, como si de un mal se tratara, a la “judicialización” de la política y la de presentarse como víctimas de una persecución política.

El Estado de Derecho tiene como finalidad civilizatoria la de establecer límites al poder, obligándolo a amoldar su ejercicio, en la forma y en el fondo, a normas jurídicas. La democracia perfeccionó el Estado de Derecho exigiendo que tanto las leyes como quienes ejercen el poder  representen la voluntad popular, expresada libremente en las urnas.

La Constitución Española se inserta en la cultura y las tradiciones de la democracia pluralista. Porque, aunque muchos insignes gobernantes no se hayan dado cuenta, hay dos clases de tradiciones democráticas. La de matriz autoritaria, que es históricamente rastreable desde la antigüedad occidental, y la de matriz liberal: la democracia pluralista.

La diferencia es básicamente ésta: la primera, identifica democracia exclusivamente como gobierno de la mayoría; la segunda como gobierno de la mayoría, pero limitado por los derechos individuales y los de las minorías protegidos por la Constitución y las leyes.

La democracia pluralista pretende fundar una sociedad abierta, donde se respeten los derechos individuales y los de las minorías y donde la alternancia política pueda ser algo más que una ficción. Y donde el poder de las mayorías, que como todo poder siempre tiende a extralimitarse, no pueda convertirse en dictadura de la mayoría.

De ahí la importancia crucial de que las reglas de juego para el acceso al poder, para fijar los fines del Estado y sus límites estén definidos por una Norma Fundamental, aprobada por amplísima mayoría, de carácter rígido: es decir, que no pueda ser modificada por la mayoría parlamentaria de turno ni por la acción del poder legislativo ordinario.

En este tipo de democracia, cuyas líneas fundamentales fueron trazadas por la Constitución Norteamericana de 1781, aún vigente, y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en sentencias trascendentales como la de los casos Madbury vs. Madison o Mc Culloch vs. Maryland, es la que inspira nuestra Constitución y las constituciones que más han influido en su redacción.

Quienes hemos acumulado largos años de experiencia en el ejercicio de cargos representativos, de ámbito estatal, autonómico, insular o municipal, y al mismo tiempo desempeñado labores docentes universitarias durante 30 cursos académicos, hemos tenido la oportunidad (y el deber) de reflexionar sobre estas cosas.

Decía García de Enterría -maestro de generaciones de juristas españoles entre los que me encuentro, como tuve un día la ocasión de decirle como portavoz socialista de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional del Senado-, citando a Marcel Gauchet, que en la democracia contemporánea el principio de la separación de poderes, trascendental como mecanismo jurídico-político de limitación del poder, ya no se articula como división entre el poder legislativo y el ejecutivo. La democracia de partidos ha transformado esa división, ya que la mayoría parlamentaria (de facto) es el reflejo del Ejecutivo y no al revés. Quienes ejercen el liderazgo de partidos muy estructurados (reforzados, además, en nuestro país por un sistema electoral de listas cerradas) están en el Gobierno y dirigen férreamente la mayoría parlamentaria que sustenta lo sustenta. Y así en todos los niveles de la organización territorial del poder, el Estado de las Autonomías, cuyas instituciones de ámbito inferior al del Estado están también inspiradas en el régimen parlamentario: una asamblea representativa, surgida de las urnas, elige, apoya y puede, en su caso, censurar al gobierno autonómico, insular o municipal.

Así las cosas, según los citados autores, la separación efectiva de poderes -y, por tanto, el contrapeso frente a ese bloque formado por el gobierno y la mayoría que lo “soporta”- la conforma un circuito integrado por la oposición, una opinión pública libremente formada y un poder judicial independiente.

Miremos simplemente a nuestro alrededor y a los ejemplos que nos vengan a la mente de inmediato. Y comprobaremos no sólo la certeza de este análisis, sino cómo todos los intentos del poder de desbordar sus límites constitucionales y legales acaban desembocando en maniobras para limitar el pluralismo informativo y para mermar la independencia de los tribunales. Ejemplos de libro podemos entresacarlos de experiencias como la del veto del PP a un magistrado, de brillante trayectoria y solvencia reconocida, porque formó parte del tribunal que juzgó el caso Gürtel; o, más acá, cómo pudo haber llegado a desempeñar las más altas responsabilidades judiciales algún personaje sin más cartas de presentación que una trayectoria en cargos institucionales no judiciales bajo el manto del poder establecido.

Es en un poder judicial independiente, plenamente sometido a la Constitución y al Derecho, donde reside la garantía última de los derechos individuales, el ejercicio del poder de conformidad a los fines que lo justifican y a los límites preestablecidos por las leyes. Y, por lo tanto, la garantía de que una democracia pluralista no degenere en un sistema cerrado por la mayoría, y por de los intereses que esa mayoría pueda representar, para perpetuarse indefinidamente en el poder.

Por eso, quienes ejercemos un cargo representativo tenemos la obligación -establecida dentro de nuestro estatuto jurídico, compuesto por los derechos y deberes propios del cargo- de poner en conocimiento de los tribunales o de la fiscalía aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito de los que hayamos tenido conocimiento por razón de nuestro cargo. Es decir, que en los casos de ilegalidades más graves (las que están, por esa misma gravedad, tipificadas como delitos) el control del poder que estamos obligados a ejercer no es sólo político, sino que debemos promover el control judicial de determinados actos de alcance delictivo.

Así lo establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mandato que no reproduce la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En resumen: los cargos públicos representativos tenemos el deber de controlar no sólo políticamente al gobierno, sino también poner en marcha su control jurídico penal. No tienen los concejales, por ejemplo, el deber de impugnar los actos contrarios al Derecho Administrativo, sino la facultad de hacerlo, por graves que sean las ilegalidades cometidas; menos en el caso de que sean también constitutivas de delito.

No todos los concejales, ni los grupos de oposición, están integrados por personas con conocimientos jurídicos. Ni disponen de medios de asesoramiento. Por eso el deber denunciar los excesos delictivos del poder es, prácticamente, imposible de cumplir en la mayoría de las entidades locales. La impunidad es, por tanto, un hecho: la patente de corso que reclaman los detractores de la “judicialización” de la política.

Sin embargo, los cargos representativos que tenemos algunos conocimientos jurídicos no tenemos ninguna excusa para no cumplir ese deber. Si no lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades nos convertimos en cómplices jurídica, política y moralmente de las mayores desviaciones de poder. Y de todas las pésimas consecuencias que suelen conllevar para la buena gestión de los recursos públicos y para la limpieza del juego democrático.

Al cumplir ese deber debemos dar por sabidas de antemano las represalias. Así ha sido siempre y así continuará siendo.

Esas represalias no tienen solo como objetivo amedrentar al denunciante, no. Es mucho más grave, como lo ha sido el veto del PP al magistrado José Ricardo de Prada: se trata de desmoralizar y disuadir a quienes se sientan comprometidos con la defensa de la legalidad democrática, el interés público y los derechos de ciudadanía frente a los atropellos del poder: ¡ni se atrevan!, porque les espera lo mismo que a este.

🔴¡UN POCO DE ATENCIÓN, POR FAVOR! Que vamos a decir algo (MUY) importante.👇
✍El Grupo Prensa Ibérica, con sus dos cabeceras de El Día y La Provincia, junto a su socio necesario, Cadena Ser Canarias (Radio Club y Ser Las Palmas) ha construido un relato bastante sospechoso sobre la intención que guarda Santiago Pérez para ocupar el puesto de Senador por la Comunidad Autónoma de Canarias (que pertenece al PSOE).
📞Todo es tan chiripitifláutico que no se han molestado siquiera en descolgar el teléfono y dar la oportunidad a Pérez para que dé su versión. Nada, pero nada de nada. Ellos lo llaman periodismo. El lector que lo califique como mejor le parezca.
⁉¿Por qué les interesa construir ese relato? ¿A quién beneficia que Santiago no esté en el Senado, en caso de que el PSOE canario así lo decida? ¿A qué intereses responden esos dos satélites de los grupos de comunicación mentados? ¿Hay deudas políticas y gestiones anteriores que ahora tienen que pagar? ¿De quién es la mano qué mece la cuna?

Citados en este post:

Santiago Pérez García
PSOELaLaguna
PSOE Canarias
CADENA SER Las Palmas
Radio Club Tenerife – Cadena SER
La Provincia
El Día

Pide que se incluya el objeto, la autoridad contratante, la cuantía de la contratación efectuada, los pagos realizados, así como a la identidad de los adjudicatarios

El concejal lagunero Santiago Pérez ha solicitado por escrito a la Secretaría del Ayuntamiento una relación detallada de los contratos, encomiendas o encargos efectuados para la prestación de servicios de asesoramiento jurídico desde el 22 de noviembre del año 2008 hasta la actualidad.

Asimismo, ha solicitado las encomiendas o encargos para la representación y defensa en juicio ante todas las jurisdicciones, o ante los órganos de otras entidades o Administraciones Públicas o dependientes de ellas, del Ayuntamiento y  sus organismos autónomos y de la sociedad MUVISA para ese mismo período.

La solicitud de Santiago Pérez especifica que se incluya en la misma el objeto, la autoridad contratante, la cuantía de la encomienda o contratación efectuada, los pagos realizados, así como a la identidad de los adjudicatarios, sean personas físicas o jurídicas.

Igualmente, deberán especificarse detalladamente aquellos supuestos en los que se haya producido un encargo, contratación o encomienda por un órgano manifiestamente incompetente o prescindiendo total y absolutamente del correspondiente expediente administrativo.

También sin la adecuada y suficiente consignación de crédito presupuestario, o en cualesquiera circunstancias desencadenantes de la nulidad de pleno derecho, según la legislación vigente; o recurriendo para el reconocimiento y el pago de la obligación al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, mediante la invocación la doctrina jurisprudencial del enriquecimiento injusto.

Santiago Pérez concluye señalando que “dadas la importancia y entidad de la información solicitada, y con el objeto de no agravar la carga de trabajo de los servicios de esta Administración, renuncio expresamente al plazo de 5 días naturales que me reconoce la legislación vigente, de forma que podrá facilitárseme la información solicitada en un plazo que resulte razonable”.

 

👍Ya comenzó el derribo de la primera fase de las viviendas de Las Chumberas. Se trata de 10 bloques de 5 plantas cada uno, que hacen un total de 160 viviendas.

Santiago Pérez, participa en el programa Buenas Tardes Canarias, de la Radio Televisión Canaria, para hablar de su nueva afiliación al PSOE

“Más allá de que la teoría de la conspiración alentada por Abreu y sostenida por los medios afines se cae por su propio peso, Santiago nunca se atrincheraría detrás de un privilegio contra el que viene años combatiendo”

Avante La Laguna, un colectivo humano heterogéneo que nació con el objetivo de contribuir al cambio para instaurar un Gobierno progresista en el municipio tras casi 30 años de gobiernos populistas, conservadores, demagógicos y sobre todo ineficaces; celebra que el PSOE haya retornado a sus orígenes y ello permita la reincorporación de Santiago Pérez, que nunca ha dejado de ser socialista y del PSOE.

Avante no es un partido político al modo tradicional, “somos un grupo de gente de muy diversa procedencia que encarna múltiples sensibilidades dentro del espectro progresista, pero que comparte compromiso político alrededor de un programa profundamente democrático, muy celoso de la autonomía del municipio y de una marcada dimensión social”, señala Nacho Viciana.

Añade que “no solo Santiago Pérez va a seguir formando parte de este colectivo humano y representándolo en el día a día en el Gobierno municipal, sino que vamos a cumplir a cabalidad el compromiso que adquirimos con las miles de personas que nos votaron para hacer posible un cambio en La Laguna”.

“Hemos suscrito un programa de Gobierno progresista, hemos contribuido a poner fin a tres décadas de gobiernos que se perpetuaban ganaran o perdieran elecciones, y estamos ayudando a sustentar la acción de este Gobierno y a su estabilidad”, apunta.

Nacho Viciana deja claro de que van a “seguir participando y sosteniendo a un Gobierno progresista cada vez más cohesionado, que está marcando un antes y un después en la historia del municipalismo lagunero, algo que era posible ya en el año 2015 pero si no salió adelante fue porque el PSOE prefirió arrojarse a los brazos de Coalición Canaria (CC)”.

En este sentido celebra que los socialistas laguneros hayan vuelto a sus orígenes y ello permita el retorno de Santiago después de un largo período de 10 años en el que no solo él sino mucha gente que se fue del PSOE se ha mantenido firme en la defensa de unos valores y en el combate a la corrupción política: “En puridad, no es que Santiago haya vuelto al PSOE, es que el PSOE ha retornado a sus posicionamientos de origen que nunca debió abandonar”.

Insiste en que van “a contribuir con los gobiernos y las políticas progresistas en el futuro, en los términos en los que la propia ciudadanía nos indique, consolidando un grupo humano que no obedece ni en su estructura, ni en su funcionamiento, ni en su forma de actuar en las relaciones políticas y sociales al esquema característico de los partidos políticos”.

Y termina destacando que “la mente calenturienta que se esconde detrás del pseudónimo E.D. en el periódico El Día no hace otra cosa que traicionar al subconsciente de Fernando Clavijo cuando dice que Santiago Pérez quiere refugiarse en el Senado para ser aforado. Más allá de que acabe siendo senador o no, y más allá de que la teoría de la conspiración alentada por Javier Abreu y sostenida por los medios afines se cae por su propio peso, Santiago nunca se atrincheraría detrás de un privilegio contra el que viene años combatiendo. Lo garantiza su honestidad y su trayectoria. Algo que otros no tienen”.

Declaraciones de Santiago Pérez sobre el Caso Reparos (07/11020)

El concejal lagunero Santiago Pérez, tras la declaración del ex concejal Javier Abreu en el marco del caso Reparos, señala que “las cosas que tenga que decir sobre las manifestaciones de Abreu, tan escandalosas como infundadas, además a preguntas de Víctor Díaz, el abogado del ex alcalde José Alberto Díaz, las responderé, como es mi obligación, si soy citado por la Fiscalía o por los jueces”.

Será en ese momento –añade– “cuando explique lo que tenga que explicar sobre unas declaraciones vertidas en un juicio, en un acto procesal, en el que la Fiscalía estaba presente y por tanto tenía la obligación de hacer lo que hizo. Este es un Estado de Derecho y en consecuencia nada que objetar al criterio de la Fiscalía”.

Santiago Pérez reitera que “lo que deba explicar lo haré en sede judicial, si soy citado al efecto”; pero advierte que “las afirmaciones vertidas en juicio sobre hechos inciertos, atribuyéndome hechos que pudieran ser delictivos, me obligarán a proceder a la defensa de mi honor”.

“Es un ataque contra mí –añade–, pero también destinado a minar la credibilidad del interventor, y eso es grave. Además, no es él el único que advierte con reparos de ilegalidad en estos expedientes, también lo hacen muchos otros funcionarios adscritos a la Secretaría General del Ayuntamiento, de los Organismos Autónomos o del Servicio de fiscalización y control todos ellos en desempeño de sus funciones de asesoramiento y control de legalidad”.

ES EL PRECIO QUE TIENE QUE PAGAR EL QUE ASUME EL COMPROMISO DE DEFENDER LA LEGALIDAD Y LOS INTERESES PÚBLICOS, FRENTE A TODA ESTA MARAÑA.

“Así que no es la primera vez –siguió– que tengo que afrontar una reacción y unos ataques de esta naturaleza como los que se prodigan hoy en algunos medios de comunicación, los rescoldos de lo que ha sido durante demasiado tiempo un Régimen muy degradado, instalado en las principales instituciones del Archipiélago”.

Medios de comunicación (Cadena SER, El Día y La Provincia) que por cierto “no han considerado noticiable la reapertura del caso Grúas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz, notificada ayer mismo a las partes, que le aplica un nuevo correctivo a la jueza que decidió archivarlo –a imitación del Juez Marchena, del Tribunal Supremo– sin explicar los fundamentos jurídicos de esa decisión. Por eso recurrimos el archivo del Caso Grúas “de aquí” ante la Audiencia Provincial, que nos acaba de dar la razón. Y ante el Tribunal Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo, el archivo “de allá”.

Santiago Pérez recuerda que “lo mismo ocurrió con el caso de Las Teresitas y todo el mundo sabe cómo terminó, y sobre todo con la recuperación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de 100 millones de euros, que es la suma que se le había defraudado a los contribuyentes santacruceros”.

EL CASO REPAROS ES TAN GRAVE DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y ECONÓMICO COMO SENCILLO JURIDICAMENTE.

Este caso, que tiene protagonistas principales y actores secundarios, no se sustenta en dimes y diretes, ni en declaraciones testificales o en intervenciones telefónicas ni en nada por el estilo.

Es un caso que se sustenta exclusivamente en documentación oficial, que consiste en una larga ristra de decretos, más de 140, dictados contra las advertencias de ilegalidad que constantemente formuló la Intervención General del Ayuntamiento (cuya función es controlar previamente la legalidad de cualquier acto o resolución que conlleve obligaciones económicas para la Hacienda del Ayuntamiento y por lo tanto para los intereses de los contribuyentes laguneros).

Las cuatro denuncias que “formulamos sucesivamente contra esta práctica ilegal y en mi opinión delictiva fueron realizadas en cumplimiento de un deber legal que nos impone a los funcionarios y cargos públicos el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos obliga a dar traslado a la fiscalía o los tribunales de aquellos actos o hechos que conozcamos en el ejercicio de nuestros cargos y puedan ser constitutivos de delito”.

El caso Reparos “fue denunciado al Juzgado por mí en enero de 2018 después de llevar advirtiendo al Gobierno municipal de entonces desde principios de 2016, advertencias que reiteré en 2017, que había que cortar radicalmente con aquella práctica ilegal. Así consta literalmente en las actas del Pleno. Pero no hacían el menor caso, en una especie de burla a la función de control que desde el punto de vista legal ejercen el Interventor y los funcionarios públicos y, desde el punto de vista político, la oposición. Una burla que se prolongó a lo largo de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, es decir hasta que cayó el Gobierno de CC tras las últimas elecciones”, añade Pérez.

Y deja claro que “desde entonces no se ha producido ninguna resolución del nuevo Gobierno en contra de las advertencias de ilegalidad de la Intervención. Y esto lo ha recogido un Informe de Intervención General remitido al Pleno recientemente”.

Tras un largo período de pasividad por parte del Juzgado y de la Fiscalía, a mediados de 2019, y después de solicitar insistentemente al Juzgado que diera impulso a la investigación, “presentamos un escrito en la Fiscalía Anticorrupción relatando en qué consistía el caso Reparos, fundamentando que estaba dentro de sus competencias, invocando el Estatuto de esa Fiscalía Especial y solicitando que ejerciera sus atribuciones”.

La Fiscalía Anticorrupción examinó el asunto y pasó a impulsar la acusación pública mediante un informe muy argumentado, de 156 folios, que se conoció hace algunos meses. “Esta es la realidad de lo que ha ocurrido”, concluye diciendo.

San Cristóbal de La Laguna

06/11/2020

 

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, asegura que “no tengo criterio para conocer si el acuartelamiento de Las Canteras es apto para acoger migrantes”. Añade que desde el Ayuntamiento se han ofrecido otros espacios como alternativa. Por otro lado, el concejal no ve viable hacer una vía de circunvalación en La Laguna.